La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las escuelas que integran el Sistema Educativo Nacional pueden solicitar, mediante juicios de amparo, suspensiones contra los lineamientos que regulan la distribución y venta de alimentos procesados en los planteles, promulgados el 30 de septiembre pasado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por unanimidad, el pleno aprobó ayer un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre la contradicción de criterios 137/2025, lo que zanja el debate iniciado en dos tribunales sobre si las instituciones educativas, y no sólo los vendedores de los productos denominados chatarra, pueden solicitar esa suspensión provisional, siempre y cuando las escuelas demuestren que pueden verse perjudicadas por dichas normas.
“Sí se cuenta con interés para solicitar la suspensión provisional, al encontrarse dicho ordenamiento también dirigido, no sólo a quien comercializa, sino al igual, a toda escuela del Sistema Educativo Nacional, las cuales, de la propia norma se desprende, tienen obligaciones e incluso sanciones en relación con su incumplimiento”, expuso la ponente.
Los lineamientos fueron impugnados por varias instituciones, entre ellas el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.
El Cinvestav defendió vender y publicitar productos procesados o con sellos que cumplan normas sanitarias, preparar alimentos en cafeterías sin prohibiciones absolutas de ingredientes y evitar sanciones derivadas de los lineamientos.
