Ayer jueves, en Puebla, quedó instalado el Comité de Ordenamiento Regional de la Cuenca del Alto Atoyac, que no es sino una estrategia incluida en el convenio firmado entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, el gobierno federal y diferentes sectores sociales, que tiene como objetivo poner un alto a la contaminación de ese cuerpo de agua y lograr su recuperación ecológica.
Ahí, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, aseguró que la firma es un precedente para el saneamiento del Río Atoyac, y que las próximas autoridades federales ya cuentan con las bases para continuar con el trabajo.
El de ayer fue el enésimo convenio firmado entre ambas entidades federativas y no se observa que el saneamiento pretendido se haya alcanzado, muy a pesar de que las autoridades digan lo contrario.
En agosto de 2023, la misma titular de la Semarnat, María Luisa Albores, aseguró que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala habían cumplido los 11 puntos de la recomendación número 10/2017 que emitió hace más de seis años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violar la garantía al medio ambiente sano.
En aquella ocasión, la funcionaria federal estuvo de visita en Puebla para encabezar, junto a los gobernadores de Tlaxcala y Puebla, Lorena Cuéllar Cisneros y Salomón Céspedes Peregrina, respectivamente, la firma del convenio de coordinación para la creación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca del Alto Atoyac.
Algo hay en las afirmaciones oficiales que no cuadra, sobre todo porque más recientemente, en noviembre de 2023, a través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado de Tlaxcala informó que registraba un avance significativo en las acciones plasmadas dentro del Programa de Acciones de Saneamiento para atender la problemática de salud ambiental en la que se encuentra el Alto Atoyac.
Ahí, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el director de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Javier Israel Tobón Solano, afirmó que la administración estatal trabajaba arduamente para atender la recomendación CNDH 10/2017.
“Pero más allá de este objetivo puntual, lo más importante es que hemos delineado una política de gobierno para poder garantizar el derecho al agua potable y el saneamiento”, dijo. Es decir, hay un discurso oficial dirigido a convencer en el cumplimiento de esa recomendación de la CNDH.
Pero, a todo esto, ¿qué decía esa recomendación? Entre otras cosas, que las descargas residuales no controladas, tanto municipales como industriales, contaminan los ríos Atoyac, Xochiac, o Hueyapan y sus afluentes, en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en el estado de Puebla, y en los municipios de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla en el estado de Tlaxcala.
No hay que remontarnos al año pasado para saber cómo ya andaban las cosas. Desde octubre de 2021, el Centro Fray Julián Garcés acusó a la CNDH de pretender dar por cumplida la recomendación número 10/2017, por la falta de saneamiento de las aguas residuales que contaminan la Cuenca del Alto Atoyac.
En su denuncia, la organización defensora de derechos humanos lamentó que la intervención de la CNDH se orientara a decir que las acciones emprendidas por las dependencias gubernamentales eran un ejemplo, cuando a la par era evidente la grave contaminación y todas las afectaciones a la vida causadas durante décadas por las empresas instaladas en la cuenca y la omisión de las autoridades.
Coincidencia política o no, lo cierto es que la denuncia de la organización Fray Julián arroja algo claro: una CNDH cuya titular es proclive al color guinda y dos gobiernos estatales que derivan del hoy partido que gobierna el país. Exacto, parece que todo lo anunciado y realizado es parte de una simulación.
En el caso de Tlaxcala es claro que la prioridad no está en el saneamiento sino en cumplir con los canones estéticos, como muestra está el proyecto arrancado en el rio Zahuapan, donde han sembrado flores y lirios que lucen cercados en una suerte de jardinera, ubicada al interior del afluente.
Quienes hemos visto cómo se desborda el rio en epoca de lluvias y la manera descontrolada en la que las aguas negras inundan esas mismas vías sabemos que la mente brillante detrás de ese proyecto no conoce la entidad, o tenía la intención de justificar la millonaria obra, sabiendo que sería infructifero el gasto.
Esa obra requiere especialistas en medio ambiente y desarrollo sustentable, no políticos o aspirantes a senadores que vean como botín el dinero de la obra pública. Es lo que hay.
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