Lo que comenzó como un proyecto comunitario para beneficiar a los habitantes de Tepetomatitlán y San Esteban Tizatlán se ha convertido en un enfrentamiento que pone en duda la imparcialidad de las autoridades locales.

El proyecto, respaldado por documentos oficiales, buscaba habilitar una salida de 297 metros de largo y 7 metros de ancho en la carretera federal San Martín Texmelucan–Apizaco, con un carril de desaceleración.

La solicitud, firmada por Matías Tizapantzi Lezama, presidente de la comunidad, fue enviada al director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Carlos Luis Ramírez García, en diciembre de 2023 y marzo de 2024.

Los vecinos, comprometidos con la obra, limpiaban el terreno cuando, de forma inesperada, apareció un presunto dueño: Eloy Reyes Juárez, ex presidente municipal de Apetatitlán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Reyes Juárez irrumpió en el lugar acompañado de policías municipales y estatales, así como de una femina que, con gritos y amenazas, exigió detener los trabajos. Alegaron ser propietarios del terreno, aunque no presentaron documentos que lo acreditaran.

La tensión escaló hasta que un representante de la Secretaría de Infraestructura estatal intervino, evitando la detención de la maquinaria y su operador. La actitud agresiva de la abogada, quien incluso confrontó a mujeres y adultos mayores, indignó a los vecinos, quienes prometieron no tolerar más intimidaciones.

El incidente ha levantado sospechas de colusión entre las autoridades municipales, encabezadas por el actual presidente Azain Ávalos Marban, del Partido Alianza Ciudadana (PAC), y Reyes Juárez, su antiguo jefe cuando Ávalos fungía como secretario del ayuntamiento.

Testigos reportan que la juez municipal y los policías presentes parecían alineados con los intereses del ex alcalde, ignorando la neutralidad que sus cargos exigen. Este episodio ha generado una percepción de conflicto de interés que socava la confianza en la administración de Ávalos, quien hasta ahora ha evadido pronunciarse claramente sobre el asunto.

Un terreno en zona federal y riesgos ignorados

La controversia se agrava por la ubicación del terreno, delimitado por durmientes de cemento que marcan el espacio de la autoridad federal. En esta área se han instalado espectaculares cuya legalidad es cuestionable. Estas estructuras, visiblemente reforzadas para evitar desprendimientos, representan un peligro latente.

Un fuerte viento podría desplazar láminas o lonas hacia la autopista, o la zona habitada en la parte baja, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes y residentes.

Los habitantes no ceden

Pese a las intimidaciones, los habitantes de Tepetomatitlán mantienen su exigencia a la SICT para que el proyecto continúe en beneficio de ambas comunidades. Han advertido que, de ser necesario, convocarán una asamblea para defender sus derechos. Mientras tanto, el silencio oficial y las sospechas de favoritismo ensombrecen la gestión de Ávalos.

En Tepetomatitlán, la lucha por un terreno es también una lucha por la transparencia y la justicia. La comunidad espera respuestas claras y acciones concretas que prioricen el bienestar colectivo sobre los intereses de unos pocos; sin embargo han puesto sobre la mesa que, de comprobarse que el terreno corresponde a quienes afirman tener la documentación respectiva, no intervendrán y apoyarán para adecuar el espacio de la manera en la que se encontraba.

@martin_rodriguez.com

En SanMatíasTepetomatitlán, una comunidad del municipio de Apetatitlán, un #terreno ha desatado una #controversia que expone posibles #nexos entre el poder municipal de #AzaínAvalosMarban y antiguos intereses políticos pues los #policiasmunicipales y otros #funcionarios intentaron #detener a una #persona y a la #maquinaria que operaba sin mediación alguna, aun cuando los #vecinos tienen #documentosoficiales que explicaban la obra. Los espectaculares se ubican en barrancas, considerada zona federal.

♬ sonido original – Martín Rodríguez

El cargo Disputa por Terreno exhibe conflicto de interés y omisiones en Apetatitlán apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo que pretende ser un proyecto comunitario para beneficiar a los habitantes de Tepetomatitlán y San Esteban Tizatlán se ha convertido en un enfrentamiento que destapa posibles nexos entre el pasado y el presente de la política local. Cuando los policías y la juez municipal se ponen de un bando es normal asumir eso.

El proyecto, respaldado por documentos oficiales, buscaba retirar una defensa metálica en la carretera federal San Martín Texmelucan–Apizaco para habilitar una salida de 297 metros de longitud y 7 metros de ancho, con un carril de desaceleración. Así aparecen los datos en los oficios que este reportero tiene en su poder y que han sido enviados desde la presidencia de comunidad, a la autoridad federal.

