Tal y como sucediera hace algunos meses, nuevamente “los extranjeros” se encuentran en el ojo público, ahora por lo que parece ser una denuncia formal presentada por Luis Eliseo Arteaga Uribe, ex colaborador de este gobierno, ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, dirigida a María Isabel Delfina Maldonado Textle. El documento fue socializado en redes sociales y directamente con la prensa local.
En este documento Arteaga Uribe, que se identifica como licenciado en Derecho, expone una serie de irregularidades: faltas administrativas (graves y no graves) y posibles delitos cometidos por diversos funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), esa que fue impulsada por el actual Secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.
La denuncia detalla hechos ocurridos entre julio de 2022 y febrero de 2023, relacionados con el mal manejo de procedimientos administrativos, encubrimiento, abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, y otras conductas ilícitas que afectan la administración pública y el servicio en la PROPAET. No sería la primera vez que algo así se dice, incluso algunos especialistas sostienen que la afectación a nuestras áreas verdes, como la Malintzi, se ha visto acelerada como si tres sexenios hubieran transcurrido.
Por eso vale la pena poner especial atención en estos documentos hechos llegar a distintos medios, entre ellos el de su servidor, con los que se tiene la finalidad de denunciar formalmente a funcionarios de la PROPAET por presuntas faltas administrativas y delitos, solicitando la intervención de la Secretaría de la Función Pública para investigar y sancionar a los responsables, además de hacer valer los derechos del denunciante, quien alega haber sido víctima de abuso laboral, presión psicológica y despido injustificado.
Irregularidades en procedimientos administrativos: En este punto se señala que los procedimientos administrativos en la PROPAET no cumplen con la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala, incluyendo inspecciones y verificaciones ambientales arbitrarias o sin formalidades legales. Aquí se reporta la pérdida de aproximadamente 50 expedientes administrativos, incluyendo casos específicos (PROPAET-DEN-114, PROPAET-DEN-131), lo que sugiere encubrimiento o negligencia pero solo en algunos casos.
Faltas administrativas y posibles delitos: En este punto se señala a funcionarios como Iván García Juárez (Procurador), Nadia Martínez Sánchez (Secretaria Técnica), Joaquín Eduardo Méndez Villet (Director Jurídico), entre otros, todos ellos acusados de faltas graves como cohecho, abuso de funciones, tráfico de influencias y encubrimiento, además de delitos penales como corrupción y abuso de autoridad, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal del Estado.
Paralelamente se denuncia la presión para emitir resoluciones condenatorias sin sustento legal, con el objetivo de cumplir “cuotas” de sanciones, lo que implica prácticas corruptas. Abuso laboral y despido injustificado, serían dos que se tendrían que tipificar.
Arteaga Uribe describe haber sido sometido a una carga laboral excesiva (hasta 30 actas de investigación diarias con recursos limitados), presión psicológica y hostigamiento por parte de superiores. Su despido el 20 de enero de 2023, comunicado por Emilio de la Peña Aponte, hoy diputado local, se presenta como injustificado, sin explicación clara y con irregularidades en el proceso de entrega-recepción.
Por si fuera poco en este mismo documento se habla de encubrimiento y manipulación de documentos, pues se acusa a Nadia Martínez Sánchez y Ángel Alberto Díaz Severiano de destruir o alterar expedientes administrativos, así como de realizar notificaciones ilegales a nombre del denunciante sin su consentimiento.
En el mismo documento se reporta el intento de obligar al denunciante a firmar documentos falsos para encubrir omisiones, como en el caso de denuncias de la Coordinación de Bienestar Animal.
Como remate se señala a los involucrados de plagio y negligencia en normativas, pues a decir del denunciante el Código de Conducta de la PROPAET fue señalado por la Consejería Jurídica del Estado como un plagio, mientras que el Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente presentaba errores graves, lo que refleja falta de profesionalismo y supervisión en la redacción de estos importantes documentos.
A pesar de las correcciones solicitadas, los directivos minimizaron las observaciones, argumentando que las leyes no están sujetas a derechos de autor, y sin embargo nadie podrá negar que este tipo de negligencias han tenido un impacto negativo en la gestión ambiental y transparencia de esta procuraduría que desde el Poder Legislativo fue impulsada con mucho interés, sin que hasta ahora nadie más que “los extranjeros” sean los beneficiarios directos con espacios, salarios, nuestros arboles, la madera “afectada” por el gusano descortezador y hasta con la basura de los tlaxcaltecas.
La denuncia expone la desatención de 277 denuncias en temas como maltrato animal, contaminación y recursos vegetales, muchas de ellas remitidas por entidades como la Secretaría de Medio Ambiente, CONAGUA, PROFEPA y municipios. Además se destaca la falta de recursos (sellos, credenciales, equipos) y capacitación, así como la obstrucción de la transparencia, como la negativa a publicar un Boletín Jurídico o a cumplir con obligaciones de acceso a la información.
Las acusaciones de corrupción, abuso laboral y negligencia administrativa -realizadas por alguien que conoció sus entrañas- sugieren una gestión deficiente que podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones estatales y la efectividad de las políticas ambientales. El señalamiento de influencias políticas (como la mención de Emilio de la Peña Aponte) refleja posibles redes de poder que obstaculizan la rendición de cuentas en el estado y tomando en cuenta que en la revisión de las cuentas públicas influyen los amigos, bien podría pensarse que aquí habrá un conflicto de intereses
Qué opinarán los empresarios sobre la presunta presión para emitir resoluciones condenatorias sin sustento legal, con el objetivo de cumplir “cuotas” de sanciones impuestas por la dependencia. Según Arteaga, el director de inspección, José Joob Urióstegui Bahena, instó al personal a priorizar sanciones económicas sobre el apego a la legalidad, negociando resoluciones en su despacho. Esta práctica, de confirmarse, no solo violaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que también minaría la credibilidad de una institución creada para proteger el entorno tlaxcalteca.
