Candidaturas a cargos en la elección del Poder Judicial, como la de Stefany Pérez Bustamante, titular de la Coordinación de Bienestar Animal (CBA), no están obligadas a separarse de su función en la administración pública estatal, remarcó Emmanuel Ávila González, presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Ante las críticas generadas en torno a la campaña que esta funcionaria estatal realiza en busca del voto ciudadano para convertirse en jueza de distrito en especialidad mixta del Vigésimo Octavo Circuito Judicial con sede en Tlaxcala, sin dejar sus actividades en la CBA, Ávila González descartó que esta persona incurra en alguna falta.
Refirió que este órgano se ciñe a lo establecido en la norma y que esta “hace algún tipo de distinción de quiénes sí deben separarse un año y, hasta donde tengo entendido, son aquellos que puedan representar un nivel de secretaría de estado”.
Apuntó que en ese supuesto tendría que dejar de desempeñarse una función en la administración pública, a efecto de poder contender por alguno de los cargos del Poder Judicial que serán electos por la ciudadanía en las votaciones del próximo 1 de junio.
También, añadió que las direcciones o los propios ciudadanos que forman parte de la estructura judicial de los diferentes tribunales, no están impedidos de continuar en sus actividades, por lo que con base en los lineamientos de este proceso electoral “les estamos dando una guía para poder actuar y no poder caer en una responsabilidad”, sobre todo en los tiempos que deben de cumplir en sus propias encomiendas.
Asimismo, el presidente puntualizó que, a diferencia de un proceso donde este órgano sí registra candidaturas y no avala solicitud cuando alguna no cumple un requisito, su actuar en esta elección solamente se limita a recibir el listado donde el filtro previo pasa a través de los comités de evaluación, lo integra al Congreso del estado y lo remite a este Instituto.
Por tanto, dijo que el ITE solamente recibió esa relación de nombres de las personas que aparecerán en las boletas electorales. Remarcó que en días pasados este órgano signó un convenio con el Poder Judicial del estado para que provea nuevamente de información actualizada que permita verificar al momento de calificar la elección de todos los cargos, que las personas electas no se encuentren en los supuestos del artículo 38 constitucional, entre ellos, el incumplimiento de obligaciones ciudadanas o estar sujeto a un proceso criminal.
De ser así, en ese momento se podría valorar el no otorgar la constancia, “pero -subrayó el consejero presidente- eso es lo que a nosotros corresponde, pero hasta el final”.
Recalcó que la competencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es recibir los listados de las candidaturas, ya que en este proceso se carece de la facultad de registro; sin embargo, en los casos donde se advirtieron deficiencias durante la revisión, se notificaron y fueron aclaradas. “Por nuestra parte estamos satisfechos con ello”.
CON INFORMACIÓN DE GUADALUPE DE LA LUZ DEGANTE