La solicitud, firmada por Matías Tizapantzi Lezama, presidente de la comunidad, y dirigida a Carlos Luis Ramírez García, director de la SICT, fue recibida en diciembre de 2023 y nuevamente retomada en marzo de 2024. 

Los vecinos, comprometidos con la obra, limpiaban el terreno cuando, -¡sorpresa!- apareció un dueño: Eloy Reyes Juárez, ex presidente municipal de Apetatitlán, personaje al que -hay que decirlo- pocos señalan de gandalla o abusivo, sin embargo una de sus acompañantes no llegó con la intención de explicar o interactuar, y eso empeoró la situación.

La dama en cuestión irrumpió en el lugar acompañada de policías municipales y estatales, así como de otros trabajadores del municipio a los que, entre gritos y amenazas, exigió detener los trabajos. Otra exigencia era detener y poner a disposición a los presuntos infractores: el operador de la maquinaria pretendía ser su víctima.

Alegaron ser propietarios del terreno, aunque no mostraron documentos que lo probaran. La tensión escaló hasta que un representante de la Secretaría de Infraestructura estatal intervino, evitando que la maquinaria y su operador fueran detenidos. Los rescato de la autoridad municipal que llevaba una consigna, obedecer a un sólo bando.

La actitud prepotente de la presunta abogada o familiar, quien encaró incluso a adultos mayores y mujeres con niños, indignó a los vecinos, que prometieron no tolerar más agresiones. “A la próxima tocaremos las campanas para llamar al pueblo”, me dijo una de las personas que me narró este episodio.

Lo que más preocupa a la comunidad es la aparente colusión entre las autoridades actuales, encabezadas por Azain Ávalos Marban (del PAC), y Reyes Juárez, su antiguo jefe cuando Ávalos fue secretario del ayuntamiento.  Sin embargo el dialogo no está roto, o eso es lo que sostienen los oriundos de esta comunidad conocida por su tranquilidad.

La cereza del pastel, dicen los vecinos de este territorio, es que la juez municipal y los policías parecían alineados con los intereses del ex alcalde, ignorando la neutralidad que sus cargos exigen. 

Este episodio ha dejado en los habitantes de Tepetomatitlán la percepción de un conflicto de intereses que traicionan la confianza depositada en Ávalos, quien hasta ahora ha evadido pronunciarse con claridad.

Lo mismo ha pasado en Belén donde algunos, afirman, fueron favorecidos con la feria de la Orquídea en una zona vip, mientras otros fueron ubicados en la calle, como ocurre siempre. El pueblo lo comentó de manera abierta desde sus redes sociales.

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Pese a eso la comunidad no se rinde. Sigue exigiendo a la SICT que el proyecto continúe para beneficiar a ambas comunidades y ha advertido que, de ser necesario, convocará una asamblea para defender sus derechos. 

Mientras, el silencio oficial y las sospechas de favoritismo ensombrecen la gestión de Ávalos. En Tepetomatitlán, la lucha por un terreno es también una lucha por la transparencia y la justicia. Los vecinos más añejos insisten en decir que por más de 60 años nadie reclamó ese terreno, por lo que les parece sospechoso que después de su periodo en el municipio una autoridad haya resultado como beneficiario.

Una agravante más, el terreno en disputa está ubicado en una zona delimitada por durmientes de cemento, los mismos que son colocados por la autoridad federal para marcar su espacio. En esa zona hasta el día viernes se encontraban un par de herreros intentando reparar un espectacular que había sido derribado por el aire; los vecinos sostienen que no es la primera vez que estas estructuras se ven afectadas, sin que alguien responda por ellas.

Esto no ha impedido que en esa área hayan vuelto a ser colocados otros espectaculares que nadie sabe si cumplen o no con la norma, pero que a simple vista son reforzados en su estructura para evitar que se sigan desarmando.

¿Y si un viento lleva una lámina, o una lona a la autopista, o peor aún a la zona baja a donde hay gente habitando?. Nadie quiere una desgracia pero, si continuamos siendo negligentes lo más seguro es que pronto lamentemos las omisiones que hemos normalizado o simplemente acordado. ¿Qué costo tiene este espectacular, qué criterio se establece para saber si es o no viable su colocación, es facultad de la autoridad municipal?

Personalmente confío en que Eloy Reyes aclare este mal entendido y que de no existir ningún conflicto pueda enviar a sus abogados con la documentación necesaria para deslindar responsabilidades. Nadie quiere ver a gente despojando a nadie de su tierra, pero tampoco se puede normalizar que una autoridad privilegie a una ex autoridad por el simple hecho de haber comido en el mismo plato. Nadie por encima de la ley.

