Jorge Alfredo Corichi Fragoso ex presidente municipal de Tlaxcala obtuvo este día el amparo 113/2026-F, contra cualquier orden de aprehensión por parte del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y de otras autoridades, luego de que el edil morenista fue señalado de un presunto daño patrimonial.

La admisión de amparo fue aprobado con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, la cual admitió la demanda de amparo promovida por Jorge Alfredo Corichi Fragoso en contra de los actos promovidos por la FGJE y por autoridades integrantes del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

Lo anterior en respuesta a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó un expediente por irregularidades detectadas en el manejo de recursos federales tras revisar las cuentas públicas de 2020, 2021 y 2022, en las que fueron detectadas inconsistencias que representan un posible perjuicio superior a los 9.4 millones de pesos.

Tras lo anterior, la ASF canalizó el caso a las autoridades correspondientes para que se determinen las responsabilidades administrativas o penales.

El cargo Jorge Corichi obtiene amparo para no ser detenido apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo anterior de acuerdo con los informes de resultados que este martes entregó el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, al Congreso del estado, y que servirá para la elaboración de los dictámenes de los estados financieros de dicho periodo.

En un acto realizado en el Salón Verde del Congreso local, el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, detalló que el monto observado deriva de auditorías financieras, de desempeño y de obra pública, las cuales revelaron que más del 37.3 por ciento de las irregularidades detectadas no fueron subsanadas por los entes fiscalizados durante el periodo legal para solventaciones.

De acuerdo con la exposición del auditor, en el ejercicio 2024, el OFS auditó el uso de 15 mil 200.9 millones de pesos, equivalentes al 85.8 por ciento del total del gasto público estatal y municipal, que ascendió a 17 mil 716.5 millones de pesos.

“La revisión y fiscalización de las cuentas públicas se realizó en estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad”, aseguró Lucio Salas, al tiempo que resaltó el uso de herramientas digitales como el Sistema de Fiscalización Electrónica, que permitió mayor eficiencia en los procesos de auditoría.

De ese ejercicio, apuntó, se realizaron 263 auditorías: 123 financieras, 75 de obra pública y 65 de desempeño, dirigidas a 60 municipios, 30 entidades paraestatales, 8 organismos autónomos, el Congreso del estado, los tres Poderes del estado, cinco comisiones de agua potable, un patronato y un organismo no sectorizado.

A nivel programático, estas revisiones dieron lugar a mil 202 acciones específicas, que se tradujeron en 18 mil 241 observaciones y recomendaciones. De ellas, sólo el 49.9 por ciento fue solventado en tiempo, dejando un saldo de 9 mil 131 observaciones no aclaradas, es decir, más de la mitad.

El impacto de estas omisiones, según el OFS, representa un probable daño patrimonial de mil 50.9 millones de pesos, de los cuales únicamente fueron aclarados o reintegrados 659 millones. El resto, que representan 391.8 millones de pesos, permanece como un quebranto que deberá ser atendido en la fase de seguimiento administrativo o, en su caso, con sanciones penales.

El informe también desnudó inconsistencias importantes en la ejecución de 2 mil 894 obras públicas, que representaron una inversión de 3 mil 180.9 millones de pesos. De estas, se fiscalizó sólo el 67.7 por ciento, es decir, mil 808 obras, con una inversión total de 2 mil 152.4 millones.

En cuanto a calidad, se aplicaron 417 pruebas de laboratorio a una muestra de 207 obras. El 16.8 por ciento de estas resultaron negativas, es decir, no cumplieron con los estándares técnicos, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades por parte de las constructoras y los funcionarios que supervisaron dichas obras.

Durante el acto de entrega de los informes, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar, se deslindó de cualquier intento de blindaje político hacia las autoridades responsables del daño patrimonial. “No habrá intervención de los diputados en los procesos de solventación”, afirmó con tono enérgico.

Campech Avelar hizo un llamado expreso al OFS para que “dé puntual seguimiento a cada caso y recupere los recursos públicos que fueron mal administrados o desviados, y que sancione a los responsables conforme a la ley”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Bladimir Zainos Flores sostuvo que la revisión “es un mecanismo esencial para consolidar un Tlaxcala honesto, con cuentas claras, donde los recursos se apliquen en obras, servicios y políticas con sentido social”.

