En Tlaxcala, al parecer, ni las aulas están libres de la grilla política. Y mientras desde los discursos oficiales se habla de transformar la educación, fortalecer la enseñanza y poner en el centro a niñas, niños y adolescentes, en las oficinas administrativas de Secundarias Generales se acumulan denuncias que exhiben una realidad menos alentadora.
Esta vez, el señalamiento apunta directamente a la jefa del Departamento de Secundarias Generales, Rubí Flores Solís, cuya permanencia en el cargo ya es cuestionada por un grupo de docentes que exige su destitución. No se trata de una simple diferencia de opiniones entre funcionarios y trabajadores: las acusaciones incluyen presunto hostigamiento laboral, cambios de adscripción injustificados, opacidad en la asignación de horas y retrasos en los pagos a maestros interinos.
Pero hay un ingrediente que convierte el asunto en un problema político: la presunta utilización de los movimientos administrativos para castigar afinidades políticas contrarias a la oficiales.
El caso de la maestra Patricia Guevara Moreno merece atención. La docente asegura que fue removida de la Secundaria General Héroe de Nacozari y enviada a la Secundaria General 12 de Octubre, en Atzayanca, sin una explicación convincente y prácticamente de un día para otro. ¿La razón que sospecha? Su respaldo político a la senadora Ana Lilia Rivera.
La acusación está sobre la mesa y merece una explicación institucional porque si los movimientos de personal se utilizan para premiar lealtades o castigar simpatías, estaríamos frente a una práctica inadmisible en cualquier institución pública, mucho más en una que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación.
Y aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿quién decide quién se queda, quién se va y quién tiene derecho a crecer profesionalmente dentro del sistema educativo?
Los docentes denuncian que existen criterios discrecionales en los cambios de adscripción y en los procesos de promoción. Señalan que algunos trabajadores que obtuvieron ascensos permanecieron en sus centros de trabajo, mientras otros fueron reubicados. Incluso advierten posibles conflictos de interés por presuntas relaciones de cercanía entre funcionarios y beneficiarios de determinadas decisiones.
Si hay favoritismos, que se investiguen. Si los procedimientos se realizaron conforme a la norma, que se transparenten. Lo que no puede ocurrir es que la administración de un subsistema educativo termine convertida en una oficina de privilegios.
Pero el problema no termina ahí.
Hay maestros que, según los testimonios, llevan varias quincenas sin cobrar. Otros son contratados mediante interinatos que se interrumpen durante periodos vacacionales o en diferentes momentos del ciclo escolar. Profesionistas que están frente a grupo, cumpliendo con sus responsabilidades, pero que viven con la incertidumbre de cuándo recibirán su salario y si tendrán continuidad laboral.
Y mientras tanto, las horas docentes siguen esperando asignación.
La contradicción es evidente: se habla de mejorar la educación, pero hay escuelas que enfrentan carencias de personal, particularmente en asignaturas como Matemáticas. ¿Cómo pretenden mejorar los resultados educativos si no garantizan las condiciones laborales y la cobertura de maestros?
En este escenario también hay otro actor que no sale bien librado: el sindicato.
Los inconformes cuestionan la actuación de sus representantes y particularmente llaman al maestro Chávez de la Rosa a asumir su responsabilidad. Aseguran que pagan puntualmente sus cuotas sindicales, pero cuando necesitan respaldo, acompañamiento o una solución, las respuestas no llegan.
Y aquí vale preguntar: ¿para qué sirve una representación sindical que escucha, pero no resuelve? ¿Para qué sirven las cuotas si los trabajadores tienen que salir públicamente a denunciar que se sienten abandonados?
Lo más delicado es que los docentes aseguran que existe temor a manifestarse por posibles represalias y nuevos cambios de adscripción. Algunos incluso recurrieron a la vía del amparo para intentar revertir sus movimientos.
La educación no puede administrarse desde el miedo, las simpatías personales o las diferencias políticas. Tampoco puede convertirse en un espacio donde el acceso a la información dependa de pertenecer al círculo cercano de quien ocupa una jefatura.
Rubí Flores Solís tiene derecho a presentar su versión y explicar los criterios con los que se han tomado estas decisiones. Las autoridades educativas, particularmente la Secretaría de Educación Pública del Estado y la USET, tienen la obligación de revisar las denuncias y transparentar los procedimientos.
Porque aquí no está en juego solamente la permanencia de una funcionaria. Está en juego la credibilidad de una estructura educativa, los derechos de los trabajadores y, sobre todo, la calidad de la enseñanza que reciben miles de estudiantes.
La pregunta es inevitable: ¿en Secundarias Generales se está administrando la educación o se están administrando cuotas de poder?
En Tlaxcala, alguien tendrá que dar la cara. Y esta vez no bastará con un discurso institucional ni con una fotografía de unidad.
Los maestros no están pidiendo privilegios, están exigiendo respeto, transparencia y que se les permita trabajar.
