- Funcionarios y policías municipales intentaron detener y poner a disposición a una persona y la maquinaria que operaba, sin mediación alguna. La parcialidad con la que actuaron es cuestionable, sostienen los habitantes de la comunidad.
Lo que comenzó como un proyecto comunitario para beneficiar a los habitantes de Tepetomatitlán y San Esteban Tizatlán se ha convertido en un enfrentamiento que pone en duda la imparcialidad de las autoridades locales.
El proyecto, respaldado por documentos oficiales, buscaba habilitar una salida de 297 metros de largo y 7 metros de ancho en la carretera federal San Martín Texmelucan–Apizaco, con un carril de desaceleración.
La solicitud, firmada por Matías Tizapantzi Lezama, presidente de la comunidad, fue enviada al director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Carlos Luis Ramírez García, en diciembre de 2023 y marzo de 2024.
Los vecinos, comprometidos con la obra, limpiaban el terreno cuando, de forma inesperada, apareció un presunto dueño: Eloy Reyes Juárez, ex presidente municipal de Apetatitlán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Reyes Juárez irrumpió en el lugar acompañado de policías municipales y estatales, así como de una femina que, con gritos y amenazas, exigió detener los trabajos. Alegaron ser propietarios del terreno, aunque no presentaron documentos que lo acreditaran.
La tensión escaló hasta que un representante de la Secretaría de Infraestructura estatal intervino, evitando la detención de la maquinaria y su operador. La actitud agresiva de la abogada, quien incluso confrontó a mujeres y adultos mayores, indignó a los vecinos, quienes prometieron no tolerar más intimidaciones.
El incidente ha levantado sospechas de colusión entre las autoridades municipales, encabezadas por el actual presidente Azain Ávalos Marban, del Partido Alianza Ciudadana (PAC), y Reyes Juárez, su antiguo jefe cuando Ávalos fungía como secretario del ayuntamiento.
Testigos reportan que la juez municipal y los policías presentes parecían alineados con los intereses del ex alcalde, ignorando la neutralidad que sus cargos exigen. Este episodio ha generado una percepción de conflicto de interés que socava la confianza en la administración de Ávalos, quien hasta ahora ha evadido pronunciarse claramente sobre el asunto.
Un terreno en zona federal y riesgos ignorados
La controversia se agrava por la ubicación del terreno, delimitado por durmientes de cemento que marcan el espacio de la autoridad federal. En esta área se han instalado espectaculares cuya legalidad es cuestionable. Estas estructuras, visiblemente reforzadas para evitar desprendimientos, representan un peligro latente.
Un fuerte viento podría desplazar láminas o lonas hacia la autopista, o la zona habitada en la parte baja, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes y residentes.
Los habitantes no ceden
Pese a las intimidaciones, los habitantes de Tepetomatitlán mantienen su exigencia a la SICT para que el proyecto continúe en beneficio de ambas comunidades. Han advertido que, de ser necesario, convocarán una asamblea para defender sus derechos. Mientras tanto, el silencio oficial y las sospechas de favoritismo ensombrecen la gestión de Ávalos.
En Tepetomatitlán, la lucha por un terreno es también una lucha por la transparencia y la justicia. La comunidad espera respuestas claras y acciones concretas que prioricen el bienestar colectivo sobre los intereses de unos pocos; sin embargo han puesto sobre la mesa que, de comprobarse que el terreno corresponde a quienes afirman tener la documentación respectiva, no intervendrán y apoyarán para adecuar el espacio de la manera en la que se encontraba.
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