Zainos Flores subrayó que los entes fiscalizables tuvieron la oportunidad de justificar y documentar sus gastos durante el proceso, por lo que el saldo negativo exhibido por el OFS debe asumirse con responsabilidad institucional.

“Los resultados obtenidos son la base para que esta Soberanía determine la aprobación o no de cada cuenta pública. Es hora de eliminar las malas prácticas”, recalcó.

En su intervención, el auditor Arturo Lucio destacó avances tecnológicos implementados durante 2024: desde la digitalización total de la Cuenta Pública, pasando por la adquisición de servidores propios, hasta la creación de un Buzón Digital para mejorar la comunicación con entes fiscalizables.

También anunció que, en 2025, el OFS fiscalizará de manera específica los programas con perspectiva de género y los relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres, como parte de una agenda estratégica que busca dar valor público a la fiscalización.

Además, se estableció un programa de regularización contable con los municipios, orientado a actualizar inventarios y saldos conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Aunque los nombres de los entes con mayores observaciones no fueron revelados en el acto protocolario, fuentes legislativas consultadas por La Jornada de Oriente Tlaxcala confirmaron que al menos 45 de los 60 ayuntamientos del estado concentran el mayor volumen de irregularidades, especialmente en el manejo de participaciones, ejecución de obra y adquisiciones.

CON INFORMACIÓN DE: JUAN LUIS CRUZ PÉREZ -LA  JORNADA DE ORIENTE

El cargo Daño patrimonial en Tlaxcala supera los 391 mdp en 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La liberación se produjo tras cumplir una condena de seis meses y tras el pago de la millonaria fianza, aunque los cargos en su contra siguen vigentes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) indicó que, durante su gestión, Hildeberto N. fue señalado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) por un probable daño patrimonial superior a 10 millones de pesos, debido a irregularidades en el uso de recursos públicos, sin embargo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) solo acreditó desfalcos por 2.3 millones de pesos.

La detención de “El Cachorro” fue relevante, pues marcó la primera vez que un presidente municipal en Tlaxcala fue arrestado por observaciones en su Cuenta Pública.

El cargo Liberan a “El Cachorro” tras pagar fianza de 2.2 mdp apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado emitió su dictamen, según lo detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Este dictamen corresponde tanto al periodo en el que aún estaba Jorge Corichi Fragoso, así como el de Maribel Pérez Arenas, actual presidenta interina, el daño patrimonial es de 16 millones 362 mil 984.56 pesos y 14 millones 996 mil 844.73 pesos respectivamente.

Entrevistado sobre este tema, Alfonso Sánchez García, presidente municipal electo, informó que se ya se realiza un análisis exhaustivo durante el proceso de entrega – recepción, para evitar futuros problemas.

En otros temas, señaló que la integración de su gabinete se encuentra al 90%, y agregó que en breve, podría adelantar algunos nombramientos.

El cargo Reprueba capital su cuenta pública; presidente electo asegura que realizará análisis exhaustivo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Amada Espinoza Flores, síndico de Teolocholco, en compañía de otros trabajadores municipales, denunciaron diversas irregularidades cometidas por el presidente Rodrigo Cuahutle, quien, fue aspirante a la senaduría por el Partido del Trabajo.

En rueda de prensa, la funcionaria acusó al alcalde de vulnerar sus derechos político – electorales, así como de violencia de género y otras anomalías financieras y daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior.

Entre las irregularidades, Espinoza Flores señaló que se construyó un pozo de agua en un terreno ajeno al municipio, y sin su autorización como representante legal. Agregó que para estos trabajos se invirtieron más de 6 millones de pesos.

“Se construyó en un terreno que no es del municipio, y en su momento el presidente justificó que lo había comprado para esa finalidad, sin embargo, nunca se dio a conocer al cabildo ni hubo autorización por parte de los que conformamos el comité de adquisiciones” acotó.

La síndico municipal expresó que ante la falta de certeza en el documento de compra – venta, por la falta de su rúbrica, el munícipe le ha exigido que lo firme, comprometiendo así, su honestidad.

La quejosa añadió que desde el 2023 solicitó a través de varios oficios, se le informara sobre la compra de este terreno, sin embargo, Rodrigo Cuahutle le notificó hasta hace unos días, cuando le exigió su firma.

