La violencia en Tlaxcala está escalando. Como un trágico goteo de eventos cada vez más impactantes, cada vez más públicos, y al cobijo de la impunidad que otorga la incapacidad o las limitaciones de los cuerpos de seguridad municipal nos vamos sumiendo en un estado de mayor inseguridad.
La ironía más dolorosa que enfrentamos hoy en Tlaxcala es hablar del “aumento de la seguridad” cuando estamos sumidos en un clima de creciente inseguridad que, aunque quieran negarlo, comienza por los presidentes municipales que poco hacen por fortalecer los cuerpos de sus demarcaciones.
Solo los tercos se empeñan en no ver esta realidad, que no puede detener ni siquiera la pantalla más grande del Gran Hermano que supuestamente vigila, y que costó cientos de millones de pesos. Pero los municipios con sus C2 tampoco abonan.
Las recientes muertes de dos empresarios locales no solo son trágicas pérdidas individuales, sino que representan un síntoma de una crisis de seguridad más profunda y preocupante. Para ejemplo está Apetatitlán donde Azain Ávalos Marban sigue sin armas y sin gestión para recuperarlas.
La violencia en Tlaxcala ha mostrado un incremento preocupante en los últimos tiempos, especialmente tras el asesinato de dos empresarios.
El primero el del 26 de septiembre, cuando un grupo armado secuestró y asesinó a un empresario en Chiautempan, y cuyo cuerpo fue arrojado en la México-Puebla. ¿Alguien duda que los hechos trágicos iniciaron con Gustavo Jiménez y su junior Juan Carlos?.
El segundo incidente fue el del 2 de octubre, cuando otro empresario, este gasolinero y restaurantero, fue asesinado en un ataque directo en Apetatitlán. Otra vez, lo impactante fue la totalidad libertad y la sangre fría con que actuaron los atacantes sabiendo que el municipio carece de armamento pues el actual líder del PAN, Ángelo Gutiérrez Hernández dejó en la indefinición a sus ex gobernados.
Ambos casos son ejemplo de que hay grupos de la delincuencia organizada que han sentado sus reales en Tlaxcala, y que han hecho de la extorsión a través del cobro de piso una práctica común, y que las autoridades municipales no pueden, o no quieren atajar. Quién sabe qué sea peor: que no puedan o que no quieran.
Se nos ha dicho hasta el cansancio que hay esfuerzos “sin precedentes” para mejorar la seguridad en el estado. Sin embargo, cada nuevo incidente violento nos demuestra lo contrario.
¿De qué sirven los convoyes de la Guardia Nacional, de los marinos o del Ejército, si los ciudadanos siguen sintiéndose vulnerables y desprotegidos? Suena más bien a un acto de advertencia para amedrentar a la población, que un mensaje contra los delincuentes, tal y como ocurre en Apizaco donde Javier Rivera no da una.
La verdad es que el discurso oficial está desconectado de la realidad. Las promesas vacías no consuelan a las familias de las víctimas. Los números y estadísticas no reflejan la angustia de aquellos que tienen miedo de salir a la calle.
La seguridad no puede ser solo una fachada política; necesita ser un compromiso tangible y visible, sobre todo de los municipios que olvidan tener la tarea primaria como “primeros respondientes”.
Es momento de exigir cuentas a los responsables de la seguridad y de la procuración de justicia, para que dejen de ampararse en la palabrería y pasen a implementar acciones coordinadas con todos los órdenes de gobierno, para evitar una mayor escalada de la violencia y de la inseguridad.
¿Están esperando a que empiecen a aparecer cabezas decapitadas sobre el toldo de las camionetas como en Guerrero? Ya no es tiempo de excusas ni de palabrería. Si no pueden cumplir con este deber, que se vayan.
Más allá de los malabares de las cifras y del discurso del “estado más seguro” hay una terca realidad que se está imponiendo a balazos, con mensajes de cobro de piso por tres mil pesos “para garantizar la seguridad”. Aquí nadie quiere la ley de la plata o el plomo, pero los municipios hacen poco para evitarlo.
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