En un país donde la memoria histórica se borra con la misma rapidez que los titulares, la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Wallace no solo sacude los cimientos de un expediente judicial, sino que expone la hipocresía de quienes señalaban al anterior gobierno como un “narco-régimen”, mientras olvidaban el lodazal de complicidades que marcó el pasado reciente.
La liberación de Juana Hilda González Lomelí, tras 19 años de prisión injustificada por un supuesto secuestro y asesinato que, según investigaciones periodísticas, nunca ocurrió, no es solo una victoria contra la fabricación de culpables: es un recordatorio brutal de cómo el poder político y mediático puede torcer la justicia para proteger a los suyos. Algo como lo que en Tlaxcala hacía Alicia Fragoso en las épocas de Mariano Gonzalez Zarur.
El caso Wallace, minuciosamente desentrañado por el periodista Ricardo Raphael en su libro Fabricación, revela un montaje que va más allá de una madre en busca de justicia.
Isabel Miranda de Wallace, elevada a ícono del activismo con su organización “Alto al Secuestro” y premiada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, construyó una narrativa que, según Raphael, se sostuvo en pruebas manipuladas, confesiones obtenidas bajo tortura y un pacto político con el entonces presidente Felipe Calderón.
Este acuerdo le dio acceso privilegiado a cuerpos de seguridad y procuración de justicia, convirtiendo al Estado en una herramienta al servicio de su causa. La gota de sangre en el baño de González Lomelí, el ADN que no correspondía al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, y las inconsistencias en el expediente son solo la punta de un iceberg de irregularidades que apuntan a una verdad inquietante: no hubo secuestro, no hubo asesinato, y Hugo Alberto podría haber huido para evadir una deuda con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los capos más temidos del Cártel de los Beltrán Leyva.
Mientras los conservadores de corta memoria alzan la voz para acusar al actual gobierno de vínculos con el crimen organizado, olvidan que fue bajo el mandato de Felipe Calderón —el paladín de su nostalgia— cuando México se sumió en una guerra contra el narco que dejó más de 120,000 muertos y un sistema de justicia permeable a las peores corruptelas.
¿Quién protegía a Genaro García Luna, el superpolicía que resultó ser el jefe de la mafia de la droga en México? Calderón, el mismo que hoy es defendido como un símbolo de orden por los mismos que critican al “narco-gobierno”, dicen que de ayer e incluso de hoy.
García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, fue el arquitecto de una estrategia de seguridad que no solo fracasó, sino que consolidó un entramado de complicidad entre el Estado y el crimen organizado. Y en el caso Wallace, su influencia permitió que una narrativa fabricada mantuviera a inocentes en prisión durante casi dos décadas.
La amnesia selectiva de los conservadores es tan conveniente como indignante. Mientras señalan con dedo flamígero al actual régimen, olvidan que el caso Wallace no es un hecho aislado, sino un retrato del sistema de justicia que heredaron: un modelo donde fabricar culpables era moneda corriente, donde el poder político decidía quién era héroe y quién villano, y donde los medios, cómplices por omisión o conveniencia, amplificaban las mentiras.
La muerte de Isabel Miranda de Wallace, reportada en marzo de 2025 bajo circunstancias opacas —sin registros hospitalarios claros, con un funeral cerrado y una cremación apresurada—, solo alimenta las dudas de Raphael: si fue capaz de fabricar un secuestro, ¿por qué no su propia muerte?
La liberación de González Lomelí y los amparos en curso de otros condenados en el caso Wallace son una oportunidad para que México enfrente su pasado. Pero también son un desafío para los críticos de hoy, que prefieren mirar al presente con lupa mientras ignoran el espejo retrovisor.
Condenar al actual gobierno sin reconocer los pecados del calderonismo es no solo deshonesto, sino miope. Como advierte Raphael, las cárceles mexicanas están llenas de inocentes, y el caso Wallace es la prueba de que fabricar culpables fue parte del modelo.
Mientras el país transita hacia una reforma judicial que promete renovar la Suprema Corte, la pregunta no es solo si habrá justicia para las víctimas de ayer, sino si los conservadores tendrán la valentía de recordar quiénes fueron los verdaderos arquitectos del narco-gobierno que hoy tanto critican. La memoria, como la justicia, no debería ser selectiva.
Las tres de ley… 1- Oscar Flores Jiménez, secretario de finanzas del Estado de México, pero tlaxcalteca de nacimiento, ha vuelto a estar en el escenario público y todo porque el pasado fin de semana la plana mayor de la entidad tlaxcalteca coincidió -o eso parece- con la secretara de turismo federal y uno de los miembros de la cúpula empresarial que dirige el “Plan México” para salir en una imagen que se “filtró” en los medios y redes sociales, lo que provocó una serie de especulaciones. Amarres, para decirlo rápido.
2- El asunto es que Oscar Flores Jiménez no necesita salir en esas gráficas para mostrar músculo. Quienes conocen de estadísticas -o saben hacer sumas- reconocen que los poco más de 26 mil millones de pesos que administra la entidad no se comparan con los más de 500 mil millones de pesos que actualmente tiene en sus arcas el Edomex., por lo que una competencia a billetazos no tendría sentido. En todo caso los “patrocinadores externos” pueden poner más o menos, dependiendo del abanderado (a).
3- A quienes comenzaron a ponerse nerviosos, o les picaron las costillas a sus gallos, yo les diría que se vayan con calma, ya ven que algunos como Carlos Augusto Pérez intentaron aguantar el ritmo de una pre pre pre pre campaña y de no ser por el Fomtlax no tendría oxigeno para acabar el año. En un momento como este es mejor trotar y aguantar el ritmo, mientras la carrera va iniciando. De otro modo muchos de los que comiencen arrebatados es probable que, antes de llegar a la meta se vayan quedando sin gas. Es cuestión de estrategia.
