El accidente que costó la vida a dos agentes de la CIA en la sierra de Chihuahua no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que revela una profunda crisis de soberanía, transparencia y legalidad en el gobierno estatal panista.
Este caso ejemplifica una práctica recurrente en ciertas facciones del PAN: la subordinación de facto de intereses estatales a agendas de seguridad extranjeras, al margen de la ley y del conocimiento del gobierno federal. Son los mismos que claman por ayuda para nuestra “frágil y joven democracia”
El punto central de la crítica es la abierta violación a la Constitución Mexicana. La excusa de que los agentes iban “de aventón” o eran “instructores de drones” resultó insultante.
La confirmación de que eran agentes activos de la CIA, que participaban en operativos antinarcóticos y vestían uniformes mexicanos para mimetizarse demuestra que hubo una estrategia deliberada de ocultamiento. La Fiscalía de Chihuahua actuó como cómplice de una operación ilegal, lo que no es “colaboración” sino delegación de funciones de seguridad a un poder extranjero.
El entreguismo no es nuevo en el PAN, pero lo que hace especialmente grave el caso de Chihuahua es que no se trata de una iniciativa federal, sino de un gobierno estatal actuando como actor internacional por cuenta propia.
La declaración del secretario de seguridad estatal abriendo la “Torre Centinela” para la presencia permanente del FBI, la DEA y la Patrulla Fronteriza es alarmante. Implica ceder espacios de inteligencia sin autorización de la Cancillería mexicana, reflejando una ideología que concibe a Estados Unidos como un superior jerárquico al que hay que complacer a costa de la ley.
La gobernadora “Maru” Campos construyó una narrativa falsa desde el primer momento. El cambio de versión no fue un error de comunicación, sino una estrategia de simulación que refleja desprecio por la rendición de cuentas.
No es la primera vez que este gobierno recurre a la opacidad: recordemos las acusaciones sobre la “Mansión Dorada” y el resguardo de esa propiedad con elementos estatales, lo que dibuja el retrato de una administración que se siente con impunidad.
El PAN critica la centralización del gobierno federal, pero simultáneamente abre las puertas de su estado a agencias de inteligencia estadounidenses sin reparo.
Hay una contradicción insalvable: exigen respeto a la autonomía estatal frente al gobierno federal mientras negocian a espaldas de la Federación la presencia de agentes armados de otra nación. Esto no es federalismo, es neocolonialismo consentido.
La presidenta Sheinbaum ha actuado con firmeza al defender la Constitución. La Casa Blanca, por su parte, pide “empatía” por los agentes muertos, pero la empatía no puede confundirse con la complicidad. Si Estados Unidos quiere empatía, debe empezar por respetar el marco legal mexicano.
El “CIA Gate” es un parteaguas porque pone en jaque quién controla la fuerza y la inteligencia dentro del territorio. Es imperativo que el gobierno federal investigue y sancione a los responsables, que se revierta cualquier proyecto que implique presencia de agencias extranjeras sin control federal, y que quede claro que ningún gobierno estatal puede negociar por su cuenta con potencias extranjeras. La soberanía no se negocia, y menos aún desde una oficina de gobierno estatal.
Las tres de ley… 1- Después de la detención de Fernando N., identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana abre varias interrogantes: ¿cómo pueden localizar alguien en otro país, pero no al que vive en la misma colonia que se ubica la comandancia local?
2- Las detenciones internacionales suelen ser la excepción, no la regla. Dentro del país, se avanza en células operativas (halcones, almacenadores), pero las “cabezas verdaderamente importantes” permanecen intocables por un sistema judicial vulnerable a amparos, filtraciones y pactos de impunidad.
- Lo que se presume es justicia selectiva por debilidad institucional interna: No es que la autoridad no se sepa quiénes son los líderes, sino que la estructura local de protección suele ser más rápida y efectiva que la orden de aprehensión, mientras que en el extranjero el prófugo actúa sin esa red de seguridad. Sea como sea seguimos viendo aquí en Tlaxcala y en el país, que las autoridades detienen a quien quieren, cuando quieren.
