Mientras el perfil empresarial de Josefina Rodríguez Zamora es conocido y ella misma se ha defendido con vehemencia, la pregunta que circula con más fuerza es otra: cómo ha construido Iván García Juárez, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), el patrimonio que le permite ostentar anillos, relojes y un estilo de vida de lujo visible en fotografías y viajes.
García Juárez aparece en las imágenes del escándalo como la pareja de la secretaria federal de Turismo. Cuando Reforma contrastó el discurso de humildad y “justa medianía” de la 4T con lo que describió como “turismo puro lujo”, las fotografías mostraban accesorios llamativos.
Después circuló la acusación de que se editaron imágenes para eliminar relojes, cadenas y hasta el short de él. Si esa manipulación ocurrió, no es un detalle menor: revela el cálculo de que esos objetos podían leerse como contradicción abierta con el relato austero que Sheinbaum y antes López Obrador han repetido.
El funcionario es abogado, con licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, especialidad en Derecho de la Empresa y maestría truncada en Derecho Corporativo por la Anáhuac. Ha pasado por ASERCA, el proyecto del Banco del Bienestar, la Secretaría de Gobernación y la de Medio Ambiente de Tlaxcala.
Desde finales de 2021 o inicios de 2022 encabeza la PROPAET, una oficina que ha sido señalada por generar recursos de dudosa procedencia a través de multas o cobros que han sido cuestionados por quienes se dicen víctimas de esa nueva institución creada por su padrino político, el secretario de gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández, que trajo a García Juárez y a otros más a fortalecer su colonia extranjera.
En su declaración patrimonial de modificación 2022 García Juárez reportó, entre otros bienes, un BMW 135i adquirido a crédito en 2021 por más de un millón de pesos y un Rolex comprado de contado en 2019 por 200 mil. Sus ingresos netos anuales posteriores rondan el millón de pesos por el cargo público.
El problema no es el derecho de un funcionario a gastar su sueldo o su patrimonio previo. Es la percepción de incongruencia cuando quien encabeza la protección ambiental en Tlaxcala aparece en palcos de lujo del Santiago Bernabéu durante una gira a España por FITUR, acompañando a la secretaria federal, mientras en el estado persisten crisis de rellenos sanitarios, denuncias de maltrato animal y proyectos ambientales sin consenso. A eso,reitero, se suman señalamientos locales de cobros indebidos desde la propia PROPAET.
Este no es un caso aislado dentro de la 4T, en el movimiento existen problemas generados desde el corazón, que nacen en la alcoba y acaban destruyendo carreras políticas. Santiago Nieto dejó la UIF tras el escándalo de su boda en Guatemala.
César Yáñez enfrentó críticas similares por su matrimonio con la huamantleca Dulce María Silva. En ambos, la crítica no se limitó al gasto sino a la falta de sintonía entre el discurso de austeridad y la realidad exhibida.
La lección que se repite es que la “austeridad republicana” no se agota en rechazar vehículos oficiales de lujo o contener sueldos como se hizo con la “renovación” del Poder Judicial: exige mesura cotidiana y coherencia entre lo predicado y lo mostrado.
La secretaria federal defiende su posición como empresaria y su vida privada: Ambas cosas son legítimas. Lo más difícil de defender, si se confirman o no las ediciones fotográficas, es la decisión de intervenir la evidencia visual para ocultar signos de ostentación.
Esa acción, de ser cierta, implica un cálculo político: se sabía que esas piezas podían interpretarse como contradicción y en política, la percepción de incongruencia suele pesar más que las declaraciones formales.
El episodio es un termómetro de hasta qué punto el discurso de austeridad ha calado en quienes lo representan. Mientras exista distancia entre lo que se dice y lo que se muestra —y mientras el origen del anillo de compromiso, los relojes y el estilo de vida del titular de la PROPAET no se explique de manera transparente más allá del sueldo público—, las sospechas de tráfico de influencias y de posibles favores seguirán alimentando la narrativa crítica.
Yo le creo a Josefina Rodríguez Zamora cuando defiende lo que ha construido, porque quienes la conocen saben que lo mismo barre, que sirve mesas, o cobra en su restaurante y que jamás ha dejado de lado su labor empresarial y me consta que eso sucede.
Pero no será con esos argumentos como “Jose” pueda salir de este escándalo, toca aprender no solo a aparentar, sino a entender que su posición exige madurez y menos exposición, de otro modo, el mal de la 4T en el que se han convertido las parejas podría alcanzarla. César Yáñez y Santiago Nieto ya saben que esos errores se pagan caros.
La ciudadanía no exige pobreza a los gobernantes, exige congruencia. En este momento, centrada en Iván García Juárez, esa coherencia está en duda y la claridad de sus ingresos también.