¿Quién en el Congreso del Estado determinó ensuciar de tal manera la designación de un comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax)?
El proceso fue ensuciado en el momento mismo en que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, Reyna Flor Báez Lozano, utilizando la mayoría de su partido, siguió línea para trabajar desde lo obscurito el proceso de selección.
Eso ocasionó un ruido innecesario tratándose de elegir a un integrante del órgano de transparencia.
Resultado de ese oscurantismo, fue la designación del un jurado calificador, en donde uno de sus integrantes corría el riesgo de ser descalificado por un potencial conflicto de intereses con alguna de las personas aspirantes. Aquí en este espacio se advirtió, y así ha sucedido.
No sólo es la magistrada en retiro, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, que ya de suyo es grave.
Entre ambos hay clarísimo conflicto de interés, no sólo porque la togada, después de asumir la presidencia del Poder Judicial, incrustó en la nómina a Francisco Mixcoatl Antonio, hoy integrante del jurado calificador, sino porque ella misma fue secretaria de Estudio del propio Mixcoatl Antonio cuando éste ocupó el cargo de comisionado.
Uno y otra se han favorecido cuando han ocupado cargos de relevancia.
Sin embargo, no es la única. En circunstancia similar está otra de las aspirantes Marlene Tlapale Tlapale. Si alguien no la conoce, debería llamar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que le den referencia.
Ahora mismo es secretaria particular de la ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasder, donde hace las veces de vicepresidenta.
El problema de Marlene Tlapale es que ocupó esa misma responsabilidad cuando Francisco Mixcoatl Antonio ocupó la presidencia de la CEDH.
Como en política nada es casualidad, no sería raro que la misma Ordoñez Brasdefer pueda influir a favor de Marlene Tlapale, siendo que la ombudsperson también ocupó el cargo de secretaria de estudio durante el periodo de Francisco Mixcioatl como comisionado de la hoy extinta Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (Caiptlax), donde pasó un largo periodo de recuperación después de una operación estética.
Estos antecedentes que aquí se describen por supuesto que pueden ser utilizados como argumentos por parte de personas aspirantes para impugnar jurídicamente el proceso de designación en el IAIP, e incluso organizaciones vigilantes del proceso de selección.
El mismo Congreso del Estado se ha metido en un embrollo del cual puede salir sólo con la exclusión de Francisco Mixcoatl Antonio como uno de los tres integrantes del jurado. U otra salida: que el mismo Mixcoatl Antonio se haga a un lado y presente sus razones por las que no puede seguir como jurado.
Aún es tiempo para alguno de esos dos escenarios, no hacerlo es arriesgarse a meter la designación en un pleito jurídico de quién sabe qué dimensiones.
¿No sabían las y los legisladores locales en qué se metían cuando determinaron nombrar dentro del sínodo a un originario de Tlaxcala y que, más aún, fue presidente del organismo de transparencia local?
Gran parte de esa responsabilidad hay que achacársela a la diputada Báez Lozano, quien ha encabezado los trabajos legislativos de este proceso en un oscurantismo que no tiene disculpa alguna.
Por lo demás, otro negro en el arroz es la inscripción de José David Cabrera Canales al proceso de selección de nuevo comisionado, pues fue uno de los responsables de la crisis del IAIP-Tlax, junto con Marlene Alonso Meneses y José Morones Servín. Esa crisis les costó a los personajes su destitución como comisionados y comisionada.
¿Y adivine usted quién era el asesor jurídico de Marlene Alonso Meneses, entonces presidenta del organismo de transparencia? Así es, lo adivinó: Francisco Mixcoatl Antonio. ¡Qué porquería!
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