En la entrevista de ayer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, intentó explicar los recientes hechos violentos en el estado, los operativos contra la tala ilegal y el hallazgo de un narcolaboratorio en Tlaxco, el cuarto en esa demarcación, sin embargo sus declaraciones lejos de transmitir confianza dejaron al descubierto una postura preocupante que vulnera principios fundamentales del estado de derecho y una alarmante resignación frente a la creciente amenaza del narcotráfico.
El secretario, con un discurso titubeante, abordó los homicidios y agresiones con arma de fuego registrados el pasado fin de semana, asegurando que las víctimas “no eran inocentes” y que los hechos están relacionados con “ajustes de cuentas” entre bandas locales. Esta afirmación, además de frívola, es profundamente irresponsable.
Justificar la muerte de personas por su presunta implicación en actividades ilícitas, sin un proceso judicial que lo acredite, pisotea el principio de presunción de inocencia, pilar esencial de cualquier sociedad democrática. Nadie, ni siquiera un funcionario de alto rango, tiene la autoridad para emitir juicios sumarios sobre la vida o muerte de ciudadanos sin un debido proceso.
Esta narrativa no solo normaliza la violencia, sino que envía un mensaje peligroso: en Tlaxcala, parece que la justicia se aplica a balazos y no en los tribunales. ¿Dónde queda el compromiso de las autoridades con el respeto a los derechos humanos? ¿Acaso la SSC considera que la presunta culpabilidad de una persona la despoja de su derecho a la vida? Estas declaraciones reflejan una visión simplista y autoritaria que no solo evade la responsabilidad de garantizar la seguridad, sino que parece resignarse a la ley del más fuerte.
Por otro lado, el hallazgo de un narcolaboratorio en Tlaxco, descrito como “improvisado” pero con capacidad para producir una “cantidad considerable” de estupefacientes, pone en evidencia otra falla grave: la incapacidad de las autoridades para anticiparse a la expansión del narcotráfico.
El secretario admitió que este no es el mismo laboratorio detectado anteriormente en la zona, lo que sugiere que Tlaxco se está convirtiendo en un punto estratégico para el crimen organizado. Más alarmante aún es su reconocimiento implícito de que no se descarta la presencia de más laboratorios clandestinos en el estado. Si las autoridades ya saben que el problema persiste, ¿por qué no hay una estrategia clara y contundente para erradicarlo?
La respuesta del secretario, llena de vaguedades y rodeos, no ofrece certidumbre. Habló de “operativos” y “trabajos de inteligencia” sin precisar resultados concretos, más allá de la ausencia de detenidos en el caso del narcolaboratorio.
La colaboración con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional es un paso, pero suena más a un intento de repartir responsabilidades que a una acción coordinada y efectiva. Mientras tanto, la ciudadanía queda atrapada entre la retórica oficial y la realidad de un estado donde la violencia y el narcotráfico ganan terreno.
La campaña de “Desarme por la Paz”, mencionada con entusiasmo por el secretario, parece más una cortina de humo que una solución real. Si bien el desarme voluntario es una iniciativa loable, es ingenuo pensar que los grupos delictivos entregarán sus armas por voluntad propia. La SSC debe ir más allá de programas simbólicos y enfrentar de manera frontal a quienes operan al margen de la ley, sin excusas ni justificaciones.
Tlaxcala no puede permitirse autoridades que, en lugar de garantizar seguridad y justicia, opten por discursos que minimizan la gravedad de los problemas o, peor aún, justifiquen la violencia con argumentos que rayan en lo absurdo.
La presunción de inocencia no es negociable, y la lucha contra el narcotráfico requiere más que buenas intenciones y operativos reactivos. La ciudadanía exige respuestas claras, estrategias efectivas y, sobre todo, un compromiso real con la seguridad y el estado de derecho.
Mientras el secretario siga justificando muertes y admitiendo que los narcolaboratorios no son cosa del pasado, Tlaxcala seguirá siendo un terreno fértil para el crimen organizado.
Y aunque el gobierno municipal que encabeza Diana Torrejón Rodriguez siga diciendo que trabajará en coordinación con las más de 30 presidencias de comunidad para consolidar el correcto uso del Centro de Control y Comando C2 en la demarcación, eso no cambiará la realidad que hoy perciben los habitantes del pueblo mágico que al paso que va perderá ese distintivo en unos meses más.
