* El informe fue entregado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; el gobierno estatal deberá responder para aclarar los diversos pliegos de observaciones, o resarcir el presunto daño patrimonial observado.
Al gobierno del estado de Tlaxcala le fue detectado un daño al patrimonio de la hacienda pública de la Federación, por el orden de los 417 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2022.
Esa cifra coloca a Tlaxcala entre los 10 estados del país con mayores montos observados por la ASF, en el sentido de aplicar o comprobar deficientemente los recursos asignados, sólo debajo de Durango, Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Morelos, Chihuahua, Oaxaca y Estado de México.
Lo anterior deriva del informe de resultados del proceso de revisión de la cuenta pública del año 2022, el cual fue entregado por la ASF a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Ese informe establece que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros no presentó la documentación comprobatoria correspondiente o no reunió los requisitos contables respecto de diversos gastos realizados, lo mismo que incumplió con la normatividad en materia de arrendamiento, adquisiciones y servicios, además de que realizó pagos improcedentes o en exceso.
El principal Fondo observado para Tlaxcala, calificado como posible daño patrimonial, fue el de Participaciones Federales a Entidades Federativas con 299 millones 6 mil 393.38 pesos, lo que motivó que la ASF señalara que el gobierno del estado de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos.
El informe refiere que la ASF tomó una muestra de 4 mil 855 millones 533 mil 900 pesos, los cuales representan 66.4 por ciento de los 7 mil 313 millones 509 mil 600 pesos de las participaciones federales asignadas a Tlaxcala durante 2022.
De tal revisión, fueron detectadas irregularidades por 92 millones 37 mil 297.88 pesos por concepto de pagos a 9 mil 557 trabajadores que excedieron los tabuladores autorizados, y por pagos a 111 trabajadores en categorías “puesto sin autorización”, de los cuales no se proporcionaron la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, comprobantes fiscales digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina.
“La Secretaría de Finanzas efectuó 40 mil 310 pagos a 5 mil 113 trabajadores de la burocracia por 20 millones 266 mil 900 pesos en las percepciones, sueldo base, canasta básica, fondo de ahorro, percepción complementaria, quinquenio, despensa especial, despensa de fin de año, compensación, sueldo base complementario, fondo de separación, prima vacacional, bono anual y aguinaldo, en los que se excedieron los importes autorizados”, precisa el informe de la ASF.
Esa dependencia estatal también realizó 21 mil 569 pagos a 4 mil 444 trabajadores del magisterio por 72 millones 654 mil pesos en las percepciones sueldo base, compensación provisional compactada, estímulo de productividad, día del maestro, prima vacacional y aguinaldo, en los que “se excedieron los importes autorizados”.
Además, las irregularidades financieras alcanzaron los 8 millones 43 mil 439.24 pesos por haber realizado pagos a 97 trabajadores posteriores a la baja definitiva del personal, y por efectuar pagos a 17 trabajadores durante el periodo en el que contaron con licencia sin goce de sueldo. Esos pagos se hicieron con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2022, pero el gobierno estatal no proporcionó la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, comprobantes fiscales digitales por internet, cheques y dispersiones de nómina.
Por si fuera poco, 61 millones 102 mil 859.48 pesos fueron erogados para pagar a 2 mil 251 trabajadores que excedieron los tabuladores autorizados, y a otros 227 trabajadores en categorías no autorizadas. En estos casos tampoco se proporcionó el total de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina.
Obra Pública.
En lo que se refiere al rubro de obra pública pagada con este Fondo de Participaciones Federales a Entidades Federativas, el gobierno lorenista fue observado con 61 millones 559 mil 995.62 pesos, por concepto de “diferencias en la información contractual del rubro de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, en relación con el reporte de destino del gasto, ejercidos por la administración pública centralizada”.
También fue detectado un probable daño de 22 millones 180 mil 997.46 pesos, “más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro”, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de diversos gastos.
Otros 48 millones 887 mil 272.23 pesos fueron observados debido a la falta de documentación que acreditara el cumplimiento de los contratos. Ello, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Además, fueron observados 3 millones 195 mil 352.17 pesos por concepto de pagos a 559 trabajadores posteriores a la baja definitiva del personal, de los cuales no se proporcionaron la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, cheques y dispersiones de nómina.
Cabe destacar que el informe de la ASF deberá ser revisado por las diputadas y diputados federales que forman parte de la Comisión de Vigilancia.
Por lo pronto, dicho informe señala que el gobierno estatal “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes General de Contabilidad Gubernamental, General de Responsabilidades Administrativas, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala”.
También sostiene que no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, debido a que no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral, ni de forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo.
Por tal motivo, el gobierno estatal deberá responder para aclarar los diversos pliegos de observaciones, o resarcir el presunto daño patrimonial observado por la ASF.
