El abuso desmedido de diez o veinte personas -y uno o todos los sindicatos- ha orillado al gobierno estatal a terminar con el antiguo esquema que mantuvo desde la creación de Farmacias de Pensiones Civiles del Gobierno del Estado. Los datos no son públicos pero aquí les presento algunos.
Se trata de un “robo institucionalizado” efectuado y acreditado en el año 2020, el último de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, en el que la deuda ascendió a 6, 719, 043.95 pesos, por concepto de servicios médicos que los burócratas tenían como beneficio. En todos los años hubo desvíos, pero este fue el mayor.
En aquel año los trabajadores pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dejaron un deficit superior al millón de pesos; el despacho del gobernador tuvo el segundo lugar por más de 800 mil pesos y la Oficialia Mayor de Gobierno con más de medio millón de pesos quedó en el tercer lugar. Todo esto únicamente corresponde al año 2020.
Dicho de otro modo, los trabajadores que este día se manifestarán en contra de la medida que busca otorgar los servicios médicos a través de un particular, tendrían que reclamar a sus dirigentes y compañeros que en el 2020 dejaron un monto millonario por concepto de gastos médicos, que solo ellos saben si necesitaban o simplemente usaban de manera desmedida.
Nadie podrá defender al gobierno por privatizar los servicios médicos de los burócratas, porque no existe antecedente de esta acción en gobiernos anteriores, sin embargo la historia eligió a Lorena Cuéllar Cisneros para llevar a cabo este movimiento que es, necesario y urgente, según lo expuesto ayer por miembros de este gobierno.
¿Que los trabajadores mataron a la gallina de los huevos de oro?, nadie podrá decir lo contrario, pues aunque el gobierno no haga público el padrón de deudores y de abusadores de este esquema, son los propios dirigentes sindicales los que conocen estos antecedentes, ahí están las minutas firmadas.
En lo personal sentencio y recrimino a quienes, abusando del viejo esquema, se beneficiaron vendiendo medicamentos y cobrando en efectivo los beneficios que se tenían, pero también en lo personal busco alternativas a este círculo vicioso… y no encuentro opciones.
Son más de cien millones de pesos que el gobierno tenía para medicamentos y servicios médicos los que ahora serán pagados a la empresa responsable de ofrecer este servicio.
Imagínese usted el tamaño de monstruo que representaba este concepto, que cien millones resultaron insuficientes para solventarlos y por eso serán entregados a una empresa externa que ofrecerá estos servicios.
Ahora lo que puede y debe hacerse es levantar las denuncias y proceder en contra de los ex trabajadores de farmacias que, aprovechándose de su posición, se dedicaron a engrosar sus cuentas personales sabiendo que esto podía suceder. Ahí hay fraude y corrupción, por decir lo menos.
¿De qué le sirve a los trabajadores saber que en cuanto a medicamentos no recibirán similares ni genéricos, y que solo genéricos intercambiables (GI) serán garantizados para tratar sus padecimientos?, creo que a nadie.
Aunque científicamente está comprobado que los medicamentos actúan en igualdad de condiciones cuando son “de patente” o “genéricos intercambiables”, el asunto no es ese.
El problema es que en la cabeza de los trabajadores están perdiendo un “beneficio”, cuando en verdad no es cierto o eso sostienen las autoridades que afirman se continuará con atención médica de primera, pero nadie se los explica a los trabajadores y dudo que sus “líderes” lo hagan. De hecho ayer mismo salieron para desmentir minutas que ellos mismos firmaron.
El problema mayor del gobierno estatal será socializar la información para que los beneficiarios sepan que lo único que se pierde es “el nombre” del medicamento, pero que los beneficios seguirán gracias a los componentes que se encuentran en los GI.
¿Quién entiende esto?, solo algún médico o quienes hayan ingresado a las reuniones técnicas entre gobierno y sindicatos que, ayer nos confirmaron, si se llevaron a cabo previamente para analizar y acordar este cambio. Ojo, en la rueda de prensa ofrecida ayer por los líderes sindicales confirmaron que tenían conocimiento.
Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno, fue enfático al confirmar que del 2011 a la fecha (2023), las pérdidas económicas para los gobiernos estatales han sido millonarias y que eso impedía mantener el servicio como actualmente se otorga.
Que nadie en otra administración se haya atrevido a llevar a cabo este paso no implica que no haya sido necesario. Por eso ahora se concreta y este gobierno asume el costo económico, político y social. ¿Habrá quien dude de eso?.
Lorena Cuéllar Cisneros debe aceptar que las manifestaciones que se le vienen por delante serán muchas, con argumentos y también algunas enarboladas por “líderes” que buscan sacar raja política de esta situación. Enrique Escobar será uno de esos.
Pero si los antecedentes y los hechos la respaldan, y se saben comunicar correctamente, entonces al final habrá logrado un paso que ninguno de sus antecesores se atrevió a dar. Estabilizar y garantizar un servicio que por años generó caos y manifestación.
La historia la juzgará y quizá, si sabe respaldar con datos y hechos su decisión, podrá ser la mujer más votada y la que -aún a costa de su popularidad- rescató las finanzas estatales del pozo sin fondo que representaban los gastos médicos que hasta el 31 de julio se tenían en Tlaxcala. Los hechos ahí están.
Las tres de ley… 1- díganle como quieran, pónganle moños, romanícenla al “son” que gusten, pero lo que ayer se anunció se trata de una pri-va-ti-za-ción. Justificada, quizá, pero privatización al final del día.
Con este anuncio a partir de este 1 de agosto dejará de funcionar el Módulo Médico del gobierno del estado y se pondrán en marcha los nuevos Módulos Médicos de Salud Integral, a cargo de la Operadora de Servicios Médicos M.L S. A de C.V., ganadora de licitación para subrogar esta atención.
2- Miguel Sánchez Ramírez, director jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob), sostuvo que no habrá menoscabo a los derechos de los trabajadores, por el contrario, “van a ser aumentados”.
Lo que le faltó decir es que desde el año 2000 -fecha de creación de las farmacias de Pensiones Civiles- han sido 23 años en los que este esquema dejó un adeudo superior a los cien millones de pesos entre diferentes proveedores. El Oficial Mayor tuvo que salir al paso para dar este “pequeño” detalle.
3- Ojalá que con las manifestaciones de los sindicatos, los integrantes del gobierno se animen a exhibir a las familias y sindicatos que en los últimos 12 años han gastado poco más de 8 millones de pesos. Ojo son familias.
La lista incluye a 20 personas -de un mismo gremio sindical- que en más de una década han gastado más de 50 millones de pesos. También se vale defenderse y con datos en mano es más sencillo.
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