“Desde el inicio de la administración él ha violentado mis derechos político – electorales, porque me dejó fuera del comité de obra y de adquisiciones, y me vi en la necesidad de promover ante el Tribunal electoral en el 2021, como continuó promoví en el 2022… nuevamente promoví un juicio, porque me dejó sin personal” dijo a los medios de comunicación.

Finalmente, recordó que el Órgano de Fiscalización Superior detectó desde 2021 un daño patrimonial importante, tan solo en el 2023 asciende a los 5 millones de pesos.

El cargo Acusan a presidente de Teolocholco por violencia de género apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con un probable daño patrimonial por 24 millones 481 mil 657.57 pesos por incurrir en irregularidades y desviación de recursos correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, el alcalde electo de Huamantla, Salvador Santos, fue observado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

De acuerdo con el OFS, mientras Chava Santos estaba al frente del municipio, realizó pagos improcedentes por 14 millones 048 mil 018.10 pesos.

En la cuenta pública se registraron recursos faltantes por 4 millones 709 mil 532.64 pesos; pago de bienes o servicios sin acreditar por 1 millón 802 mil 583.71 pesos; gastos en exceso por 1 millón 543 mil 692.16 pesos, 880 mil 192.43 pesos por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores a los del mercado, entre otros pagos a empresas fantasmas.

En el documento público del OFS, se señala que en cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, el ayuntamiento de Huamantla subsanó solo 27 de las 170 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño.

El cargo Incurre Chava Santos en posible daño patrimonial por más de 24 mdp  apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Tras la entrega del Informe General del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) respecto al Ejercicio Fiscal 2023, se reporta que la Secretaría de Educación Pública habría incurrido en un posible daño patrimonial por un millón 090 mil 424.76 pesos.

Es así que, la SEPE, es la segunda dependencia con mayor proporción con daño patrimonial, tan sólo superada por la Secretaría de Infraestructura con  seis millones 025 mil 835.02 pesos.

En tercer lugar se ubicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 839 mil 859.79 pesos.

El cuarto lugar fue para el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud con 364 mil 864.61 pesos,  en quinto está la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, con 220 mil 000 pesos.

El Instituto Estatal de la Mujer reportó 215 mil 381.45 pesos, mientras que la Oficialía Mayor de Gobierno tiene un daño por 62 mil 877.14 pesos.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), incurrió en un daño patrimonial por 56 mil 256.60 pesos y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda con 32 mil 020.17 pesos.

Contrario a esto, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, y la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP), ahora Secretariado (SESESP), no reportaron daño patrimonial.

El cargo Incurre Sepe en daño patrimonial  por un millón 090 mil 424.76 pesos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante su estancia en la Uptx, Padilla Sánchez dejó un daño patrimonial de 18 millones 752 mil 576.46 pesos.

Algunas de las irregularidades que los diputados dieron a conocer, con base en los documentos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), se encuentran
• Pagos en exceso de sueldos y percepciones por la cantidad de 75 mil 061.18 pesos
• Pago a empresas que no justifican operaciones comerciales por un monto de 15 millones 408 mil 658.80 pesos.
• Compras sin localizar, como una computadora con valor de 20 mil 293.04 pesos
• La erogación de más de 9 millones de pesos a 3 proveedores, pero uno de ellos, resultó ser servidor público de otra dependencia, entre otras.

Ante esto, fue el mismo presidente provisional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, Ernesto García Sarmiento, quien deslindó a la dirigencia estatal de cualquier responsabilidad en la postulación de Padilla Sánchez, y señaló al Comité Ejecutivo Nacional de esa determinación.

El cargo Buscará Enrique Padilla ser diputado local por el PRI; a su paso por la UPTlax dejó daño patrimonial millonario apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

* Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco, Chiautempan y Nativitas registraron presunto daño patrimonial en la aplicación de recursos federales

Tan solo cinco municipios del estado, que son Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco, Chiautempan y Natívitas, tuvieron un presunto daño patrimonial por 38 millones 898 mil 455.24 pesos durante el ejercicio fiscal 2022, por diversas anomalías en la aplicación de recursos federales, las cuales fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe de la ASF fue entregado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en este se especifica que hubo excesos e irregularidades financieras millonarias por parte de las autoridades municipales, todas ellas provenientes de las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o aliados.

