Los cierres carreteros que se han registrado en las últimas horas en los principales accesos a Tlaxcala no se acabaran pronto, al menos eso deducimos después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, se lavaran las manos para resolver el problema con los campesinos.
EL ANTECEDENTE
Aunque el gobierno federal asegura que desde hace 6 años se entregaron más de 170 millones de pesos por concepto de indemnizaciones a los pobladores de Santa Rita Tlahuapan, por terrenos expropiados para el desarrollo de la autopista México-Puebla, los manifestantes sostienen lo contrario.
Por eso las manifestaciones se han mantenido mes a mes, pero pocos nos enteramos debido a la poca proyección mediatica que tiene el conflicto, lo que motivó a los campesinos a tomar medidas extremas, que derivaron en el cierre carretero de las principales arterias del país, calificadas así por su paso estrategico para conectar al sur, con la zona centro y otras regiones.
El pasado 29 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el que se modificó el documento emitido el 10 de junio de 2014 con el que se aprobó la expropiación de 36-64-21 hectáreas de riego de uso común, de terrenos del ejido “Santa Rita Tlahuapan”.
De acuerdo con el documento, esos terrenos habrían sido destinados a la construcción de la autopista México-Puebla, por lo que inicialmente se determinó que el monto de indemnización alcanzaría la suma de 2 millones 955 mil 682 pesos. Al final los miembros del comisariado del ejido Santa Rita Tlahuapan consideraron que el pago era insuficiente y desleal.
Con la intención de mejorar el pago por sus tierras el pasado 31 de julio de 2014 los integrantes del comisariado interpusieron un juicio de amparo y después de analizar el tema cautelosamente se emitió un dictamen en el que se informó que “el valor comercial, real y actual para la reparación del daño asciende a 179 millones 187 mil 197.42 pesos”. ¿Pequeña diferencia verdad?
De acuerdo con el DOF se presume que el 27 de septiembre del 2018, el otrora director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Puebla, hizo ese pago mediante “cheque sin certificar número 7301, folio 44214472, de la institución bancaria BBVA BANCOMER” por la cantidad de 176 millones 231 mil 515.42 pesos.
Aunque las autoridades estatales aseguraron que el dinero fue entregado con el primer pago autorizado para la expropiación en el 2021 los ejidatarios llevaron nuevamente la manifestación a López Obrador en ese mismo año.
La nueva manifestación se tradujo en la detención del tesorero del ayuntamiento de Tlahuapan, quien fue acusado de malversación de recursos pues se comprobó que los 176 millones fueron depositados a una cuenta personal y jamás llegaron a quienes exigian el pago por la expropiación.
¿QUÉ PASÓ DESDE ENTONCES?
Desde esas fechas las manifestaciones no han tenido descanso, algunas ocasiones incluso se han girado ordenes de detención contra los manifestantes, argumentando que los inconformes eran utilizados por grupos del crimen organizado. Incluso la Fiscalía General del Estado ha tenido que intervenir en esas detenciones.
El penultimo bloqueo lo vivi en carne propia el pasado 12 de julio, cuando ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan volvieron a cerrar la autopista México-Puebla durante más de 11 horas. Madres de familia, pequeños con hambre y sed, así como decenas de vehiculos descompuestos fueron resultado de ese cierre donde autoridades estatales y federales intervinieron para la liberación de los tramos carreteros.
Ahora las cosas no pintan bien, porque AMLO no quiere verse impositivo, ni pretende acabar con la imagen del hombre de dialogo y siempre tolerante; Cuéllar Cisneros ya dijo que ese asunto “no nos compete”. Ambos nos han dejado en la orfandad, priorizando el costo político sobre el estado de derecho. Estamos jodidos y encerrados.
Las tres de ley… 1- Digan lo que digan en el PAN no han podido desmentir las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, correspondientes al Ejercicio 2022, donde se concluyó que el partido azul incurrió en “fraude de ley” al contratar a su dirigente como proveedora.
2- Miriam Martínez tiene excelentes abogados y eso se ha demostrado, pero si al médico le ocultas los padecimientos o los motivos de tu enfermedad, no esperes que te salven cuando lleguen los achaques derivados de tus excesos en el “atasque”
3- La presidenta del PAN se equivoca al considerar que las cartas aclaratorias limpiarán las impurezas de su administración. ni “El Sol de Tlaxcala”, ni los demás medios estamos en una campaña para desprestigiar a nadie, y suponiendo -sin conceder- que tuviéramos esa finalidad… los panistas ya hicieron lo suficiente y se nos anticiparon a esa tarea.
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