Dos historias recientes, en extremos opuestos del país, iluminan el mismo abismo: la gestión del agua en México sigue atrapada entre la promesa del derecho humano y la realidad de la escasez, la contaminación y la desconfianza.
En Jalisco, miles marcharon este domingo por un líquido que sale turbio, maloliente y con sedimentos de las llaves de la Zona Metropolitana de Guadalajara; la respuesta del Estado fue gas lacrimógeno, chorros de agua y decenas de detenidos frente a Casa Jalisco.
En Tlaxcala, tres años antes, una iniciativa de ley local generó un rechazo masivo de comunidades y organizaciones porque se percibió como el primer paso hacia la privatización del servicio.
Ambos casos, aunque distintos en forma, revelan las mismas tensiones estructurales. Vale la pena mirarlos juntos, sin simplismos, para entender qué está en juego cuando un estado decide —o evita decidir— cómo administrar su recurso más vital.
La postura oficial en Jalisco es clara: el SIAPA es y seguirá siendo un organismo público. El gobernador Pablo Lemus -de Movimiento Ciudadano (MC) y no de Morena como muchos creen- ha repetido que no habrá privatización ni concesión del servicio, aunque sí esquemas de participación privada para construir infraestructura.
El diagnóstico oficial apunta a una red de más de setenta años, una planta potabilizadora saturada y descargas irregulares en el canal de Las Pintas que contaminan el agua del sistema antiguo de Chapala. La solución inmediata: cerrar temporalmente esa fuente, aplicar tandeos y anunciar obras de emergencia.
La postura ciudadana y de organizaciones es otra: el problema no es solo técnico. Es de gobernanza, por años de subinversión, opacidad, acusaciones de corrupción y un organismo que responde más a intereses políticos e inmobiliarios que a la población. Cuando la gente sale a exigir agua limpia y recibe represión, el mensaje es que el derecho a protestar pesa menos que el derecho a proteger la imagen del poder.
En Tlaxcala el conflicto fue preventivo y ahora vemos todo lo que se ahorraron. La iniciativa de 2023 de la entonces diputada Marcela González Castillo, esa sí de Morena, proponía una nueva ley de servicios de agua y saneamiento.
De inmediato organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés y representantes de casi un centenar de comunidades la leyeron como un intento de recentralizar el control, abrir la puerta a concesiones (especialmente de tratamiento de residuales) y debilitar los comités comunitarios que históricamente administran el agua bajo usos y costumbres.
La diputada negó cualquier intención privatizadora -tal como hoy se hace en Jalisco- e incluso ofreció incorporar una cláusula expresa de prohibición, como si esas cláusulas se respetaran. Al final el proyecto se diluyó ante la resistencia social, pero dejó una lección: en entidades con fuerte tradición comunitaria, cualquier reforma que no parta de esa realidad genera rechazo inmediato.
Cuando el servicio público falla de manera crónica —como en Jalisco y a veces también en Tlaxcala—, se sepulta la poca confianza en las instituciones. Las protestas dejan de ser solo por el color del agua y se convierten en cuestionamientos al modelo de gobierno.
La represión, aunque se justifique con la presencia de grupos violentos, deja imágenes que alimentan la narrativa de autoritarismo y profundizan la polarización. El costo no es solo político: es social (desgaste, detenciones, heridos) y económico (obras de emergencia, tandeos que afectan productividad y calidad de vida).
Cuando se intenta reformar el marco legal sin consenso —como en Tlaxcala—, el riesgo es el estallido preventivo, las comunidades interpretan cualquier apertura a lo privado como despojo; el estado pierde la posibilidad de modernizar el servicio y se queda atrapado entre la ineficiencia pública y el miedo a la privatización. En ambos casos, el resultado es el mismo: el recurso sigue mal gestionado, los acuíferos y ríos se siguen contaminando, y la población más vulnerable paga el precio más alto.
Aquí hay al menos tres visiones en disputa: La del Estado fuerte y público puro; la de la eficiencia mixta y la comunitaria y de derechos. Ninguna de las tres es suficiente por sí sola. Las alternativas más serias combinan elementos, pero con un nivel de seriedad y pulcritud que evite pensar en corrupción que enturbie el tema, como el agua.
Jalisco y Tlaxcala no son casos aislados, son síntomas de un país que todavía no resuelve si el agua es un derecho que el Estado garantiza o un servicio que se administra según la lógica del mercado y la conveniencia política del momento. Mientras esa pregunta no se responda con claridad y con hechos, las marchas, las detenciones, las iniciativas fallidas y las crisis de calidad seguirán repitiéndose.
Aquí no tenemos la respuesta al tema, ni proponemos una, solo tenemos la certeza de que, cuando el agua se vuelve terreno de disputa entre el poder y la ciudadanía, lo que realmente está en juego no es solo el líquido que sale de la llave, sino la posibilidad misma de construir un Estado que administre lo común sin traicionarlo y justamente por eso vale la pena retomar el asunto para que en pleno cierre de administración no se vuelva a intentar en Tlaxcala eso que hoy vemos, no saldría bien, para nadie.
