Al rechazo que han manifestado organizaciones de la sociedad civil, investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y representantes del Centro Fray Julián Garcés, sobre la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala, hoy se suma el Senado de la República.
La vicepresidenta de la Cámara Alta, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera, pidió al Senado exhortar al Congreso de Tlaxcala que suspenda el proceso legislativo por el que se busca expedir dicha ley que presentó en febrero pasado la diputada local, Marcela González Castillo.
¿La razón?, simple y sencillamente porque la propuesta atenta contra los derechos humanos de la población.
La iniciativa de González Castillo resulta inconstitucional, violatoria del derecho humano de acceso al agua, con enfoque privatizador del servicio y por si fuera poco plantea la criminalización de la protesta.
Como ya se lo había adelantado en este mismo espacio, la propuesta de la también nuera del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya es una “joya” legislativa.
Y el rechazo generalizado de especialistas y expertos en la materia, al que ya se sumó el Senado de la República, solo es un reflejo de toda la ignorancia -o malicia- legislativa plasmada en el documento.
Imagine que tan mal redactada esta la iniciativa que desde la vicepresidencia del Senado que está en manos de Ana Lilia Rivera, de Morena -mismo partido al que pertenece Marcela González-, tildan de regresiva la dichosa ley.
Se podría pensar que es fuego amigo, pero créame que basta con leer un par de artículos de la propuesta para darse cuenta que lo único que está haciendo el Senado es detener es una ley que de aprobarse implicaría una regresión en materia de garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento del líquido.
Además, la senadora Ana Lilia Rivera sabe el precio político que pagaría Morena si se aprueba la ley en los términos que propone Marcela González. Era cuestión de tiempo su intervención para frenar este despropósito.
Para muestra de las irregularidades un botón: el documento omite el reconocimiento de las comunidades locales como sujetos colectivos de derecho para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento.
Lo que resulta absurdo, ya que en Tlaxcala existen alrededor de 600 comités comunitarios de agua. De este nivel es el desconocimiento de la realidad que se vive en el estado por parte de la esposa del titular de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García.
Y aún hay más, la ley también es incompatible con instrumentos normativos nacionales establecidos en las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de la Comisión Nacional del Agua, que son aplicables desde el 2021.
¿Y qué cree? esta normativa reconoce el papel primordial de los comités comunitarios del agua en la gestión, monitoreo y supervisión de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural. Algo que evidentemente la diputada local Marcela Gonzáles desconoce.
Ante todo este desaseo legislativo, la senadora Ana Lilia Rivera propone convocar a un Parlamento Abierto, lo que permitiría analizar la propuesta, escuchar voces de especialistas, asociaciones y la población para integrar un documento que verdaderamente responda a las necesidades actuales de Tlaxcala.
Y lo más importante, detener cualquier intento de privatización por parte de algunos legisladores que ven en el manejo y saneamiento del agua un jugoso negocio. ¿por qué siguen pensando que la entidad es un rancho?
Todo lo antes mencionado, es lo que previo a presentar su iniciativa Marcela González debió hacer para lograr una iniciativa que tomara en cuenta todas las voces involucradas en un tema tan complejo como es garantizar el vital líquido a la población.
De lograr que el Senado exhorte al Congreso Local para que suspenda el proceso legislativo de la iniciativa de Marcela González se estaría sentando un precedente importantísimo para Tlaxcala y sumamente penoso para la legisladora y sus asesores.
El exhorto de Rivera Rivera refleja que desde la Cámara Alta los representantes de Tlaxcala están pendientes de lo que ocurre en el ámbito legislativo local y no dejarán que se pisoteen uno de los derechos fundamentales de las comunidades y la población: el derecho al agua.
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