Fabricio Mena Rodríguez, hoy secretario de Turismo de Tlaxcala, parece haber descubierto la fórmula de la multiplicación de los panes y los peces, pero aplicada al patrimonio personal. Mientras los mortales que se parten el lomo en el servicio público apenas y logran llegar a fin de mes, él ha logrado hacer crecer su riqueza de una manera que desafía cualquier manual de finanzas básicas. Bien podría darle clases a Javier Marroquí Calderón.
De acuerdo con la información publicada por David Rodriguez y con información que otorgó para quien esto escribe, Mena Rodríguez es víctima de sus propias declaraciones patrimoniales. Entre 2018 y 2024 —en apenas seis años— acumuló bienes por más de 1 millón 246 mil pesos.
Ojo: eso es casi cinco veces más de lo que había juntado en los 31 años anteriores de su larga carrera como burócrata. Impresionante, ¿no? Más aún si uno considera que gran parte de ese despegue financiero ocurrió en un curioso “limbo laboral” entre 2014 y 2021, justo cuando su hermano Marco Antonio Mena Rodríguez ocupaba la silla de gobernador que le heredó Mariano González Zarur.
Llegó 2020, año de pandemia, crisis económica, negocios cerrados y familias tlaxcaltecas apretando el cinturón hasta el último orificio. Pues bien, en ese contexto, Fabricio encontró para desembolsar 890 mil pesos al contado en terrenos y vehículos de colección.
Un Ford Mustang del ’65 por 445 mil pesos, un Mercury del ’85 por 145 mil, un terreno de 465 metros cuadrados por 300 mil. Todo pagado como quien compra una torta de tamal en el mercado del Sabinal.
La pregunta, inevitable: ¿de dónde rayos salió tanta liquidez en el año más jodido para la economía mexicana? ¿Cómo pasó de ser un desempleado en la XLI legislatura a tener para pagar todo al contado?
Pero la creatividad financiera no para ahí. En 2018, ya con su hermano en Palacio de Gobierno, dos sentencias judiciales le permitieron hacerse de dos terrenos de dimensiones industriales: más de 11 mil metros cuadrados en total, con un costo de adquisición de exactamente cero pesos.
Un verdadero milagrito burocrático que cualquier empresario de Panzacola o de la Malinche quisiera replicar, sobre todo ahora que al menos 500 trabajadores se quedarán sin empleo por la adquisición de productos chinos que desplazaron la mano de obra tlaxcalteca.
La cosa no paró cuando asumió como secretario de Turismo —otro de los cargos de confianza familiar—. En 2024, con ingresos netos anuales declarados de apenas 366 mil pesos (más unos 52 mil de fondos de inversión), se dio el lujo de comprar al contado una Nissan Cabstar por 105 mil pesos y un Chevrolet Camaro 2016 por 240 mil.
Suma: 345 mil pesos en puros autos en un solo año. Después de esas adquisiciones, según sus números, le hubieran sobrado alrededor de 21 mil pesos para vivir todo el año: comida, vivienda, transporte, familia, servicios… Una hazaña de austeridad digna de un santo eremita, pero que resulta, cuando menos, difícil de tragar.
Uno no acusa sin pruebas contundentes, eso lo dejamos para los fiscales de salón. Pero sí es razonable preguntarse: ¿cómo es posible que la riqueza fluya con tanta generosidad precisamente en los años de mayor cercanía al poder familiar y en esos “periodos de sombra” donde, oficialmente, no tenía ingresos millonarios? ¿Tan rentable es el servicio público en Tlaxcala cuando llevas el apellido correcto?
El nepotismo disfrazado de “experiencia familiar” y las declaraciones patrimoniales que parecen más un ejercicio de ficción creativa que un acto de transparencia generan dudas legítimas.
No es una duda ciudadana, ni mucho menos: es simple aritmética. Y los números, amigo lector, no cuadran con un sueldo de funcionario, por alto que sea.
Por eso, desde estas líneas, le decimos: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esa oficina que alguna vez encabezó Santiago Nieto Castillo, es hora de que ponga la lupa en este caso. No para linchar a nadie de antemano —no somos tribunales populares— sino para aclarar de una vez por todas si este enriquecimiento, aunque no sea ilícito, al menos deja de ser tan inexplicable.
Las tres de ley… 1- El valor real de las “tapitas” es simbólico, no resolutivo, por eso las 9.6 toneladas de plástico reciclado equivalen a unos pocos miles de pesos, suficiente apenas para una o dos quimioterapias. El DIF Tlaxcala lo sabe, pero prefiere el espectáculo solidario antes que meter la mano al presupuesto.
2. La obligación del Estado no se suple con fundaciones, para eso hay asociaciones que ayudan, sí, pero ninguna debería reemplazar al gobierno. El derecho a la salud de niñas y niños con cáncer debe garantizarse con partidas públicas etiquetadas, no con campañas de acopio que dependen de la buena voluntad ciudadana.
3. Solidaridad no es excusa para que el Estado se lave las manos, pedirles a sus trabajadores aportar tapitas puede crear conciencia, pero si el gobierno presenta eso como solución principal, está transfiriendo su responsabilidad a la ciudadanía.
