* Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco, Chiautempan y Nativitas registraron presunto daño patrimonial en la aplicación de recursos federales
Tan solo cinco municipios del estado, que son Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco, Chiautempan y Natívitas, tuvieron un presunto daño patrimonial por 38 millones 898 mil 455.24 pesos durante el ejercicio fiscal 2022, por diversas anomalías en la aplicación de recursos federales, las cuales fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El informe de la ASF fue entregado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en este se especifica que hubo excesos e irregularidades financieras millonarias por parte de las autoridades municipales, todas ellas provenientes de las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o aliados.
La auditoría prácticada a esos seis municipios no fue la única, pues también se aplicó en los ayuntamientos de Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Atlangatepec, Tlaxco y Palalotla, pero en estos casos no se registró ningún daño patrimonial, a pesar de que deberán solventar diversas observaciones.
De acuerdo con el reporte de la ASF, San Pablo del Monte, gobernado por Nueva Alianza (Panal) a través de Tomás Juárez Contreras, se encuentra dentro de los siete municipios del país con mayores montos de daño patrimonial con 17 millones 356 mil 235.80 pesos.
Las autoridades de ese municipio ejercieron recursos por 16 millones 369 mil 164 pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal para el pago de las quincenas 1 a la 24, pero al revisar el uso y destino de los dineros, detectó que “corresponde al de una nómina con nombre y apellido de los trabajadores, RFC, CURP, entre otros datos personales, así como el puesto, cuya remuneración no es homogénea entre los diferentes trabajadores con puestos similares”.
Además, el municipio no aportó evidencia de la plantilla autorizada, por lo cual la ASF no pudo validar que el personal estuviera registrado en la plantilla, lo mismo que tabuladores, categorías autorizadas y pagos posteriores a la baja o a trabajadores con licencia sin goce de sueldo.
Respecto del municipio de Tlaxcala, gobernado en ese momento por el morenista Jorge Corichi Fragoso, el ayuntamiento incurrió en irregularidades por 4 millones 6 mil 904.38 pesos, pues no entregó evidencia documental que acreditara la correcta entrega de los bienes y servicios por un monto equivalente a 3 millones 61 mil 253.67 pesos. Tampoco pudo aclarar la operación y beneficio social de tres obras en las que se invirtieron 945 mil 700 pesos.
Por su parte, Zacatelco, presidido por el también aliancista Hildeberto Pérez Álvarez, tuvo cuatro observaciones equivalentes a un daño patrimonial por el orden de los 5 millones 548 mil 40.16 pesos. De ese monto, 2 millones 599 mil 600 pesos correspondieron a la adquisición de estructura principal fabricada de acero, fabricación de caja para compactador y contratos por el mantenimiento a un camión internacional y un mantenimiento correctivo a un camión compactador 02 con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
A su vez, Chiautempan, gobierna el morenista Gustavo Jiménez Romero, tuvo irregularidades por 5 millones 554 mil 406.16 pesos, la principal de ellas, por un monto de 2 millones 248 mil 359.10 pesos, debido a ocho obras que no se encontraron en operación y la autoridad municipal no pudo proporcionar los beneficios a la población.
En el caso de Huamantla, del pevemista Salvador Santos Cedillo, el ayuntamiento realizó el pago 4 millones 829 mil pesos para la adquisición de mil 500 luminarias suburbanas metálicas con difusor y portafotocelda, mil 500 fotoceldas multivoltaje, 330 luminarias Led 100 watts y mil 200 lámparas Led, pero “no fue posible verificar que los bienes fueran recibidos por el municipio y que los mismos cumplieran con las especificaciones contratadas, además de que no contaban con la firma de recepción por parte de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales”.
Finalmente, a Natívitas, que preside el petista Carlos García Sampedro, le fue detectado un daño patrimonial por 1 millón 603 mil 116 pesos, debido a una obra por convenio para la planta tratadora de aguas residuales de la comunidad de San Miguel Analco, la cual “no opera, por lo que no proporciona el beneficio programado a la población objetivo”.
