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Innombrable

Entrega de recompensas

Martín Rodríguez/INNOMBRABLE

“Tierra de dinosaurios” no es un programa alusivo a los cien años de fundación del PRI, no se apunte. La gráfica corresponde al proyecto anunciado por la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez y el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín, quienes atestiguaron la inauguración del Museo Itinerante “Tierra de Dinosaurios” que estará abierta del 3 de marzo hasta el 9 de abril con 4 salas y más de 40 piezas mecatrónicas que equivalen a 25 especies de dinosaurios, expuestas en el Centro de Convenciones de Tlaxcala.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) volvió a dar de qué hablar, pero no crea que fue por el avance en alguna de las carpetas de investigación que llevan meses o años empantanadas en los escritorios de la dependencia, mucho menos por la detención de un objetivo prioritario o por la desarticulación de una banda de delincuentes.

Para no perder la costumbre es nuevamente la PGJE la responsable de un nuevo desliz, la semana pasada difundió un comunicado donde anunció con bombo y platillo la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información relacionada con las investigaciones que lleva a cabo la propia Procuraduría. Así como lo lee.

Resulta una burla para las familias de víctimas de delitos que ante la ineficiencia y pobres resultados de la dependencia, la única respuesta sea redactar un documento para definir y detallar el proceso de cómo ofrecer y entregar recompensas económicas a ciudadanos que contribuyan en las investigaciones.

Mientras delitos como el robo de autos merman el patrimonio de los tlaxcaltecas y la percepción de inseguridad entre las familias aumenta, la gris procuradora, Ernestina Carro Roldán, continúa  creyendo que desde el escritorio se pueden resolver los problemas del estado.

En lugar de apostar a la profesionalización del personal, identificar áreas de oportunidad para mejorar los procesos de investigación y la atención a víctimas, la PGJE prefiere juntar una lana y esperar pacientemente a que los tlaxcaltecas le llamen por teléfono para compartirle “información de utilidad” que lleven al esclarecimiento de delitos de alto impacto. De risa.

Más allá de que se trate de un mecanismo para obtener información relevante y que coadyuve en las investigaciones y averiguaciones, el problema es que la ciudadanía no confía en el trabajo que realiza la PGJE,  ni en ninguna institución de procuración de justicia.

A esta desconfianza hay que sumarle la indolencia e indiferencia con la que ha actuado la procuradora Ernestina Carro en algunos casos y la lentitud que existe en las investigaciones, así que mejor le recomiendo al personal de la procuraduría que vayan buscando una silla  para sentarse a esperar las llamadas ciudadanas.

Si revisamos los 17 artículos que incluye el Acuerdo que se publicó la semana pasada nos daremos cuenta que un elemento fundamental para que la estrategia que proponen funciones es, precisamente, la confianza, por lo que dudo que llegué a buen puerto esta iniciativa.

Además, no se especifican cantidades mínimas ni máximas para determinar el monto de las recompensas, ya que se tomarán en cuenta criterios como la trascendencia del caso, o la dificultad que exista para obtener la información, así como el riesgo que implica para la seguridad de la sociedad y el estado. ¿Más ambiguo no se podía?

El mecanismo que se propone en caso de que un ciudadano quiera aportar información también deja muchas dudas, ya que se establece que el servidor público que reciba la llamada deberá asentar por escrito todo y proporcionar un número confidencial de identificación para dar seguimiento al caso.

En ningún momento se detalla que exista una plataforma o un programa que garantice la confidencialidad de la información que recibirá la PGJE, solo se señala que el servidor público “mantendrá todos los datos recabados bajo la más estricta reserva de conformidad con las disposiciones aplicables”.

¿Se imagina el mal uso que puede dar a la “información” que reciba el personal de la PGJE en casos trascendentes?

¿Qué pasaría si alguien tiene acceso al número confidencial de identificación del ciudadano que aportó detalles de un delito?.

Para aumentar la suspicacia en el funcionamiento de este instrumento, el Acuerdo propone la integración de un Comité Evaluador que decidirá si el caso amerita ofrecer una recompensa o no.

¿Quiénes integran este Comité? Sergio González Hernández, secretario de Gobierno; David Álvarez Ochoa, secretario de Finanzas; Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno; Ernestina Carro Roldán, Procuradora General de Justicia; José Rufino Mendieta Cuapio, Consejero Jurídico del Ejecutivo y María Azucena Jiménez Pacheco, subprocuradora de Operaciones de la PGJE. Puro funcionario eficiente y capaz integran el dichoso Comité ¿No cree?

Es muy riesgoso impulsar acciones en materia de procuración de justicia que se basen en la confianza entre ciudadanía y autoridades, sencillamente, porque ese concepto está roto en este momento.

Ejemplos de cómo sistemáticamente la autoridad ha ignorado denuncias públicas de diversos sectores hay muchos.

¿Qué ha pasado con las acusaciones (con nombre y apellido) que han realizado trabajadores de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para evidenciar la venta de plazas?, ¿quién ha dado la cara a los maestros que recibieron vehiculos usados de parte de Homero Meneses?

¿Quién le ha dado seguimiento a las denuncias de jubiladas y jubilados ante la falta de pago de su pensión o de medicamentos para atender su salud?

A los trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres que llevan 10 años denunciando irregularidades en sus despidos ¿Quién los escuchó?

Antes de pedir a la población que se involucre en las tareas de investigación, lo más sensato sería mostrar mayor sensibilidad y empatía con la ciudadanía y víctimas de delitos para recobrar su confianza.

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