En el marco del Día Internacional de la Mujer, México vive un momento definitorio para la vida pública. Hoy, cuando Morena se prepara para celebrar su Consejo Nacional y emitir las reglas que regirán el proceso de selección de candidaturas en 17 entidades federativas, la discusión no puede ni debe evadir una realidad inocultable: es tiempo de mujeres. No como consigna vacía, sino como mandato ético, político y legal.
Desde el año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que, de las 17 candidaturas a gubernaturas en disputa, al menos nueve deberán ser encabezadas por mujeres. La medida no es caprichosa, responde al principio constitucional de paridad consagrado en el artículo 41 de la Carta Magna, reforzado por la reforma conocida como “paridad en todo” de 2019, que obliga a los partidos políticos a garantizar igualdad sustantiva en los cargos de elección popular.
Pretender ahora introducir reglas como la alternancia de género —impulsada por el grupo simpatizante del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García— no solo contraviene el espíritu de la norma, sino que ignora el rezago histórico que han padecido las mujeres en el acceso a las gubernaturas.
Basta revisar los datos públicos: desde que en 1953 se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México, han sido electas poco más de una veintena de gobernadoras frente a más de 300 hombres que han ocupado ese cargo en el mismo periodo. Es decir, durante décadas, la presencia femenina en los ejecutivos estatales fue prácticamente testimonial. Incluso hoy, pese a los avances recientes, el equilibrio aún está lejos de consolidarse de manera estructural.
Este rezago histórico es razón suficiente para que en entidades como Tlaxcala no solo se abra la puerta, sino que se ensanche el camino para que mujeres con trayectoria y legitimidad compitan por la titularidad del Ejecutivo estatal.
En ese escenario, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera emerge como una figura de izquierda con condiciones objetivas para participar en la contienda. No solo por su trayectoria legislativa y su presencia política, sino porque encabeza todas las encuestas serias de intención del voto.
Diversos estudios demoscópicos le otorgan ventajas superiores a los 20 puntos porcentuales respecto del alcalde capitalino, cuya estrategia ha descansado más en la presión a funcionarios y en la movilización forzada de estructuras burocráticas que en un respaldo ciudadano auténtico. Los números, más allá de filias o fobias, son contundentes.
Las encuestas no hacen sino confirmar lo que ya se percibe en el ánimo social y que en su momento expresó con claridad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: es tiempo de mujeres. Esa afirmación no es una frase de ocasión; sintetiza un cambio de época en el que la paridad dejó de ser aspiración para convertirse en regla democrática.
En Tlaxcala, donde la participación política femenina ha sido constante pero no siempre reconocida en su justa dimensión, ese tiempo puede materializarse con una candidatura competitiva, legítima y respaldada por la ciudadanía.
Negar esa posibilidad bajo argumentos artificiosos o mediante maniobras internas solo evidenciaría resistencia a una transformación que ya es constitucional, social y cultural. Morena, como partido que se asume transformador, tiene ante sí la responsabilidad de honrar el principio de paridad no solo en el papel, sino en los hechos. Y los hechos hoy indican que la ruta más congruente con la historia reciente, con la ley y con la voluntad popular, pasa por reconocer que la justicia para las mujeres no admite simulaciones.
Cuando la ley, los datos y la ciudadanía coinciden, el mensaje es claro: es tiempo de mujeres. Y en Tlaxcala, ese tiempo tiene nombre y rostro.
