Una mayoría de los presidentes municipales de Tlaxcala han sido señalados recurrentemente por prácticas discrecionales en el manejo de sus corporaciones policiales, como ajustes arbitrarios en salarios, ascensos basados en compadrazgos y tolerancia a elementos cuestionados por corrupción, eso todos lo vemos y sabemos.
Sin embargo pocos conocían que esta dinámica que favorece a los cuates y compadres es lo que ha provocado un éxodo masivo de policías capacitados –el famoso “chapulineo”– y déficits crónicos de personal que han hundido a varios municipios en la inseguridad.
Los munícipes afirmaban que se iban los menos preparados o “leales”, pero policías que habían sido relevados por sus presidentes municipales sostienen que eso es mentira y que varios uniformados habían sido castigados debido a su negativa a institucionalizar la extorsión en sus demarcaciones. Se negaban a ser roedores y su castigo era la expulsión y sustitución por verdaderos delincuentes.
En respuesta a esta crisis, el gobierno federal a través del secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Maximino Hernández Pulido, anunció la implementación de estrictas directrices que pondrán fin al “chapulineo” policial a partir del 1 de enero de 2026, basadas en reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la normativa local.
Estas medidas obligan a los elementos a permanecer en su corporación de origen, establecen ascensos estrictamente por rendimiento y trayectoria, y anulan certificaciones al cambiar de municipio, perdiendo grados, salarios y derechos adquiridos.
Además, cualquier aumento salarial deberá coordinarse con el Proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial validado a nivel nacional para acceder a recursos del FORTAMUN, cerrando la puerta a manipulaciones locales que han premiado lealtades personales en lugar de la vocación policial.
El impacto de estas irregularidades municipales es evidente en localidades como Huamantla y Apetatitlán, donde el déficit de efectivos –por debajo del promedio nacional– coincide con olas de robos, extorsiones y otros delitos que han generado indignación ciudadana.
En Huamantla, uno de los municipios más poblados, la movilidad policial y conflictos internos han contribuido a un repunte en robos de ganado, vehículos y extorsiones, dejando a productores y comerciantes en vulnerabilidad constante.
Peor aún en Apetatitlán, con unos 16 mil habitantes, donde múltiples denuncias ciudadanas han acusado a la corporación de actos de corrupción, como extorsiones a conductores, y al alcalde Azaín Ávalos Marbán de inacción o pasividad ante estas irregularidades, permitiendo que elementos presuntamente involucrados conserven privilegios mientras policías con trayectoria real abandonan el municipio.
Estas quejas, escaladas incluso al cabildo, han pintado un panorama de impunidad que la nueva normativa estatal busca erradicar al imponer meritocracia y transparencia. Ahora parece que aquellos que más reporten en la zona de hospitales son los que merecen el ascenso.
Hernández Pulido enfatizó que “es fundamental cerrar este ciclo de improvisaciones” y llamó directamente a los presidentes municipales a alinearse con las reglas claras.
Esta transformación prioriza el factor humano para un modelo policial robusto, aunque llega tarde para muchos municipios que ya padecen las consecuencias de años de discrecionalidad y abandono en la profesionalización.
Expertos y ciudadanos coinciden: sin disciplina estricta desde el nivel municipal, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose, y medidas como esta son un paso necesario, pero insuficiente si no se sancionan las irresponsabilidades pasadas, esta sanción deberá si o si, pasar por los alcaldes que so pretexto de su autonomía han premiado al amigo o al compadre que más reporta, premiándolos con patrulla y con una acompañante del gusto del elemento en turno. Eso se acabó.
