Las cifras importan, pero importan todavía más cuando se trata de recursos públicos destinados a una de las principales preocupaciones que tenemos como ciudadanos: la seguridad. Por eso resulta preocupante que, cuatro años después, sigan sin aclararse las discrepancias entre lo que el gobierno de Tlaxcala informó y lo que realmente pagó por dos sofisticados sistemas tecnológicos adquiridos para fortalecer la vigilancia y la atención de emergencias.
Los documentos oficiales son contundentes. El software de videovigilancia Video Synopsis no costó un millón y medio de pesos, como aseguró en 2022 el entonces secretario de Gobierno, Sergio González Hernández. El contrato muestra que la administración estatal desembolsó más de 7.3 millones de pesos por esa herramienta. La diferencia no es menor: supera los cinco millones de pesos.
El caso de Carbyne es igualmente revelador, aunque en sentido contrario. Mientras el exfuncionario informó al Congreso local que la licencia había costado 8.5 millones de pesos, los documentos establecen que el monto contratado fue de apenas 2.49 millones. Es decir, seis millones menos de lo reportado públicamente.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explican diferencias tan amplias en información relacionada con contratos gubernamentales? No se trata de errores de centavos ni de ajustes administrativos. Son millones de pesos de diferencia en programas adquiridos con dinero de los contribuyentes que hasta hoy no se sabe a qué bolsillo fueron a parar.
Más preocupante aún es que, a pesar de que los contratos existen y los montos son verificables, ninguna autoridad ha ofrecido una explicación clara sobre las inconsistencias. El silencio institucional alimenta dudas y debilita la confianza ciudadana en la rendición de cuentas.
Pero el problema no termina ahí. Más allá de cuánto costaron los programas, sigue pendiente una interrogante todavía más importante: ¿qué resultados han dado? La inversión pública en tecnología de seguridad sólo puede justificarse si genera beneficios tangibles para la población. Sin embargo, reportes periodísticos señalan que hasta 2025 el gobierno estatal no había transparentado indicadores de desempeño, número de intervenciones, casos resueltos o resultados concretos derivados del uso de estas plataformas.
En otras palabras, los tlaxcaltecas conocen ahora cuánto se pagó, pero siguen sin saber para qué sirvió y peor aún no ven resultados tangibles en seguridad pública.
La transparencia no debería ser una concesión de los gobiernos, sino una obligación. Cuando las cifras oficiales contradicen los contratos y cuando las inversiones millonarias carecen de resultados públicos verificables, lo mínimo que merece la ciudadanía son explicaciones.
Porque en materia de seguridad, como en cualquier política pública, los discursos pueden cambiar. Los documentos, en cambio, suelen contar una historia muy distinta. Y mientras eso sucede, la opacidad, la tranza y la corrupción se disfrazan de transparencia y rendición de cuentas.
