La destitución del director de Seguridad Pública de Papalotla, Javier Durán Altamirano, no debería haber sido una sorpresa. Los señalamientos, las quejas ciudadanas y las presuntas irregularidades acumuladas durante su gestión eran ya un secreto a voces.
Lo verdaderamente grave, y revelador, ocurrió después: los elementos de la corporación decidieron responder con un paro total de labores.
Este no es un simple conflicto laboral. Es una insubordinación abierta que deja al descubierto dos problemas estructurales y profundos en muchos municipios del país: la forma clientelar y poco profesional con la que se designan a los mandos policiales, y la falta de profesionalización real de las corporaciones municipales.
Al iniciar un paro como medida de presión para impedir la llegada de un nuevo director, los policías de Papalotla no solo han abandonado su obligación constitucional de proteger a la ciudadanía; han enviado un mensaje clarísimo: ellos deciden quién manda y quién no dentro de la corporación.
Eso es gravísimo. Significa que la cadena de mando formal, aquella que supuestamente emana del Ayuntamiento, es ficticia.
El poder real parece estar en manos del comandante operativo Alberto Torres y de un grupo que se resiste a perder control interno.
Con esta actitud, los uniformados han desnudado a quienes los designaron y los toleraron durante tanto tiempo.
Porque si un director acumuló tantas críticas y aun así permaneció en el cargo, es porque alguien lo protegió o lo impuso.
Y si ahora que se le remueve la corporación se amotina, queda en evidencia que la autoridad municipal nunca tuvo realmente el control de su propia policía.
Los que nombran a estos funcionarios sin criterios claros de mérito, experiencia probada o integridad, hoy ven cómo su decisión se les revierte en la cara.
La falta de profesionalización es alarmante. Una policía profesional entiende que su lealtad es a la institución y a la ciudadanía, no a un jefe en particular ni a un grupo de poder interno.
Actuar como un sindicato de presión, dejando sin patrullaje ni atención a emergencias a un municipio entero, es la mejor prueba de que en Papalotla (y en muchos otros lugares) se sigue viendo la corporación policial como botín político o feudo personal, y no como un servicio público esencial que requiere disciplina, formación continua y rendición de cuentas.
Esta crisis deja a los habitantes de Papalotla en una situación de absoluta vulnerabilidad. Mientras los policías negocian cuotas de poder interno, las familias quedan expuestas.
Lo más preocupante es el silencio del secretario del Ayuntamiento. Esa ausencia de liderazgo solo confirma la debilidad institucional que permitió que llegáramos a este punto.
Urge que los gobiernos municipales entiendan algo básico: no se puede seguir nombrando directores de policía por cuotas, compadrazgos o lealtades políticas.
Se necesita gente con preparación, con trayectoria limpia y con capacidad real de mando. De lo contrario, seguiremos viendo cómo las corporaciones, en lugar de proteger a la sociedad, se convierten en un problema más de inseguridad e ingobernabilidad.
Papalotla es solo el espejo. El problema es reflejo regional. Y mientras no se ataque de fondo la politización y la improvisación en las policías municipales, seguiremos pagando las consecuencias en seguridad y en confianza ciudadana.
