Una grave filtración de datos personales, académicos y administrativos desde la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos del Estado (USET), encabezada por Homero Meneses Hernández, pone en riesgo a al menos 3,249 alumnos de la entidad.
La información sensible circula en el mercado negro digital, exponiendo a los menores a amenazas como fraude, extorsión y usos indebidos en procesos electorales, según revelan dos investigadores independientes en ciberseguridad.
Los datos comprometidos incluyen nombres completos, CURP, domicilios, localidades, municipios, códigos postales, correos electrónicos, números telefónicos fijos y celulares, estado civil, sexo y condiciones de discapacidad.
Además, se filtraron credenciales de acceso al Sistema Integral de Escuelas Normales de Tlaxcala, como nombres de usuarios, correos, contraseñas cifradas (que representan un riesgo latente), y roles administrativos. Investigadores advierten que archivos en formato XML corresponden a certificados electrónicos de estudios timbrados por el SAT, confirmando su carácter oficial.
“Filtraron la base completa del Sistema Integral de Escuelas Normales de Tlaxcala y expusieron a miles de alumnos a posibles casos de fraude y extorsión. Pero la nota en medios es que tienen un pan gigante”, ironiza un especialista en ciberseguridad consultado, aludiendo a las prioridades de la dependencia, que ha enfocado esfuerzos en eventos como la clausura de los 500 años de la conquista de México y un Récord Guinness, en lugar de abordar esta crisis.
Hasta el momento, ni la SEPE-USET ni su titular, Homero Meneses Hernández, han emitido pronunciamiento oficial sobre el incidente. Esta omisión contrasta con el acceso restringido que deberían tener estos datos: exclusivamente funcionarios del sector educativo. Sin embargo, la brecha permite su comercialización en grupos públicos de redes, donde se venden para fines opacos, incluyendo manipulación electoral.
La filtración viola normativas de protección de datos y podría derivar en sanciones graves. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y el Código Penal estatal, los responsables enfrentarían multas, suspensiones, destituciones o inhabilitaciones de hasta varios años.
Órganos como los Internos de Control o la Secretaría de la Función Pública podrían aplicar amonestaciones, suspensiones de empleo (de tres días a un año) o sanciones económicas. No obstante, la reciente desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de Tlaxcala genera dudas sobre la efectividad de estas medidas, ya que, incluso en su existencia, las quejas rara vez prosperaban.
Este caso se enmarca en una ola de vulnerabilidades en el sector educativo nacional. En abril de 2025, un ciberataque masivo afectó a más de 5 mil estudiantes, profesores y administrativos de escuelas dependientes de la SEP federal, filtrando datos médicos y personales.
En septiembre y octubre, hackers como el grupo Sociedad Privada expusieron información similar de miles de alumnos en Baja California y Coahuila, incluyendo tipos de sangre y padecimientos, a través de plataformas como Servoescolar. Expertos urgen a la SEP revisar convenios con proveedores estatales, ya que muchos sistemas carecen de medidas básicas como autenticación de dos factores.
Padres de familia y activistas exigen acciones inmediatas: notificación a afectados, auditorías de seguridad y responsabilidades claras. “Usted y yo definitivamente no tenemos acceso a esa información, pero ahora el mundo entero sí”, advierten los investigadores.
