El pasado 1 de junio de 2025, México vivió un hecho inédito: la elección popular de magistrados y ministros del Poder Judicial, un proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que, aunque histórico, estuvo lejos de ser impecable.
La entrega de constancias de mayoría este 16 de junio a los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) marcó el cierre de una jornada electoral plagada de irregularidades, eso nadie lo puede negar.
Pero también evidenció la incapacidad de la oposición para capitalizar políticamente estas fallas, así como la doble moral del PRI y PAN, que hoy critican pero nunca reformaron el Poder Judicial en beneficio de la sociedad durante sus gobiernos.
El INE, bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, presumió haber garantizado una elección con “legalidad, equidad y profesionalismo”. Sin embargo, la realidad dista de esta narrativa.
Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por fallas estructurales y operativas que comprometieron la autenticidad del voto. Uno de los escándalos más graves fue la difusión de “acordeones” —listas predeterminadas de candidatos promovidas por partidos como Morena, PAN y Movimiento Ciudadano—, una práctica que vulneró los principios de equidad y certeza, como señaló la consejera Carla Zavala.
Estos folletos, que orientaban a los votantes hacia candidatos específicos, recordaron las peores épocas de manipulación electoral y llevaron al INE a abrir procedimientos sancionatorios, aunque sin consecuencias claras hasta ahora. Puro humo.
Además, se documentaron irregularidades en casillas, como boletas marcadas tras la violación de sellos de seguridad y actas con inconsistencias, lo que llevó a que algunas no fueran contabilizadas en el cómputo final.
El consejero Arturo Castillo incluso pidió la anulación de la elección por estas prácticas, pero la mayoría del Consejo General optó por validar los resultados, generando críticas por una aparente falta de voluntad para enfrentar el problema.
Jaime Rivera, otro consejero, admitió que el INE operó bajo reglas deficientes y con interferencias políticas, lo que evidencia que el organismo fue superado por la magnitud del proceso.
La baja participación ciudadana fue otro punto crítico. A pesar de los 64.7 millones de votos reportados para el TDJ y los 25.8 millones para la Sala Superior del TEPJF, la afluencia fue notablemente menor a la esperada, reflejo de la desconfianza en el proceso y la falta de una campaña efectiva de información por parte del INE.
La oposición, conformada principalmente por PRI, PAN y PRD, logró algunos aciertos, aunque limitados. Su principal mérito fue visibilizar las irregularidades del proceso. A través de declaraciones y recursos legales, partidos como el PAN denunciaron la manipulación de los “acordeones” y exigieron sanciones.
Asimismo, algunos consejeros electorales afines a la oposición, como Carla Zavala y Arturo Castillo, elevaron la voz dentro del INE para cuestionar la validez de la elección, generando un debate necesario sobre la integridad del proceso. Nada más faltó Lorenzo Cordova haciéndoles segunda en una silla adjunta, por eso pierden credibilidad.
Sin embargo, la oposición falló en articular una estrategia política contundente. Más allá de las críticas reactivas, no propusieron alternativas claras ni aprovecharon el descontento ciudadano para posicionarse como defensores de un Poder Judicial independiente.
Su respuesta fue fragmentada y careció de una narrativa que conectara con la sociedad, limitándose a impugnaciones formales que, hasta ahora, no han prosperado.
PRI y PAN han sido los más radicales en su rechazo a la reforma judicial de 2024 y a la elección organizada por el INE, argumentando que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, su indignación resulta poco creíble cuando se revisa su historial. Durante décadas, ambos partidos gobernaron México y mantuvieron un Poder Judicial opaco, elitista y alejado de las necesidades sociales. Bajo sus administraciones, el sistema judicial fue permeable a influencias políticas y económicas, perpetuando la impunidad y la desigualdad.
El PAN, por ejemplo, no impulsó reformas significativas durante los gobiernos de Vicente Fox o Felipe Calderón, mientras que el PRI, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, priorizó pactos políticos sobre la justicia.
Ahora, al criticar la elección de 2025, ambos partidos omiten su complicidad en un sistema judicial que nunca sirvió a la mayoría. Sus quejas parecen más un intento de recuperar relevancia política que una defensa genuina de la democracia.
La elección del Poder Judicial de 2025 pudo haber sido un parteaguas para democratizar la justicia en México, pero los errores del INE —desde la tolerancia a prácticas clientelares hasta la incapacidad de garantizar un proceso transparente— empañaron el ejercicio.
Las tres de ley… 1- El estallido de material pirotécnico en la Trinidad Chimalpa, Tlaxcala, la noche de ayer vuelve a encender las alarmas y pone sobre la mesa la discusión -eterna- sobre qué debe hacerse para garantizar que las familias dejen de aportar para ese tipo de celebraciones. El uso de la polvora, está demostrado, no es para el uso común.
2- La evidente ausencia de Gabriel Gutiérrez y Rigoberto Zamudio en la gira de Claudia Sheinbaum por Tlaxcala, ambos enfocados en el sector salud, ponen en duda su permanencia en tan $ignificativos espacios. Si bien Gabriel es el que administra los dineros, era Zamudio quien ordenaba en lo político qué sucedía y que no. Esta gira parece que fue “la del adiós”, para ambos.
3- Espacio nos falta para hablar de las deficiencias que se han registrado en el Organo de Fiscalización Superior (OFS). Municipios y otros organismos brillan por su opacidad pero ese tema será para desarrollar en otra oportunidad, solo valía la pena comentarlo, aunque le moleste a los señalados.
