Los mismos que no aguantan un plantón en el Zocalo de la Ciudad de México y que fueron evidenciados por dejar sus casas de campañas solitas, solo por negarse a dormir lejos de su chimenea, coñac y su cama King Size, ahora hicieron lo mismo pero abandonando el plantón que habían impuesto en el Arco Norte, especificamente en Españita. Sí, son esos que dicen defender al campesino, pero que le han escondido el agua por años.
En el corazón del Bajío, donde el maíz no solo es alimento sino símbolo de resistencia, el Partido Acción Nacional (PAN) ha convertido el paro nacional de productores en un circo político.
Lo que se presenta como defensa del campo es, en realidad, una maniobra para desestabilizar al gobierno federal y negociar favores, todo mientras oculta sus propias garras sobre los recursos vitales del agro: el agua.
De lo particular en Tlaxcala a lo general en México, el panismo revela su hipocresía: clama por precios justos para el maíz, pero siembra sequía y acaparamiento donde gobierna o influye.
Comencemos por lo local, donde el PAN de Tlaxcala opera como un feudo familiar disfrazado de movimiento campesino. El pasado 27 de octubre, 80 “productores” de la región poniente bloquearon intermitentemente la Carretera Federal 136 en Francisco I. Madero, con tractores, un tráiler y camionetas.
Pero estos “inconformes” no son campesinos humildes, sino un puñado de intermediarios y acaparadores de Nanacamilpa y Hueyotlipan: las familias Taboada (Emigdio y Ormuz), Lara y Roldán (Miguel Ángel Aguilar y Jorge Roldán García, con sombrero o gorra panista).
Se autoproclaman representados por Vicente Roldán López, comisariado ejidal de San José Nanacamilpa, pero su juego es otro: quieren comprar barato a pequeños productores, almacenar y revender caro a harineras, engrosando bolsillos mientras el campo real se asfixia.
En un estado donde la cosecha de maíz apenas garantiza autoconsumo para familias tlaxcaltecas –como denunció la CIOAC Democrática en 2024–, estos acaparadores panistas son el verdadero estrangulador.
El alcalde de Nanacamilpa, Arón Vargas Ángel (PAN), no es ajeno. Gobernante desde septiembre de 2024 –tras el trágico suicidio de su antecesor morenista Oswaldo Romano Valdés–, Vargas ha sido ligado a redes de extracción ilegal de hidrocarburos, un delito federal que azota la región poniente. Ahí están los señalamientos hechos por sus propios gobernados.
Aunque no hay procesos abiertos en 2025, las sombras de “huachicoleo” en Tlaxcala y Puebla (773 denuncias en Puebla hasta octubre, según datos federales) lo salpican. Bajo su mando, las protestas del 14 y 27 de octubre –marchas a Españita, bloqueos con tráiler de placas dudosas (dos diferentes, una delantera y otra trasera)– no son espontáneas: son orquestadas para presionar a la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) por apoyos selectivos, ignorando que estos “productores” buscan subsidios para los suyos, no para el ejido.
Es el panismo tlaxcalteca en miniatura: un alcalde controvertido al frente de un municipio clave, impulsando movilizaciones que benefician a clanes locales mientras el verdadero campesino –golpeado por sequías y precios por los suelos– queda fuera.
De Tlaxcala al Senado, el guion se repite a escala nacional. El 15 de octubre, el Grupo Parlamentario del PAN –encabezado por Ricardo Anaya Cortés– montó una conferencia de prensa para “exigir” atención al campo. Aunque el unico campo que conozca sea uno de Golf.
Con senadores como Francisco “Paco” Ramírez Acuña, Imelda Sanmiguel y Miguel Ángel Márquez Márquez (exgobernador de Guanajuato), denunciaron recortes presupuestales (de 92 mil millones en 2015 a 74.5 mil en 2025) y precios de maíz en 5,200 pesos por tonelada, frente a costos de 40-50 mil por hectárea.
Pero eso es ¿defensa genuina o teatro político? El PAN, como oposición voraz en año preelectoral, usa el paro del Frente Nacional de Agricultores para desestabilizar: genera caos en carreteras, fuerza mesas en Segob y negocia apoyos focalizados.
En Tlaxcala, esto se traduce en pliegos petitorios entregados al titular de SADER, Julio Berdegué, durante el reconocimiento del Metepantle Tlaxcalteca como Patrimonio Agrícola Mundial, realizado este fin de semana en españita. Nacionalmente, alinea con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien respalda el movimiento mientras su estado –bastión panista– lidera protestas.
Pero el colmo de la hipocresía es evidente: mientras claman por el maíz, el PAN nacional oculta su “Cártel del Agua”, expuesto por Milenio el 21 de octubre. Ahí se dio a conocer que seis líderes panistas –Vicente Fox (con 10 concesiones en Guanajuato, 2.1 millones m³ hasta 2032), Márquez Márquez (múltiples para agroindustria), Ramírez Acuña (en Jalisco), Marko Cortés (182 mil m³ para aguacate hasta 2047), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes) e Ignacio Loyola Vera (Querétaro)– controlan 3.3 millones m³ anuales en la cuenca Lerma-Santiago.
Esto equivale al volumen de una presa mediana, suficiente para 330 personas por 274 años, según la OMS. Sume usted las 35 Concesiones desde 1996 (era Zedillo), ampliadas bajo Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012), priorizan exportaciones (brócoli de la familia Fox, aguacate de Cortés) y pipas a comunidades sedientas, exacerbando sequías en el Bajío –epicentro del paro maicero.
En Tlaxcala, clanes como Taboada-Roldán usan sombreros para acaparar; nacionalmente, el “Cártel del Agua” secuestra el recurso vital para el agro, beneficiando exportadores mientras el pequeño productor muere de sed y deudas. ¿Quiénes son los acaparadores y manipuladores?, responda usted lejos de filias y fobias.
