El caso del maestro José Carlos N. ha colocado bajo el escrutinio público a la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET), encabezada por Homero Meneses Hernández.
Lo que aparentaba ser un trámite administrativo ordinario se ha convertido en un episodio que genera serias dudas sobre transparencia, aplicación de la normatividad y el manejo de la confianza ciudadana en una institución fundamental para la educación de miles de tlaxcaltecas.
El núcleo del asunto radica en la velocidad con la que se otorgó la licencia sin goce de sueldo por “asuntos particulares”, a un presunto huachicolero
El oficio 1623/2026, fechado el 28 de mayo de 2026 —apenas un día después de la detención del docente en un operativo contra el huachicol en Huejotzingo, Puebla—, le concedió seis meses de ausencia.
El profesor fue aprehendido el 27 de mayo con equipo típico para el robo de hidrocarburos: perforadora, manguera de alta presión, pipa y vehículos, uno de ellos con placas de Tlaxcala. Tres días antes de que iniciara formalmente la licencia, ya estaba a disposición de las autoridades ministeriales. ¿Suena lógico?
Lo más llamativo es la inmediatez del trámite. Fuentes consultadas por distintos medios coinciden en que las licencias sin goce de sueldo por asuntos particulares suelen solicitarse con anticipación, de forma personal y con documentación justificativa.
Autorizarla de un día para otro, con firma directa del titular de la SEPE-USET, sugiere una flexibilidad poco común. ¿Se verificó realmente el estatus del solicitante? ¿Hubo una solicitud previa no mencionada? Este ritmo exprés contrasta fuertemente con la lentitud que enfrentan los docentes de a pie en trámites ordinarios.
Aún más grave resulta la comparación con la realidad de la mayoría de los maestros. Como señalan voces del sector, la mayoría de estos permisos, incluso para asuntos personales, se otorgan muy poco, sin importar si se trata de problemas de columna, cáncer o insuficiencia renal.
Enfermos graves esperan 15, 20 días o incluso un mes para obtener una licencia, y en muchos casos simplemente no se las conceden. En cambio, al profesor detenido en Puebla le entregaron el permiso como si se tratara de un caso de urgencia nacional.
Faltó el 27, apareció en los medios poblanos por su presunta participación en el huachicol y, para el 28, ya tenía el oficio fechado, con efectos a partir del 30 de mayo.
Esta celeridad no solo genera suspicacias sobre los tres días intermedios sin justificación clara —que eventualmente podría cubrir un jefe de sector—, sino que plantea una pregunta incómoda: ¿está la SEPE-USET protegiendo a uno de sus “trabajadores”?
Según la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, un asunto de carácter penal constituye causa de cese laboral. La licencia parece actuar como un paraguas temporal que frena cualquier procedimiento inmediato.
Hasta ahora Homero Meneses Hernández no ha ofrecido una explicación oficial detallada. El silencio prolongado solo alimenta especulaciones y entierra la credibilidad de la dependencia.
En una entidad donde la educación enfrenta desafíos reales —infraestructura deficiente, rezago educativo y necesidad de profesionalización docente—, episodios como este dañan la imagen institucional y envían un mensaje equivocado a la sociedad, particularmente a estudiantes y familias.
La SEPE-USET tiene no solo una responsabilidad administrativa, sino moral. Otorgar facilidades que parecen blindar a un presunto implicado en un delito que afecta la economía nacional y genera violencia colateral, mientras miles de maestros honestos batallan por permisos legítimos por salud, resulta intolerable.
La presunción de inocencia es válida, pero también lo es la obligación de evitar cualquier percepción de protección o amiguismo.
Tlaxcala requiere una educación pública ejemplar, no solo en las aulas, sino en la conducta de quienes la dirigen.
Es momento de que las autoridades salgan del mutismo, investiguen internamente el procedimiento, aclaren los hechos y, si es necesario, revisen la licencia.
Nadie pide linchamientos, solo se espera que una institución educativa fomente la claridad y rendición de cuentas. En política, las omisiones también son decisiones, y en este caso, la omisión solo profundiza la desconfianza
