La reaparición pública de la exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, en el foro “El Futuro de la Justicia: Independencia Judicial en México y su Entorno Regional” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 5 de noviembre de 2025, representa un intento nostálgico por reivindicar su gestión y cuestionar la legitimidad democrática de la reforma judicial aprobada en 2024.
La mujer impuesta por Enrique Peña Nieto califica los cambios como una “tormenta perfecta” propiciada por la “sobre representación” de Morena en el Congreso, pero además se asume como una defensora de la ley e insiste en que “hicieron todo lo posible” para defender la autonomía judicial y lamenta la llegada de juzgadores no profesionales, insinuando que el pueblo sentirá pronto los efectos negativos de no tener “juzgadores de carrera”.
Por si fuera poco la “Prima” de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de gobernación del priista Peña Nieto, confiesa estar “pensando cómo revertir” la reforma y atribuye el problema a una falta de educación cívica en la población. Ojo: no reconoce que los excesos del Poder Judicial y los miles de agravios hayan sido factor, para ella es nuestra falta de educación.
Esta narrativa, sin embargo, revela un elitismo persistente y una desconexión con la realidad democrática que la propia Piña ayudó a perpetuar durante su presidencia (2023-2025). Lejos de asumir responsabilidad por los fallos del Poder Judicial bajo su mando —como el nepotismo, la corrupción y las resoluciones que bloquearon reformas sociales—, opta por victimizarse y deslegitimar un proceso aprobado por mayoría calificada en el Congreso, ratificado en estados y respaldado por el voto popular en las elecciones judiciales de junio de 2025.
Su discurso evoca la defensa de un statu quo privilegiado, donde los jueces —acostumbrados, como ella misma admite, a “estar detrás de un escritorio” sin exposición pública— se veían como intocables. Piña atribuye la rapidez de la reforma a la “sobrerrepresentación” de Morena, que permitió modificar la Constitución sin oposición efectiva.
Esto no es nuevo: el INE asignó en agosto de 2024 las plurinominales dando a la coalición Morena-PT-PVEM 364 curules (73% de la Cámara), dentro del límite constitucional del 8% por partido, aunque superando interpretaciones estrictas que la oposición impulsó (y perdió) en tribunales.
Históricamente, esta figura ha beneficiado a coaliciones ganadoras: en 2015, PRI-PVEM excedió el límite en 9.7%; en 2018, la propia coalición de Morena lo hizo en 15.7%. Piña omite que esta “tormenta” fue el resultado de un mandato electoral abrumador (Morena y aliados obtuvieron ~54% de votos en 2024), no un “golpe” antidemocrático.
Al culpar a la “sobrerrepresentación”, Piña cuestiona indirectamente la voluntad popular que eligió a Claudia Sheinbaum y una mayoría legislativa. Es una táctica recurrente en su gestión: durante 2024, intentó maniobras para invalidar partes de la reforma, como cambiar votos requeridos en la SCJN o presionar al Tribunal Electoral.
Periodistas locales y nacionales la acusan de actuar con “desesperación” para preservar privilegios, alineándose con élites y oposición (PRI-PAN) en cenas secretas y bloqueos legislativos. Pese a ello la ex ministra favorita del prismo insiste en llamar antidemocrático lo que sucedió en la reforma al Poder Judicial.
Sin pudor advierte que el pueblo “sentirá el cambio” al no tener “juzgadores profesionales con experiencia”, insinuando inferioridad de los electos por voto popular. Esto perpetúa un clasismo judicial: durante su presidencia, el PJF fue señalado por nepotismo, fideicomisos opacos y resoluciones que protegían intereses de minorías rapaces. La reforma busca precisamente romper eso: elección popular, Tribunal de Disciplina y fin de privilegios como pensiones vitalicias.
Piña ignora que su PJF era ya politizado: bloqueó reformas de AMLO, protegió a exfuncionarios corruptos y fue acusado de “golpismo” y eso todos lo vimos en la televisión nacional, en los pocos medios que dieron la versión real y en quienes vimos a miembros de un sindicato sumarse a la manifestación de los ministros, frente al senado. ¿dónde estaban los ministros?, nadie sabe, pero los que acudían a manifestarse seguían recibiendo su quincena.
Las palabras de Piña evocan que el viejo sistema (nombramientos por cuotas PRI-PAN) era “lo mejor”. Durante décadas, eso significó impunidad para elites: resoluciones a favor de delincuentes de cuello blanco, lentitud crónica y corrupción.
Su elogio implícito a la reforma de Zedillo (1994) —que Piña alabó en informes pasados— ignora que creó un PJF neoliberal, distante del pueblo. Críticos de la izquierda progresista la tildan de “presidenta de los escándalos”, por reuniones con “Alito” Moreno y los miembros del poder judicial que tenían peso en las decisiones electorales. Nada les funciono.
Su llamado a “educar” al pueblo (“¿A quién le conviene un pueblo educado?”) suena paternalista: implica que los mexicanos votaron “mal” por no entender. En realidad, el 75% apoya la reforma por hartazgo a un PJF que falló en combatir corrupción. eso no lo dice, ni lo insinúa, aunque lo sabe y de sobra.
En contraste con su lamento otras voces del exterior reconocen que la reforma es un avance democrático: rompe monopolios, aunque con riesgos mitigables (comités de evaluación, requisitos estrictos).
Eso sí, Piña no propone soluciones reales; solo resiste el cambio que el pueblo mandató. Su intervención no es reflexión; es el eco de un poder que se resiste a rendir cuentas. El futuro de la justicia no está en revertir, sino en perfeccionar lo ganado. No me digan que cualquiera que haya ganado no cuenta con asesores, secretarios técnicos y otros miembros de ese poder que “si tienen experiencia”.
No olvidemos que apenas se renovó el 50% y con los que han quedado ahí se puede compensar la curva de aprendizaje y de paso ellos pueden mejorar su trabajo y atención para que, en la renovación que falta, la gente los vea como funcionarios independientes, dignos de repetir en el cargo… ese es el sentido de la reforma.
