En Tlaxcala, bajo la administración de Morena se ha dado un golpe contundente contra la impunidad en el ámbito notarial. La cancelación de la patente de Alejandro Moreno Morales, titular de la Notaría Pública No. 2 en Zacatelco, no es un hecho aislado ni un capricho político, como algunos pretenden hacerlo ver.
Es, en cambio, una señal clara de que el gobierno estatal está dispuesto a poner orden en un gremio que, por años, ha operado bajo la sombra de irregularidades y privilegios. De los lectores más de uno sabe de los excesos de estos intocables.
Sin embargo, el caso de Moreno Morales trasciende la mera sanción administrativa: es un reflejo de las fallas sistémicas que han permitido a ciertos fedatarios públicos actuar con una alarmante falta de probidad.
¿Cuántos afectados han existido, cuántas estafas han pasado, cuántos muertos se llevaron sus problemas, lamentos y molestias a la tumba?, eso nadie lo sabrá, quizá ni el mismo Moreno lo pueda calcular, pero se le acabó.
El pasado 9 de junio de 2025, a las 9 de la mañana, Moreno Morales perdió oficialmente su patente como notario, un desenlace que se gestó desde el 28 de julio de 2023, cuando una queja administrativa en su contra llegó a la Dirección de Notarías.
La resolución, emitida el 20 de enero de este año, dejó en claro que el fedatario incurrió en faltas graves, incluyendo el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo estipula el Artículo 118 de la Ley del Notariado, que obliga a los notarios a enterar oportunamente las contribuciones a cargo de terceros.
Peor aún, Moreno Morales violó el Artículo 225 de la misma ley, al incurrir en una evidente falta de probidad en el ejercicio de su función. La sanción, sustentada en el Artículo 220 Fracción IV, fue notificada mediante el oficio SEGOB/DJ/0155/2025 y ejecutada el 6 de junio, culminando con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.
Las acusaciones contra Moreno Morales no son menores. Se le señala por fraude y corrupción, incluyendo un caso que involucra a una clienta de una influyente familia de la Ciudad de México, quien lo demandó hace tres años por no entregar tres de las 30 escrituras prometidas.
Este episodio, lejos de ser un error administrativo, apunta a una negligencia deliberada y reiterada que pone en entredicho la confianza en el sistema notarial, solo que ahora no se la aplicó a unos campesinos o iletrados.
La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Dirección de Notarías para notificar la cancelación en la Notaría No. 2 de Zacatelco no solo simboliza el fin de la carrera de Moreno Morales como fedatario, sino también un mensaje: nadie está por encima de la ley.
Sin embargo, no faltan las voces que intentan pintar este caso como una persecución política. Algunos sectores sugieren que el gobierno de Lorena Cuéllar ha iniciado una “cacería de brujas” contra notarios disidentes, particularmente tras el conflicto de febrero de 2025, cuando 25 fedatarios fueron convocados a Palacio de Gobierno tras intentar cambiar la mesa directiva del Consejo de Notarios, algo que de hecho sucedió.
En esa reunión, donde estuvieron presentes Neri Toshiro León Sauza, de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica; Dora Delia Hernández Roldán, directora de Notarías (hoy funcionaria del poder judicial), y el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, se dejó claro que la insubordinación no sería tolerada.
Todos sabemos que días después les llegó un calambre que puso a temblar a más de uno -Excepto a Aarón Pérez Carro-, a él solo lo hace temblar Ayotzinapa y recordarle que debe explicación por 43 vidas de estudiantes desaparecidos.
La destitución de Selene Cabrera García como presidenta del Consejo y la imposición de José Aaron Pérez Carro refuerzan esta narrativa de control estatal y de eso creo que muy pocos pueden tener duda.
Además, la auditoría en curso a notarios como Selene Cabrera García, Miguel Tizatl Santos y Oswaldo Ramírez Ortiz sugiere que el caso de Moreno Morales podría ser solo la punta del iceberg. Pero insisto, lo de Moreno no debe ser distorsionado, porque elementos sobran.
Reducir este episodio a una vendetta política es un intento burdo de desviar la atención. Las pruebas contra Moreno Morales son contundentes, y su historial de irregularidades no admite defensa.
La cancelación de su patente no solo protege a los ciudadanos de un fedatario que ha fallado en su deber, sino que también establece un precedente para el resto de aquel gremio: la probidad no es negociable.
La Dirección de Notarías, al cerrar el protocolo de folios y asegurar la continuidad de los trámites pendientes, demuestra un compromiso con la legalidad y la transparencia que Tlaxcala necesita con urgencia.
¿Alguien recuerda que antes de Dora Delia Hernández existió un joven que, de la noche a la mañana se hizo, o intento hacerse millonario en el Registro Público, de él quién ha dicho algo?,
¿la justicia no debería llegar también a esa instancia?, será que ahora en su nueva encomienda la nueva integrante del Poder Judicial si haga valer la legalidad o seguirá siendo omisa, como hasta ahora en el Registro Público?
El caso de Alejandro Moreno Morales no debe verse como un hecho aislado, sino como un capítulo en la lucha contra la corrupción en un estado donde los privilegios de unos pocos han dañado la confianza pública.
Mientras algunos notarios claman persecución, los ciudadanos de Tlaxcala merecen preguntarse: ¿quién defiende a las víctimas de sus abusos? La respuesta es clara: un gobierno que, con todos sus defectos, está dispuesto a enfrentar a los intocables. Que este sea solo el comienzo y yo insisto, que también el gobierno llegue al Registro Público aunque los roedores sean hijos de las amigas, o las comadres. Nadie por encima de la ley.