El cargo Apetatitlán: un terreno, 65 años después y dos autoridades apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La síndico del municipio de Apetatitlán, María Gloria Ramírez Ramos, se encuentra en el ojo público luego de que un grupo de inconformes hiciera pública la información que exhibe el gasto desproporcionado de la funcionaria municipal, por concepto de su traslado personal, que contrasta con los nulos resultados en su gestión.

De acuerdo con el grupo de padres de familia que pidió el anonimato por temor a represalias, la representante legal de Apetatitlán se ha negado a apoyarlos en diversas gestiones argumentando la falta de presupuesto, sin embargo no escatima en el dinero cuando éste es para su beneficio personal, sostuvieron.

”Esa señora es así, y lo peor es que lo quiere seguir haciendo, por eso ya está buscando mantenerse con Iván que les lleva mucha ventaja a todos y hasta con el Azain (sic), porque ya no quiere vivir fuera de la nómina”, afirmó uno de  los involucrados.

¿Pero ella es de este grupo del PAN, o no?,- se le preguntó-

“Ella no ve partido, ve cheques y por eso ya entregó su causa al candidato perdedor del PAC, al Azaín Ávalos que ni su familia quiere… ahí están las publicaciones en el Facebook porque el Azaín robó y ni así ayudó a su familia cuando estaba amolada de la salud”, respondió en tono burlón, otro de ellos.

Con documento en mano, uno más de los quejosos acusó a la síndico de incumplir sus funciones pues, sostuvo “es la única integrante del cabildo que se ha dado el lujo de exigir el pago de todos sus gustos y beneficios personales, aquí en la presidencia todos lo saben pero el presi (sic) se la perdona y la tiene consentida”, comentó.

De acuerdo con los documentos cotejados por quien esto redacta, existen montos extraordinarios erogados para tareas inexplicables, como un viaje a las paradisiacas playas de Puerto Vallarta, Jalisco.

En las imágenes aparecen los montos y conceptos por los que la sindicó obligó al ayuntamiento a cubrir, no solo el vuelo de avión y el exclusivo hotel, sino incluso el taxi que la trasladó en viaje redondo, desde Belén Atzizimititlán al aeropuerto de la Ciudad de México. Este mismo traslado en vehículo particular no superaría los 1,500 pesos.

De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, la síndico dispuso para ese viaje de placer a Puerto Vallarta de 18 mil 88 pesos, solo por tres días, de los cuales no existe manera de acreditar el beneficio para la demarcación que dice representar la servidora pública, según lo dicho por los propios integrantes del Cabildo a quienes se contactó para conocer su postura.

Al menos dos integrantes de este cuerpo colegiado del ayuntamiento sostuvieron que los habitantes de Apetatitlán tuvieron que pagar más de 5 mil pesos, a la empresa Transportes Unidos Xaltipan, Santa Cruz Guadalupe, Tlaxcala, por concepto de “viaje de la localidad de Belén Atzizimititlán-Tlaxcala, al aeropuerto de la Ciudad de México, ida y vuelta”, cuando un viaje así, en vehículo particular rondaría los 1600 pesos. La factura así lo confirma.

“A mi ni me importa con quién vaya a trabajar en las campañas, pero que apoye al pueblo porque ahorita la buscamos y no nos recibe, pero bien que se gasta nuestro dinero; ahora si entendemos su desesperación para buscar a todos, hasta al Azain (sic) porque quiere seguir en la chichi del gobierno”

Azain Ávalos Marbán es actualmente el Abanderado del Partido Alianza Ciudadana (PAC) y en su periodo como Secretario del Ayuntamiento dé Apetatitlán fue señalado por la construcción de departamentos en San Matías Tepetomatitlán, con dinero público.

Durante su paso por la administración municipal mantuvo una confrontación con diversos funcionarios que le señalaban de abuso en sus atribuciones, incluidos algunos de sus familiares a quienes acabó por separar del cargo, así como la presunta venta de plazas y otras anomalías.

El cargo Gastó síndico de Apetatitlán 5 mil pesos ¡en Taxi! apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Y no me refiero únicamente al desvío de recursos -humanos y económicos- que el panismo local realizó para que Creel se sintiera arropado por una “nutrida” militancia, sino porque los trabajadores -sindicalizados y de confianza- patrocinaron “de corazón” la paella que el panista disfrutó en el recinto ferial de Apetatitlán.

Todos en la entidad sabemos que los recursos del PAN local y del municipio de Apetatitlán están siendo canalizados para fortalecer las intenciones de llegar a la legislatura local y federal de Miriam Martínez y Ángelo Gutiérrez, respectivamente.