La auditoría prácticada a esos seis municipios no fue la única, pues también se aplicó en los ayuntamientos de Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Atlangatepec, Tlaxco y Palalotla, pero en estos casos no se registró ningún daño patrimonial, a pesar de que deberán solventar diversas observaciones.

De acuerdo con el reporte de la ASF, San Pablo del Monte, gobernado por Nueva Alianza (Panal) a través de Tomás Juárez Contreras, se encuentra dentro de los siete municipios del país con mayores montos de daño patrimonial con 17 millones 356 mil 235.80 pesos.

Las autoridades de ese municipio ejercieron recursos por 16 millones 369 mil 164 pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal para el pago de las quincenas 1 a la 24, pero al revisar el uso y destino de los dineros, detectó que “corresponde al de una nómina con nombre y apellido de los trabajadores, RFC, CURP, entre otros datos personales, así como el puesto, cuya remuneración no es homogénea entre los diferentes trabajadores con puestos similares”.

Además, el municipio no aportó evidencia de la plantilla autorizada, por lo cual la ASF no pudo validar que el personal estuviera registrado en la plantilla, lo mismo que tabuladores, categorías autorizadas y pagos posteriores a la baja o a trabajadores con licencia sin goce de sueldo.

Respecto del municipio de Tlaxcala, gobernado en ese momento por el morenista Jorge Corichi Fragoso, el ayuntamiento incurrió en irregularidades por 4 millones 6 mil 904.38 pesos, pues no entregó evidencia documental que acreditara la correcta entrega de los bienes y servicios por un monto equivalente a 3 millones 61 mil 253.67 pesos. Tampoco pudo aclarar la operación y beneficio social de tres obras en las que se invirtieron 945 mil 700 pesos.

Por su parte, Zacatelco, presidido por el también aliancista Hildeberto Pérez Álvarez, tuvo cuatro observaciones equivalentes a un daño patrimonial por el orden de los 5 millones 548 mil 40.16 pesos. De ese monto, 2 millones 599 mil 600 pesos correspondieron a la adquisición de estructura principal fabricada de acero, fabricación de caja para compactador y contratos por el mantenimiento a un camión internacional y un mantenimiento correctivo a un camión compactador 02 con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

A su vez, Chiautempan, gobierna el morenista Gustavo Jiménez Romero, tuvo irregularidades por 5 millones 554 mil 406.16 pesos, la principal de ellas, por un monto de 2 millones 248 mil 359.10 pesos, debido a ocho obras que no se encontraron en operación y la autoridad municipal no pudo proporcionar los beneficios a la población.

En el caso de Huamantla, del pevemista Salvador Santos Cedillo, el ayuntamiento realizó el pago 4 millones 829 mil pesos para la adquisición de mil 500 luminarias suburbanas metálicas con difusor y portafotocelda, mil 500 fotoceldas multivoltaje, 330 luminarias Led 100 watts y mil 200 lámparas Led, pero “no fue posible verificar que los bienes fueran recibidos por el municipio y que los mismos cumplieran con las especificaciones contratadas, además de que no contaban con la firma de recepción por parte de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales”.

Finalmente, a Natívitas, que preside el petista Carlos García Sampedro, le fue detectado un daño patrimonial por 1 millón 603 mil 116 pesos, debido a una obra por convenio para la planta tratadora de aguas residuales de la comunidad de San Miguel Analco, la cual “no opera, por lo que no proporciona el beneficio programado a la población objetivo”.

El cargo Detecta ASF irregularidades en 6 municipios de Tlaxcala por 38.8 mdp durante 2022 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al gobierno del estado de Tlaxcala le fue detectado un daño al patrimonio de la hacienda pública de la Federación, por el orden de los 417 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2022.

Esa cifra coloca a Tlaxcala entre los 10 estados del país con mayores montos observados por la ASF, en el sentido de aplicar o comprobar deficientemente los recursos asignados, sólo debajo de Durango, Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Morelos, Chihuahua, Oaxaca y Estado de México.

