Los ayuntamientos y sus respectivas policías municipales son el eslabón más débil e inoperante dentro del fenómeno de la inseguridad en Tlaxcala, generalmente, los alcaldes evaden la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos dentro de sus demarcaciones.
Quienes son los primeros respondientes y el primer contacto con las víctimas de un acto delincuencial, resultan ser los menos capacitados para atender los delitos de alto impacto que se reportan en sus comunidades.
La falta de recursos es la excusa recurrente para no responder de manera eficiente a la demanda de seguridad, sin embargo, en esta ocasión el argumento no es válido, ya que recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dotó de armamento a 27 municipios y el gobierno del estado ha provisto de constante capacitación a los elementos y fomentado la certificación de los policías municipales,
Los alcaldes de estas demarcaciones no desembolsaron un solo peso para recibir las 270 armas que ahora pueden utilizar sus elementos para enfrentar a la delincuencia.
La carencia de armamento en las corporaciones municipales ya no será razón para no dar resultados en materia de seguridad, ¿Qué pretexto pondrán ahora para justificarse?
Un aspecto que impacta en el desempeño de las corporaciones municipales es la escasa profesionalización de los elementos, lo que se traduce en que muchos de ellos no aprueben los exámenes de control y confianza a los que son sometidos.
La misma autoridad estatal ha reconocido que hay algunos municipios donde los elementos policiacos han reprobado las pruebas hasta dos veces, es decir, ya habían sido evaluados previamente y en una reevaluación vuelven a reprobar, lo que es obliga a los alcaldes a iniciar un proceso de baja.
El hecho, de que las policías municipales de Tlaxcala no cumplan con este proceso de acreditación no es un asunto de mera operatividad.
Los presidentes municipales son los primeros que saben que para acceder a recursos públicos destinados a la seguridad pública y obras de infraestructura, un requisito es que sus policías aprueben los exámenes de control y confianza.
A sabiendas de los beneficios que pueden obtener si profesionalizan sus corporaciones, los munícipes no muestran voluntad para lograr la acreditación de sus elementos. Se la llevan en lamentos por la supuesta falta de apoyo, estirando la mano, sin mostrar un solo gesto de disposición y capacidad para enfrentar a la delincuencia, cuando es una de sus más altas responsabilidades.
En otro aspecto donde también han pecado de omisión es en la prevención del delito, tarea estratégica que si se opera eficientemente, puede contener el fenómeno de la violencia, ya que atiende las causas desde el origen.
Lamentablemente, esta tarea los municipios también la han dejado en manos de la autoridad estatal, cuando son ellos quienes conocen la dinámica de sus demarcaciones y las conductas psicosociales de riesgo más recurrentes entre sus habitantes.
Si bien los alcaldes no cuentan con la capacidad operativa para enfrentar a grupos de delincuentes organizados, si tienen información de primera mano, que pueden utilizar para limitar y debilitar las acciones de estos grupos.
Ante los hechos violentos que se registraron este fin de semana en diversos municipios del estado con un saldo fatal, es urgente que los presidentes municipales replanteen el papel que juegan en la estrategia de seguridad que se implementa desde el ámbito estatal y federal.
Las condiciones sociales actuales exigen a los alcaldes dejar de ser espectadores para asumir una postura más activa que fortalezca las acciones de combate a la delincuencia al interior de sus comunas.
Los delitos que más incremento han registrado en la entidad, como el narcomenudeo, robo de autopartes y vehículos, entre otros, están relacionados con esta falta de estrategia e interés por parte de las autoridades en las comunas. ¿O a poco no saben dónde están los delincuentes o, dónde existe venta de drogas y autopartes en sus comunidades?
La vista gorda con la que se desempeñan en materia de seguridad, ha generado una creciente inconformidad en la ciudadanía que incluso, promueve la incidencia de linchamientos porque ya nadie les cree capaces de enfrentar al crimen.
¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué están esperando para actuar con la responsabilidad que amerita este ámbito? ¿Que el gobierno federal y estatal les resuelva el problema como hasta ahora ha ocurrido?
Entonces, tal vez sea momento de revisar si es sostenible que aún sigan existiendo corporaciones de seguridad municipales.
Las tres de ley… 1- ¿Y si los alcaldes pusieran su tiempo y recursos para atender sus municipios en vez de preparar actos políticos como sucedió con Ángelo Gutierrez, munícipe de Apetatitlán que, destinó varios cientos de miles de pesos para atender y hacer creer a Marko Cortés que “gobierna” un territorio de ensueño.
2- ¿Qué impacto tendría esto?, para empezar evitaría que días después de sus eventos, las calles de Apetatitlán se convirtieran en reten estatal para intentar recuperar, a costa de infracciones absurdas, dinero que el municipio requiere para su buen funcionamiento. Los policías no tienen por qué buscar sus propios “recursos” violentando el estado de derecho.
3- A los habitantes de Tlaxcala nos tiene sin cuidado si quieren ponerse de tapete, entregar el cuerpo, o gastarse sus ahorros para hacer patente su amor por el Partido Acción Nacional (PAN) o algún otro instituto, el asunto es que después quieran que los habitantes paguemos esos actos, infraccionando a los que menos tienen -y que menos se defienden- y de eso mucho sabe Ángelo Gutierrez.
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