Imagino que los trabajadores que aportaron esos 7 mil pesos, por persona, disfrutaron al descubrir que sus aportaciones “voluntarias” sirvieron para tener en una misma mesa a Santiago Creel Miranda, Ángelo y Valentín Gutiérrez Hernández, Iván Teomitzi, Miriam Martínez y Julio César Hernández Mejía, en la paella que año con año se realiza a costa de los trabajadores.

Pero esta no es la primera ocasión que Ángelo realiza fiestas con dinero de sus colaboradores, como ejemplo está el Baby Shower que realizó para su esposa. En dicha fiesta todos los trabajadores, incluidos los de limpieza, tuvieron que comprar el respectivo regalo para la festejada.

La misma dinámica fue aplicada para el pasado “día del padre” en ese mismo municipio, para tal festejo todos miembros de la nómina municipal tuvieron que aportar para la celebración, convertida en mitin político, y pobre de aquel que hiciera gestos o se negara a la mochada.

Pero el problema no es la falta de recursos en Apetatitlán, basta recordar que Eloy Reyes Juárez, -exalcalde que antecedió a Ángelo- dejó más de dos millones de pesos en las arcas, misma cantidad que “desapareció” o al menos esa explicación le dio Gutiérrez Hernández a su cabildo.

Pese a haber realizado ese cambio de firmas y la entrega-recepción, Ángelo dejó de pagar proveedores, Pensiones Civiles, así como la nómina de los trabajadores de confianza e incluso al personal sindicalizado al que, por cierto, tiene permanentemente contra las cuerdas aprovechándose de las complicaciones jurídicas que atraviesa el gremio.

Los primeros dos meses de su administración Ángelo tuvo sin sueldo a sus allegados, argumentando que la nómina no podía ser entregada debido a la falta de recursos económicos. Algunos trabajadores tardaron hasta 4 meses en cobrar y cuando por fin lo hicieron no fue de manera retroactiva. Alguien les robó.

Parece que el ex diputado de la LXI legislatura no recuerda que el capítulo mil -dedicado a sueldos- se encuentra etiquetado y no puede ser utilizado para otras actividades. ¿En qué se utilizó ese dinero entonces… qué dice el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al respecto?

A eso hay que sumarle que gran parte de los dineros destinados para la obra pública de ese territorio -se presume- ha sido desviado para fortalecer los trabajos del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PAN, incluido el adoquín, pintura y mano de obra que correspondía al municipio. Sin mencionar el acarreo para los actos políticos.

En cada evento, como el del viernes, Ángelo deja claro que el dinero existe y sobra, siempre que sea para incrementar sus posibilidades políticas, pero cuando se trata de mejorar las condiciones de Apetatitlán es todo lo contrario. No hay, no alcanza, no llega.

Al margen de todo hay que analizar la manera en la que opera Ángelo con los sindicatos más conflictuados en la entidad, pues tanto Blanca Águila Lima del sindicato 27 de la SESA, como Edgar Tlapale del sindicato 7 de mayo han colocado a personajes afines en ese pequeño municipio.

Águila Lima presume que el secretario del Ayuntamiento, Armando Ilhuicatzi Ilhuicatzi, es de sus más fieles guardianes, mientras que Tlapale ha logrado desplazar de esa comuna a personas que no responden a sus intereses.

Con todo lo anterior Ángelo ya prepara la sucesión, por lo que Iván Teomitzi sería su candidato para sucederlo en el cargo, del lado de Morena Claudia Pastrana sueña con lograr la nominación. Erick Gutiérrez, Raúl Acoltzi y Azaín Ávalos son otros que sueñan con sacarse la rifa del tigre.

Las tres de ley… 1- La muestra de que Ángelo Gutiérrez enloqueció está en la manera como ha despedido a personajes incómodos de su administración, incluido un miembro muy cercano a la presidenta del DIF estatal y la titular de la Secretaría del Bienestar en la entidad. En cada oportunidad Gutiérrez presume haber ganado la partida a las funcionarias, sin consecuencia alguna, dice entre burlas.

2- Carmen Sosa Pérez, Miguel Ángel Sánchez Cañongo y Arturo Meneses son tres personas que se negaron a respaldar la permanencia de Edgar Tlapale en la “dirigencia mental” que dice ostentar ese grupo, ahora en la figura de Enrique Escobar, en respuesta a la negativa fueron dados de baja sin que alguien pudiera defenderlos. Total, el arbitro se encuentra de vacaciones mentales.

3- El problema de este tipo de despidos, como también sucede en Huamantla, Chiautempan y otras comunas, es que los alcaldes saben que perderán, pero eso no les importa, saben que el juicio se alargará y tanto la reinstalación como los salarios caídos de los despedidos serán pagados por los futuros alcaldes. Es un círculo vicioso que parece no tiene final.

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