La indiferencia y omisión de autoridades de todos los niveles de gobierno hacia un grupo de más de 60 ex trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT) que hace más de una década fueron despojados de su fuente laboral y quienes continúan en busca de justicia laboral, ha dejado consecuencias económicas, afectaciones a la salud mental y en algunos casos enfermedades mortales entre los ex empleados del subsistema.
10 años de lucha y de enfrentar al aparato burocrático del estado y el país se refleja en el andar, rostro y mirada de los demandantes, quienes manifiestan su frustración por ser ignorados, engañados y relegados.
El juicio que emprendieron ante su despido injustificado se mantiene empantanado en los tribunales, mientras gobiernos van y vienen sin dar respuesta a su principal demanda: el respeto a sus derechos laborales.
La ineptitud de la dirección general del COBAT a cargo de Darwin Pérez y del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Staicobat), quienes le dieron la espalda al grupo de empleados provocó que el asunto llegará a manos del presidente Andrés López Obrador.
El caso es otra herencia del autoritario y rencoroso gobierno de Mariano González Zarur, quien por motivos políticos despojó a 172 trabajadores adscritos a diferentes planteles, a la dirección general, administrativa y académica del COBAT de su base sin importarle que contaban con 4, 15, 20 y hasta 28 años de servicio.
En su busca de venganza González Zarur dejó a 172 familias tlaxcaltecas sin sustento, los ex trabajadores se quedaron sin su fuente de ingreso del que dependían hijas, hijos, nietos y hasta adultos mayores.
Actualmente, se mantienen 64 demandas activas y 16 laudos se han ganado, sin embargo, no han sido solventados y no hay avance en el proceso; el resto de trabajadores han desistido o aceptado negociaciones muy por debajo de lo que estipula la Ley Federal del Trabajo.
En algunos casos más dramáticos, los ex trabajadores enfermaron y fallecieron sin lograr que su caso se resolviera, son al menos cuatro decesos que reportan los demandantes en estos 10 años; además de que otros demandantes fueron diagnosticados con enfermedades como cáncer.
Dos fallecimientos sucedieron en plena pandemia sin que los ex empleados del COBAT pudieran acceder a servicios médicos y tratamientos para cuidar su salud.
Los representantes de los 64 ex trabajadores que mantiene la demandan exigen que el gobierno del estado intervenga y logren un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Además de la indiferencia institucional, los ex trabajadores del COBAT deben padecer el oportunismo de “abogados” que buscan su interés económico antes que defender la causa de sus representados.
Zenón Tecuapacho es quien durante estos 10 años ha encabezado la defensa de los demandantes, tiempo en el que objetivamente no ha conseguido ningún logro, ya que de los 16 laudos que se han ganado, ningún ex empleado del COBAT ha podido cobrar el recurso que se acordó en el juicio.
Existen denuncias de que el porcentaje que exige Zenón Tecuapacho por sus servicios es del 25 por ciento en caso de ganar el laudo, y por si fuera poco los demandados deben pagar una cuota mensual al abogado para cubrir los gastos de representación.
Es decir, el abogado ha cobrado durante años sus honorarios sin lograr que un solo empleado reciba el recurso que le corresponde por ganar la demanda.
El asunto como se lo comente ya está en manos del presidente López Obrador, la ineptitud de funcionarios que han demostrado que no cuentan con la capacidad para desarrollar la responsabilidad que les ha delegado la gobernadora Lorena Cuéllar siguen acumulándole a la administración estatal que se reflejan en expedientes negativos ante el Gobierno Federal.
Los ex empleados del COBAT que han sufrido atropellos y la violación a sus derechos arreciarán sus protestas para exigir justicia pues no están dispuestos a perder lo que por derecho les corresponde y el asunto escalará a otros niveles. Ya lo verá.
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