75 millones, 10 mil pesos es la cantidad aproximada que resulta de las “donaciones voluntarias” que son permitidas por la autoridad escolar en Tlaxcala.
De ese tamaño es el gran negocio en el que se ha convertido la educación pública en nuestra entidad, con la complicidad del Estado.
Pero es probable que mi estimación sea corta y que el negocio escolar sea aun mayor y le explico por qué.
Por si usted no lo sabe este lunes regresan a las aulas 375 mil 50 alumnos, de 2 mil 469 escuelas públicas y privadas de educación inicial, básica, media superior y superior de todo el territorio estatal.
Aunque no en todas las escuelas es solicitada la misma “aportación voluntaria”, es un hecho que en todas las instituciones existe una “cuota”, ya sea para intendencia, compra de material, bonos de mantenimiento, seguro escolar, cuota anual, o como a usted se la soliciten. Todo es parte del negocio.
Así que si tomamos como base esos $200 que la semana pasada fueron denunciados en el cobat 01 de El Sabinal, multiplicándolo por los 375 mil 50 alumnos, el resultado es de más de 75 millones de pesos. Aunque hay escuelas donde las cuotas son hasta de mil pesos.
Por eso no entiendo la respuesta ligera de Homero Meneses Hernández, cuando la semana pasada afirmó desconocer estos cobros, pero los justificó diciendo que no eran cuotas sino “aportaciones voluntarias” y para el caso del bachillerato son “ingresos propios”.
Allí mismo Meneses Hernández justificó el negocio institucionalizado al referirse al acuerdo publicado el pasado 11 de agosto, respecto del articulo 7, fracción cuarta, inciso C, de la ley general de educación, documento por el que se regularizan las “cuotas escolares” y “donaciones voluntarias”.
Aunque ha sido la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos la que, a través de su presidenta, ha dejado claro que ningún “acuerdo” puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esta declaración Homero Meneses se arriesga a recibir más asuntos relacionados con el desvio de estos dineros para asuntos ajenos al ámbito escolar, tal como ocurrió con Liliana Becerril en la secundaría técnica número 1, de la capital.
Pensar que el reglamento -que incluye la rendición de cuentas por parte de los comités de padres de familia y la prohibición de que funcionarios públicos metan las manos en estos asuntos- será garante de eliminar estas conductas ilicitas, es apostarle a la buena voluntad de los administradores. De verdad son ingenuos.
Por cierto, esos asesores de los burocratas -a quienes les han privatizado la salud- debieron contemplar el regreso a clases para continuar presionando.
O no cree usted que la mitad de los 23 mil docentes de nivel básico, que hoy retornan a clases, hubieran sido una muestra del musculo magisterial.
Quizá la solidaridad hubiera aflorado en este momento para ejercer presión en una fecha significativa que pudo haber tenido más eco que su marcha organizada en periodo vacacional.
No es lo mismo hacer un paro, o una manifestación en ese periodo de descanso, cuando todos andan relajados, que hacer ese mismo ejercicio en pleno regreso a clases. Les falta mucho “oficio” a esos los “líderes”.
¿O acaso usted cree que el anuncio y los actos de privatización para los burocratas se hicieron en pleno periodo vacacional por pura casualidad?. Le apuesto que no.
Las tres de ley… 1- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, tardó pero se manifestó y dijo que el derecho a la educación es inalienable y no debe estar sujeto a ningún tipo de condición económica.
Su boletín es un llamado a misa y nada más, sin embargo el comunicado detalla algo que pocos padres de familia conocen y aquí lo dejo para que se pueda socializar con aquellos que se deseen inconformar.
2- Recordó que este derecho se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3°, que establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación con respeto irrestricto a la dignidad de las personas y con un enfoque de derechos humanos.
Consideró que es inaceptable que se prive a cualquier niña, niño o adolescente de su derecho a la educación por no poder pagar una cuota o no tener el uniforme adecuado; estas prácticas, no solo violan nuestros principios constitucionales, sino que también atentan contra los derechos humanos de los menores, por lo que las autoridades educativas deben entender que ningún acuerdo interno puede estar por encima del derecho fundamental a la educación.
3- Ordoñez Brasdefer hizo un llamado a las autoridades educativas y a la sociedad en general a respetar y proteger el derecho a la educación, así como tener claro que las cuotas escolares no deben ser un obstáculo para el acceso a la educación.
En caso de cualquier presunta violación a este u otro derecho, cualquier persona, madre, padre de familia, estudiante o persona servidora pública puede acudir a las oficinas de la CEDHT ubicadas en la avenida Arquitectos No. 27 de la colonia Loma Bonita del municipio de Tlaxcala a presentar su queja, proporcionar los datos de su queja a los teléfonos 246 46 21630 o al correo electrónico [email protected], los siete días de la semanas, dice su comunicado. Acérquese y exponga su caso.
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