Por muy productiva que haya sido la actual Legislatura local en su más reciente periodo ordinario de sesiones, y con un 80 por ciento de avance en su agenda legislativa, existe un pendiente que no es de este año y que no tiene justificación alguna para no haberlo abordado, al menos iniciarlo: los trabajos para instruir las discusiones en torno a la expedición de la nueva Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Tlaxcala.
Es cierto, hay un responsable directo, que es el diputado presidente de la Comisión de Movilidad y Transportes del Congreso local, Jorge Caballero Román, incapaz de haber iniciado su obligada labor legislativa.
Sin embargo, también lo es el gobierno estatal, señaladamente la Secretaría de Movilidad y Transporte, cuyo titular parece haber llegado solo a ocupar el asiento para esperar su salario cada 15 días.
La experiencia del funcionario es innegable, pues también ocupó la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el tiempo de los gobiernos panistas. Pero pareciera que no le sirvió de mucho.
Ya veremos qué sucede a inicios del próximo año, pero la presión por parte de los grupos organizados que manejan el servicio de mototaxis van a seguir generando inestabilidad, eso es seguro.
Fue el propio Caballero Román quien en noviembre pasado afirmó que el Poder Legislativo, antes de concluir este año, iniciaría los trabajos de un parlamento abierto para plantear y discutir los problemas existentes en el sector transportista, entre ellos el de mototaxis, con el objetivo de concluirlos en el mes de enero y presentar una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado antes de fenecer la actual Legislatura local.
Ya se vio que no fue así. Su omisión se reflejará, seguramente, en presiones para el Congreso del Estado a principios de 2024, y también presiones para el gobierno estatal.
En lugar de presentar un calendario de trabajo para sacar adelante la Ley de Movilidad y Transportes, Caballero Román priorizó la presentación de una iniciativa para reformar la Constitución Política local en lo relativo a los requisitos que debía cumplir el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno.
Una iniciativa que él ni su equipo de trabajo elaboraron, sino que fue producto del intermediarismo.
A él se la entregaron desde una oficina gubernamental para que la presentara al Pleno, y por eso la reforma salió tan apresuradamente porque ya estaba encima la renuncia de Sergio González Hernández como secretario de Gobierno para anunciar la llegada de Luis Antonio Ramírez Hernández, quien desde ese entonces ya fungía, desde la secretaría del Medio Ambiente, como el operador político y vicegobernador de esta administración estatal. Sólo faltaba la formalización.
La falta de trabajo y de compromiso del legislador local se refleja ahora con movilizaciones en la capital del estado que, a decir verdad, ya se habían tardado.
Desde hace más de una década se ha venido prestando el servicio de mototaxis en diversas comunidades y municipios. El número de mototaxis, desde entonces, ha crecido exponencialmente y ahora puede ser motivo de nuevas movilizaciones, como si éstas hicieran falta.
La complacencia con que ha actuado el resto de diputadas y diputados locales, con respecto al tema de los mototaxis, es clara y no existe justificación alguna, a pesar del informe que en días recientes dio a conocer la diputada Mónica Sánchez Angulo como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Es obvio que el Congreso local debe actuar y presionar el inicio de los trabajos para expedir, en los próximos meses, una nueva Ley de Movilidad. No es sólo prohibir el servicio de mototaxis porque los manifestantes tienen razón: muchas familias dependen en sus ingresos de esa labor.
Habrá, entonces, que encontrar soluciones viables al problema y no presentar salidas demagógicas, como a veces suelen encontrarlas nuestros representantes populares. El tema amerita análisis y propuestas viables, sin duda.
por qué un asunto tan añejo como los mototaxis no es prioridad, pero la autorización de un negocio redondo como el autotrén si agilizó los esfuerzos de las y los legisladores locales. ¿Habrá diferen€ia$ razonable$?
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