En Tlaxcala, la proximidad al poder se ha convertido en un salvoconducto para la corrupción y el desfalco. Estar cerca de figuras como la Fiscal General de Justicia, Ernestina Carro Roldán, o del exsecretario de Educación, Homero Meneses Hernández, parece garantizar tranquilidad a los infractores.
Dos casos emblemáticos lo confirman: Idelfonso Carro Roldán, hermano de la Fiscal y presidente municipal de Panotla, y Alberto Hernández Olivares, exfuncionario educativo y actual alcalde de Ixtacuixtla. Ambas autoridades, así como sus respectivos “padrinos” representan la podredumbre que actualmente se vive en Tlaxcala.
En Panotla, Idelfonso Carro Roldán ha protagonizado un manejo financiero desaseado, según el Informe de Resultados del segundo semestre de 2024 del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Aunque logró solventar casi 5 millones de pesos de probable daño patrimonial, no pudo justificar 362,998.46 pesos entre septiembre y diciembre de 2024. Su administración se caracteriza por prácticas que recuerdan al viejo PRI: incrementó la nómina sin justificación, colocando a familiares de regidores y directivos en puestos clave, como una enfermera en la UBR y la directora de Comunicación Social, ambas primas del secretario del Ayuntamiento, sin demostrar su capacidad laboral.
El caso más grave es la asignación directa de obra pública a una sola empresa constructora, ignorando la obligación de licitar, lo que derivó en una recomendación, nueve señalamientos de probable daño patrimonial y 22 promociones de responsabilidad administrativa. Además, Carro Roldán gastó 135,000 pesos en 900 juguetes para un supuesto canje de armas, pero solo acreditó 200, dejando un faltante de más de 100,000 pesos que nadie sabe dónde terminó. ¿No que con los niños no, o acaso eso es parte del Humanismo Mexicano?
Pero en Ixtacuixtla las cosas no son distintas, ahí también huele a azufre y es normal cuando se sabe que el titular de la presidencia prometió entregar plazas si es que recibía el respaldo ciudadano. Ahora Alberto Hernández Olivares enfrenta señalamientos por un probable desvío de 1,931,101.56 pesos, según el Organo de Fiscalización Superior (OFS).
Entre las irregularidades destaca el pago de 307,520 pesos por una supuesta comida de fin de año para 170 trabajadores, cuando los propios empleados confirmaron haber aportado para la celebración.
Otro monto, 1,011,617.15 pesos, se pagó por un presunto mandato judicial sin presentar sentencia ni expediente. Además, 611,964.41 pesos se destinaron a sueldos y aguinaldos de trabajadores no localizados, en una administración sin control de asistencia confiable, basada en listas manuales y sin registros biométricos.
Ambos casos reflejan un patrón: la cercanía al poder no solo facilita el abuso, sino que lo normaliza. Mientras Carro Roldán y Hernández Olivares sigan protegidos por sus conexiones, la impunidad seguirá siendo la norma en Tlaxcala.
No importa que el OFS haya ordenado reintegrar los recursos, primero tenemos que ver que eso suceda y después habría que preguntarnos si por el hecho de haber sido descubiertos y obligados a regresar lo que querían “desaparecer” pueden ser personados, como dos niños que son reprendidos por su mal comportamiento, pero Sun un verdadero castigo. Por eso la pregunta persiste: ¿habrá consecuencias reales para los responsables o solo quedará en el anecdotario?
