Este lunes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de resolución para la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, que impugnan la reciente reforma judicial. Dicho proyecto, si bien reconoce algunas deficiencias en el proceso legislativo, se inclina por la validez de una parte de la reforma.
En esencia, el ministro valida la elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en cambio, dejaría sin efecto la elección por parte de la ciudadanía de los jueces y magistrados de circuito. En suma, pareciera que se trataría de dar una sentencia salomónica, que trata de dejar contentas a todas las partes.
Por un lado, validaría la revancha de Andrés Manuel López Obrador contra parte de los ministros de la Corte, en particular los ocho rejegos encabezados por Norma Piña.
Al darle luz verde a la reforma, Carrancá pondría en capilla a esos ocho ministros, incluido él mismo, porque evidentemente, en caso de ir a un proceso electoral, ninguno de los ocho tendría la más mínima posibilidad de resultar electos.
Por otro lado, se quedaría sin efecto el principal deseo esgrimido por AMLO, la presidenta Sheinbaum, Fernández Noroña, las huestes morenistas y la bufaliza de gobernadoras y gobernadores de la 4T, que aplauden o abuchean al ritmo que les indique Palacio Nacional (lamentablemente, esto lo hacen al más puro estilo priista, aunque qué se puede esperar de tantos priistas disfrazados de corderos).
¿Y cuál es ese deseo? Pues limpiar de arriba para abajo las pocilgas del Poder Judicial, al que no se cansan de tachar de “corrupto y podrido”. Uno de los puntos centrales del proyecto es la validación del procedimiento legislativo.
A pesar de las irregularidades señaladas por diversos actores, el ministro Carrancá considera que no se violentaron principios constitucionales esenciales. Sin embargo, sí invalida algunos artículos relacionados con la designación de jueces y magistrados, al considerar que no se garantiza su independencia.
Este proyecto deja un sabor agridulce. Por un lado, reconoce la necesidad de proteger la autonomía e independencia judicial, elementos esenciales para un estado de derecho y que, vale decir, la reforma judicial no pone en riesgo. Por otro, deja a salvo el proceso legislativo seguido por Morena y sus aliados.
Esto ha generado un intenso debate sobre el alcance real de la reforma y su impacto en el Poder Judicial. La propuesta del ministro González Alcántara Carrancá se basa en la premisa de que la elección de jueces y magistrados por voto popular no garantiza las condiciones mínimas de seguridad jurídica necesarias en un sistema democrático.
Alega que este método no ofrece certeza a los aspirantes sobre las cualidades necesarias para ser incluidos en las listas, ni a la ciudadanía sobre los perfiles de los candidatos. Además, plantea la invalidez de la figura de jueces sin rostro y la supresión de los amparos con efectos generales.
El proyecto también destaca la importancia de mantener la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, principios que, según el ministro, se ven gravemente afectados por la reforma judicial impulsada por López Obrador.
La propuesta de González Alcántara Carrancá busca, en última instancia, poner fin a la “crisis constitucional” y restaurar la normalidad institucional en las relaciones entre los Poderes de la Unión.
Este proyecto ha sido recibido con opiniones divididas. Por un lado, algunos sectores ven en él una defensa necesaria de la independencia judicial y un freno a la politización del Poder Judicial. Por otro lado, hay quienes consideran que la elección por voto popular podría democratizar el sistema judicial y hacerlo más accesible a la ciudadanía.
Pero hay algo más de fondo y sumamente preocupante: ¿la Corte está por encima de la voluntad popular expresada a través del voto? ¿Ocho hombres y mujeres, por muy ministros que sean, están por encima de loa deseos de casi 36 millones de ciudadanos, que claramente votaron por la reforma judicial?. La telenovela va para largo.
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