MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
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Los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anunciaron su renuncia al cargo, a partir del 31 de agosto de 2025 no dan paso sin huarache. Su declinación a participar en el proceso de elección popular evidencian que lo suyo, lo suyo, es el amor al dinero.

Solitos se desnudan y se ponen en evidencia ante la gente, porque demuestran que lo que más les duele de la reforma judicial es que se quedarían sin sus excesivas prebendas y canonjías.

De acuerdo con las disposiciones de la reforma, en caso de renunciar a sus responsabilidades, pasarían a retiro con sus haberes económicos intactos. No se les tocaría ni un centavo.

Taimados como son, Norma Piña Hernández, quien es presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; Luis María Aguilar Morales, ministro de la Primera Sala; Javier Laynez Potisek, Ministro de la Segunda Sala; Juan Luis González Alcántara Carrancá, de la Segunda Sala; Alberto Pérez Dayán, de la Primera Sala; Margarita Ríos Farjat, ministra de la Primera Sala; Jorge Mario Pardo Rebolledo; ministro de la Primera Sala y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de la Segunda Sala quieren seguir disfrutando las mieles del presupuesto, que en su caso implica prestaciones alucinantes.

Sin duda, esta renuncia en masa ha sacudido el panorama político y jurídico de México. Se trata de un acto sin precedentes y que abre un capítulo de incertidumbre y plantea serias interrogantes sobre la condición ética y moral sobre estos ochos individuos que se sienten por encima de la Constitución; de hecho, al día de hoy la violan flagrantemente, con los salarios que se han designado a sí mismos, y que se encuentran por encima del que recibe la presidenta Sheinbaum.

Si bien la renovación de gran parte del pleno de la Corte genera incertidumbre sobre la continuidad de los criterios jurídicos y la interpretación de la ley, lo que podría afectar la estabilidad y la predictibilidad del sistema judicial, lo cierto es que ahora mismo los ocho ministros rejegos dan más muestra de interés económico, que una genuina preocupación por la impartición de justicia en el país.

Sin duda, la reforma al Poder Judicial y la subsecuente renuncia de los ministros han avivado el debate sobre la independencia de la Corte y la posible injerencia del poder político en el ámbito judicial.

Pero que a nadie le quepa duda que el proceso de selección de los nuevos ministros estará bajo la lupa. Se espera que el Senado actúe con responsabilidad y transparencia para garantizar la idoneidad y la independencia de los candidatos.

Si bien la renuncia masiva plantea desafíos, también representa una oportunidad para renovar la Corte, fortalecer su independencia y asegurar su papel como garante de la Constitución.

Por cierto, hasta este martes, el Senado había recibido la declinación de 78 jueces, y de 181 magistrados, así como otros 15 jueces que, si bien declinan a participar en la responsabilidad que hoy tienen, aspirarán a un cargo diferente al que ostentan, además, de 16 magistradas y magistrados que están en la misma condición.

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