A media semana un grupo de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, principalmente del Frente Amplio de Unidad, protestó frente al Hotel Marquis Reforma, en Paseo de la Reforma, donde Felipe Calderón participaba en el Foro América Libre, un encuentro de sectores de derecha latinoamericana impulsado entre otros por el Partido Acción Nacional (PAN).
Después marcharon al Complejo Cultural Los Pinos, ingresaron sin autorización y dañaron la estatua de bronce del expresidente, que ya se encontraba tirada en el suelo desde julio de 2025 cuando un árbol la derribó durante fuertes lluvias y que la Secretaría de Cultura no había restaurado ni reinstalado.
La golpearon hasta desprenderle la cabeza usando la propia placa con la leyenda “Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012” y dejaron la placa al revés. El Sindicato Mexicano de Electricistas, liderado por Martín Esparza, se deslindó formalmente de los actos de vandalismo esa misma noche pero el daño ya estaba hecho y ese acto será recordado como la expresión más reciente de un conflicto laboral que data de 2009.
El 11 de octubre de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el entonces presidente Felipe Calderón decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que suministraba electricidad en la zona centro del país. La decisión se ejecutó de madrugada con un operativo de la Policía Federal que tomó las instalaciones e impidió el acceso a los trabajadores. Vil madruguete muy al estilo del PAN.
La justificación oficial del gobierno Calderón fue que LyFC era financieramente inviable, que sus costos de operación casi duplicaban los ingresos y que el gobierno federal transfería más de 40 mil millones de pesos anuales para sostenerla, monto comparable al programa Oportunidades.
Se argumentó que gran parte de esos recursos se destinaba a privilegios y prestaciones onerosas del contrato colectivo del SME, que además limitaba la toma de decisiones gerenciales. Calderón ofreció liquidaciones superiores a lo que marcaba la ley, con un promedio de hasta 33 meses de salario más un bono adicional, y dijo que se buscaría recontratar al mayor número posible de trabajadores bajo nuevas condiciones a través de la CFE.
El impacto real en los trabajadores, según datos consistentes en reportes de la época y posteriores, fue que más de 44 mil trabajadores activos perdieron su empleo de un día para otro y aproximadamente 22 mil jubilados quedaron en incertidumbre. Muchos no aceptaron la liquidación y alrededor de 13 a 16 mil resistieron inicialmente exigiendo reinstalación.
La recontratación efectiva fue mínima, pues reportes posteriores indicaron que solo unos pocos miles fueron reabsorbidos por CFE o contratistas en condiciones laborales distintas y a menudo precarias. Las consecuencias documentadas a lo largo de los años incluyen desempleo prolongado, agotamiento rápido de liquidaciones, paso a la economía informal, problemas de salud, casos de pobreza extrema e incluso situaciones de calle. Pero para entonces Calderón ya disfrutaba de su nueva vida en España.
El SME y grupos como el FAU han mantenido protestas, huelgas de hambre y litigios durante más de 15 años. Documentos posteriores, algunos desclasificados, mostraron que la Secretaría de Energía advirtió al gobierno sobre riesgos de disturbios sociales y posibles ataques al sistema eléctrico. La CFE asumió las operaciones y se recurrió a contratistas privados para mantenimiento, lo que el SME vinculó a un aumento de accidentes laborales.
En gobiernos posteriores, especialmente el de López Obrador, se crearon mecanismos de compensación vitalicia para un grupo limitado de extrabajadores que cumplían ciertos requisitos de antigüedad. Los afectados consideran la extinción un golpe o acto de autoridad arbitrario que condenó a miles de familias a la precariedad y ven en Calderón al principal responsable, por eso lo confrontan cada vez que aparece en actos públicos en México donde aparece hablando de democracia y de lo felices que estaban los mexicanos en su etílica administración.
Calderón no regresó de vacaciones. Reside habitualmente en España y viajó específicamente para participar como figura central en el Foro América Libre – Unidos por la Democracia, celebrado el 30 de septiembre de 2026 en el Hotel Marquis Reforma.
El acto es un encuentro de organizaciones y partidos de derecha de América Latina e incluso algunos de Europa, impulsado en México por el PAN y aliados. En su intervención FECAL advirtió que México está regresando a una nueva versión de la dictadura perfecta, frase que alude a la descripción de Vargas Llosa del PRI.
Acusó a Morena de haber llegado al poder democráticamente pero de dinamitar el puente para impedir la alternancia, al debilitar los contrapesos electorales, judiciales y de derechos humanos. En ese mismo espacio llamó a los partidos opositores a abrirse a candidatos ciudadanos, reconstruir trabajo territorial calle por calle y pueblo por pueblo, y construir una maquinaria ciudadana capaz de derrotar a Morena.
Cara dura como es señaló al crimen organizado, y no a la oposición, como la principal amenaza de captura del Estado. Los manifestantes calificaron su presencia y discurso como incongruentes y provocadores: un expresidente responsable, según ellos, de un baño de sangre por la guerra contra el narco y de la destrucción de 44 mil empleos, apareciendo a hablar de democracia y libertad mientras se reúne con la derecha continental. Esa fue la ironía.
La presidenta Claudia Sheinbaum ironizó públicamente sobre su participación refiriéndose al “espurio Calderón hablando de democracia”. Es posible que sus seguidores no entiendas que el daño a la estatua es un acto simbólico de rabia acumulada por la extinción de 2009, catalizado por la reaparición pública de Calderón en un foro político de derecha en la capital mexicana. La estatua ya estaba abandonada en el suelo desde 2025, los manifestantes solamente la usaron como símbolo de su rechazo… el rechazo generalizado.
