La disputa entre los presidentes municipales de Amaxac de Guerrero y Yauhquemehcan no es un simple pleito entre alcaldes. Es el síntoma más claro de la ingobernabilidad que padece Tlaxcala desde hace años, sexenios y administraciones.
Un conflicto que desnuda la fragilidad institucional del estado, la debilidad de los mecanismos de mediación y el riesgo real de que los espacios públicos construidos con recursos de todos los tlaxcaltecas terminen convertidos en feudos municipales.
Todo se intensificó con la construcción de la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, un proyecto insignia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Una obra necesaria y ambiciosa que, sin embargo, fue levantada en una zona limítrofe históricamente disputada entre Amaxac y Yauhquemehcan.
El resultado era previsible:inconformidad, amenazas y polarización. Todos lo sabíamos, menos los que deciden o son responsables de la infraestructura en la entidad.
El alcalde de Amaxac, Mauricio Pozos Castañón, pretendía celebrar la feria patronal en ese espacio, argumentando que parte del terreno corresponde a su municipio. Los habitantes de la zona (particularmente de Atlihuetzia, en Yauhquemehcan) respondieron con firmeza, incluso con mantas amenazantes.
Pozos, con prudencia, reculó para evitar un enfrentamiento mayor. Pero el daño ya está hecho: el habitante promedio de Tlaxcala es el gran perdedor. Un espacio pagado con dinero público se convierte en motivo de exclusión y en fuente de división.
¿Dónde quedó la Secretaría de Gobierno? ¿Sirve únicamente como agencia de colocación de cargos o también tiene la obligación de mediar eficazmente entre actores políticos?Hasta ahora, las intervenciones han sido reactivas y poco contundentes.
La gobernadora ha llamado al orden y promovido reuniones, lo cual es lo mínimo esperable, pero no resuelve el problema de fondo. Y los diputados locales, ¿dónde están?, ellos tienen facultades constitucionales para resolver de manera definitiva los conflictos limítrofes entre municipios.
¿Nadie les ha notificado? ¿No les interesa? ¿O simplemente prefieren no incomodar a sus respectivos grupos políticos? Su silencio o inacción es preocupante.
En Tlaxcala no podemos permitir que disputas territoriales de décadas se sigan resolviendo en la calle o mediante presiones, en lugar de hacerlo con peritajes técnicos, evidencia cartográfica y una resolución institucional clara.
Este caso deja una lección peligrosa: si no actuamos con firmeza, mañana será imposible utilizar el Centro de Convenciones sin el permiso de los vecinos de la Adolfo López Mateos, o no se podrá acceder al Teatro Xicohténcatl si no se es habitante de la capital. La autonomía municipal es un principio constitucional valioso, pero no puede convertirse en pretexto para privatizar de facto lo que es público.
Tlaxcala es pequeño. Sus recursos son limitados. No podemos darnos el lujo de fragmentarnos por disputas parroquiales ni de permitir que alcaldes y grupos locales actúen como “cadeneros” de espacios que pertenecen a todos los tlaxcaltecas.
Es urgente que el Congreso local asuma su responsabilidad y resuelva de forma definitiva los límites territoriales pendientes mediante un proceso técnico y transparente.
También es necesario que el gobierno estatal demuestre capacidad real de mediación y que los alcaldes prioricen el interés general por encima de sus agendas políticas, caprichos o calenturas.
Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando la factura: menos cultura, más confrontación y una percepción creciente de que en Tlaxcala manda la territorialidad mal entendida en lugar del bien común, sin aceptar que los espacios públicos deben seguir siendo públicos. Punto.