Lo anterior deriva del informe de resultados del proceso de revisión de la cuenta pública del año 2022, el cual fue entregado por la ASF a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Ese informe establece que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros no presentó la documentación comprobatoria correspondiente o no reunió los requisitos contables respecto de diversos gastos realizados, lo mismo que incumplió con la normatividad en materia de arrendamiento, adquisiciones y servicios, además de que realizó pagos improcedentes o en exceso.

El principal Fondo observado para Tlaxcala, calificado como posible daño patrimonial, fue el de Participaciones Federales a Entidades Federativas con 299 millones 6 mil 393.38 pesos, lo que motivó que la ASF señalara que el gobierno del estado de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos.

El informe refiere que la ASF tomó una muestra de 4 mil 855 millones 533 mil 900 pesos, los cuales representan 66.4 por ciento de los 7 mil 313 millones 509 mil 600 pesos de las participaciones federales asignadas a Tlaxcala durante 2022.

De tal revisión, fueron detectadas irregularidades por 92 millones 37 mil 297.88 pesos por concepto de pagos a 9 mil 557 trabajadores que excedieron los tabuladores autorizados, y por pagos a 111 trabajadores en categorías “puesto sin autorización”, de los cuales no se proporcionaron la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, comprobantes fiscales digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina.

“La Secretaría de Finanzas efectuó 40 mil 310 pagos a 5 mil 113 trabajadores de la burocracia por 20 millones 266 mil 900 pesos en las percepciones, sueldo base, canasta básica, fondo de ahorro, percepción complementaria, quinquenio, despensa especial, despensa de fin de año, compensación, sueldo base complementario, fondo de separación, prima vacacional, bono anual y aguinaldo, en los que se excedieron los importes autorizados”, precisa el informe de la ASF.

Esa dependencia estatal también realizó 21 mil 569 pagos a 4 mil 444 trabajadores del magisterio por 72 millones 654 mil pesos en las percepciones sueldo base, compensación provisional compactada, estímulo de productividad, día del maestro, prima vacacional y aguinaldo, en los que “se excedieron los importes autorizados”.

Además, las irregularidades financieras alcanzaron los 8 millones 43 mil 439.24 pesos por haber realizado pagos a 97 trabajadores posteriores a la baja definitiva del personal, y por efectuar pagos a 17 trabajadores durante el periodo en el que contaron con licencia sin goce de sueldo. Esos pagos se hicieron con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2022, pero el gobierno estatal no proporcionó la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, comprobantes fiscales digitales por internet, cheques y dispersiones de nómina.

Por si fuera poco, 61 millones 102 mil 859.48 pesos fueron erogados para pagar a 2 mil 251 trabajadores que excedieron los tabuladores autorizados, y a otros 227 trabajadores en categorías no autorizadas. En estos casos tampoco se proporcionó el total de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina.
Obra Pública.

En lo que se refiere al rubro de obra pública pagada con este Fondo de Participaciones Federales a Entidades Federativas, el gobierno lorenista fue observado con 61 millones 559 mil 995.62 pesos, por concepto de “diferencias en la información contractual del rubro de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, en relación con el reporte de destino del gasto, ejercidos por la administración pública centralizada”.
También fue detectado un probable daño de 22 millones 180 mil 997.46 pesos, “más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro”, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de diversos gastos.

Otros 48 millones 887 mil 272.23 pesos fueron observados debido a la falta de documentación que acreditara el cumplimiento de los contratos. Ello, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Además, fueron observados 3 millones 195 mil 352.17 pesos por concepto de pagos a 559 trabajadores posteriores a la baja definitiva del personal, de los cuales no se proporcionaron la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, cheques y dispersiones de nómina.

Cabe destacar que el informe de la ASF deberá ser revisado por las diputadas y diputados federales que forman parte de la Comisión de Vigilancia.

Por lo pronto, dicho informe señala que el gobierno estatal “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes General de Contabilidad Gubernamental, General de Responsabilidades Administrativas, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala”.

También sostiene que no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, debido a que no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral, ni de forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo.

Por tal motivo, el gobierno estatal deberá responder para aclarar los diversos pliegos de observaciones, o resarcir el presunto daño patrimonial observado por la ASF.

El cargo Detecta ASF en Tlaxcala un presunto daño patrimonial por 417 mdp durante 2022 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.