“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas" -Audre Lorde-
A primera vista, el panorama parece alentador. Las leyes han cambiado, los discursos oficiales se pronuncian por la igualdad, y la lucha feminista ha logrado colocar en el centro del debate público la urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el fenómeno persiste. Es más, en muchos contextos, se intensifica. ¿Qué explica esta dolorosa paradoja?
Desde un enfoque sociológico con perspectiva de género, el análisis se complejiza. La violencia de género no es un accidente, ni un desvío en el funcionamiento de nuestras sociedades, sino un mecanismo profundamente enraizado en las estructuras de poder patriarcales. Estas estructuras se resisten a desaparecer, incluso, cuando las leyes, las políticas públicas y los movimientos sociales avanzan a paso firme.
Lo que estamos viviendo es una reacción patriarcal, una respuesta defensiva de quienes se sienten amenazados por la redistribución del poder. A medida que las mujeres accedemos a más derechos, a espacios antes reservados para los hombres, y reclamamos autonomía sobre nuestros cuerpos y vidas, se activan mecanismos de control, entre ellos, la violencia extrema. Es un intento desesperado de restaurar el orden jerárquico que históricamente los ha favorecido.
A esto, se suma la persistencia de una cultura machista que normaliza y justifica la violencia. Cambiar las leyes es un paso fundamental, pero insuficiente si no se desmontan los discursos, las prácticas cotidianas y los estereotipos que siguen transmitiéndose en las familias, las escuelas, los medios de comunicación y las instituciones. La transformación cultural avanza más lento que la normativa.
El Estado, por su parte, y a pesar de múltiples intentos, no ha logrado romper con las lógicas institucionales que reproducen la desigualdad de género. Persisten los reclamos que expresan que el acceso a la justicia sigue siendo un privilegio. Las mujeres que denuncian encuentran dificultades para enfrentar su proceso debido a la falta de sensibilización y capacitación de funcionarios que en algunas ocasiones se muestran indiferentes o negligentes lo que se traduce en procesos llenos de revictimización.
No podemos permitir que la impunidad se convierta en un mensaje cotidiano y normalizado.
El papel del Estado
El Estado debe fortalecer las políticas públicas que protegen a las mujeres en cada rincón de este país. Como nunca, la agenda feminista del gobierno federal y de Tlaxcala, ha cocado el tema de la protección de las mujeres como una prioridad. Es claro el mensaje de que matar a una mujer tiene consecuencias. El problema, es empujar a ese gran elefante reumático que por décadas se ha instalado en las instituciones y en la mentalidad de las personas que trabajan en ellas, y que en muchas ocasiones con las que generan resistencias.
Además, no podemos perder de vista la dimensión interseccional de esta violencia. No es igual ser mujer en una ciudad que en una comunidad rural; no es igual ser mujer blanca que indígena; no es igual ser mujer con recursos que vivir en condiciones de pobreza extrema. Estas desigualdades agravan la exposición y la vulnerabilidad frente a la violencia. Aunque es necesario señalar que la violencia que viven las mujeres no distingue clases sociales, ni niveles culturales, sólo qué hay ciertas circunstancias de contexto, que permiten identificar algunas diferencias.
Crisis de las masculinidades tradicionales
Estamos, también, ante una crisis de las masculinidades tradicionales. Muchos hombres no saben cómo habitar un mundo donde las mujeres no se someten. Esto genera frustración, miedo y, en algunos casos, violencia como una manera de reafirmar su identidad. Mientras no haya procesos de reflexión crítica sobre lo que significa ser hombre en un mundo más igualitario, esta tensión continuará. Erradicar la violencia contra las mujeres requiere mucho más que leyes o campañas. Implica transformar los cimientos mismos de nuestras sociedades, romper con el mandato patriarcal, construir nuevas formas de relacionarnos y garantizar el acceso real a la justicia. Sólo entonces, podremos dejar de preguntarnos por qué, a pesar de todo lo avanzado, la violencia sigue ahí.
A pie de página
La violencia que ha ejercido el Primer Regidor de Tlaxcala en contra de su esposa es un hecho reprobable, desde cualquier óptica desde donde se mire. Pero también es el reflejo de que una gran cantidad de mujeres viven la violencia en silencio, en ese espacio privado en donde las miradas externas no penetran, hasta el momento en donde la situación se vuelve insostenible o su vida está en un riesgo, verdaderamente alto. Fue acertada la decisión del presidente municipal de la capital, anunciar la separación del cargo del funcionario acusado de violencia. De no haberlo hecho, los costos políticos hubieran sido muy altos.
