Resulta peligroso y vergonzoso que diputados, presidentes municipales, funcionarios y otros actores de la política local en Tlaxcala hayan intentado confundir deliberadamente a la población afirmando en redes sociales que Alfonso Sánchez García había sido designado coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por esta entidad.
Lo hicieron con tono de certeza, como si el anuncio oficial ya hubiera ocurrido, cuando la realidad es otra: hasta el momento solo se han dado a conocer cinco estados, y Tlaxcala no está entre ellos.
Peor aún es que quienes difundieron esa versión no se percaten —o finjan no percatarse— de que, al hacerlo, se burlan del proceso interno de Morena, de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel y, de manera especial, de las personas que fueron utilizadas como vehículos para publicar esas afirmaciones en sus cuentas.
Convertir a militantes, simpatizantes, trabajadores o incluso a figuras menores en transmisores de una mentira no es solo un error: es una falta de respeto a la inteligencia colectiva y una muestra de desprecio por las reglas que el propio partido se impuso.
Lo más grave, sin embargo, vendría después; si sabiendo todo esto la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, decidiera otorgar esa posición al hijo de Alfonso Sánchez Anaya, estaría sentando un pésimo precedente para las próximas designaciones.
Estaría enviando un mensaje inequívoco: que la mentira, el chantaje, la manipulación de redes y la coerción laboral o mediática pueden ser vías eficaces para hacerse de la coordinación en defensa de la soberanía.
Ese mensaje corroería la credibilidad del proceso, debilitaría la autoridad de la Comisión Nacional de Elecciones y abriría la puerta a que en otros estados se repita la misma lógica de hechos consumados. Citlalli Hernández perdería también mucho de su capital moral y confianza ciudadana.
No se trata de cuestionar el derecho de Alfonso Sánchez García a aspirar: él se registró, ha recorrido el territorio y tiene derecho a competir bajo las reglas establecidas, entonces el problema no es su aspiración; el problema es el método que algunos de sus operadores y aliados locales eligieron para acelerar o forzar una decisión que, según la propia dirigencia nacional, se comunicará con 24 horas de anticipación y dentro del plazo que vence en diciembre.
Presentar como hecho consumado lo que aún no lo es, no es estrategia política: es una forma de presión ilegítima. Ariadna Montiel ha insistido en que el proceso debe hacerse con calma, sin carreras y buscando la unidad.
Esa postura solo tiene sentido si se defiende con hechos, porque ceder ante una campaña de desinformación local enviaría la señal contraria: que quien grita más fuerte o miente con más coordinación puede imponer su voluntad.
En un partido que se presenta como defensor de la transformación y la soberanía, permitir que la mentira se convierta en método de ascenso sería un error de consecuencias profundas.
La población tlaxcalteca busca claridad, no confusión orquestada y la dirigencia nacional tiene la responsabilidad de demostrar que las reglas se cumplen por igual, sin importar apellidos, abolengo, redes de influencia o campañas de presión.
De lo contrario, el daño no será solo para Tlaxcala, será para la credibilidad de todo el proceso y se confirmaría lo que ya se dice: no llegan los mejores, sino los más sumisos a los intereses de la 4T.
