Injustificables, así de tajante fue la respuesta de José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cuando le pregunté sobre los más de 500 millones de pesos que los miembros del poder legislativo le dieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que encabeza Ernestina Carro Roldán.
Al coincidir en el estudio para desarrollar su comentario que tiene todos los miércoles en el noticiario EN LÍNEA, Aquiahuatl Sánchez destacó que este aumento es significativo pero también cuestionó si los resultados obtenidos hasta el momento justifican dicho incremento. La respuesta es con base en un análisis que cada uno de nosotros tendrá que hacer.
Para quienes no lo sepan el ex titular de la PGJE es especialista en ciencias policiales por eso es una voz autorizada para abordar el tema del jugoso incremento que se reflejará en los sueldos de los burócratas, pero no en los resultados. Anticipadamente lo digo porque junto con los despidos que hoy se hacen en la FJGE se van peritos y otros probables testigos que difícilmente se presentarán a ratificar denuncias, lo que propiciará el cumplimiento del debido proceso.
El ex titular de la procuración de justicia en el periodo de Marco Antonio Mena Rodríguez lo dijo de otro modo, pues señaló que, aunque el aumento presupuestal es relevante, resulta fundamental una planificación adecuada para evaluar tanto las necesidades operativas como las de infraestructura. Al final el argumento es el mismo, no hay planeación entre los dineros y las necesidades de todas las áreas.
Pero ya entrados en materia Aquiahuatl aclaró que desde 2018 no había existido un aumento significativo en la infraestructura de la Fiscalía; las instalaciones actuales siguen siendo las mismas, lo que limita la expansión de áreas clave, como la incorporación de más peritos o policías. Por ese simple hecho la contratación de especialistas y nuevas áreas parece imposible.
En un ejercicio de autocrítica a su gestión al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala el también fundador de la “Universidad U-Nova” recordó que en 2017, con un presupuesto de 260 millones de pesos, se judicializaron 176 carpetas de investigación, en 2018, esta cifra aumentó a 317, y en 2019 se duplicó, alcanzando las 568.
El análisis fue a más advirtiendo que en 2020, el total ascendió a 841 carpetas judicializadas en todo el estado, y en 2021, hasta agosto, se registraron 691. ¿Y ahora cuál es el número que puede presumir la Fiscal Ernestina?. Nadie lo sabe porque la información simplemente es inexistente o al menos no es pública, argumentó.
La Fiscalía debería mostrar cuántas carpetas ha enviado al juzgado para justificar de manera efectiva la necesidad del presupuesto de 505 millones de pesos asignados para el 2025, comentamos fuera de grabación y algo similar se dijo al aire. El problema es que si los dineros se dieran con base en resultados ésta administración trabajaría con saliva.
Eso sí, Aquiahuatl no podía negarme que el crimen organizado es un problema añejo, una ruta que han tenido que transitar todos los gobiernos y administraciones, pero a diferencia del presente Aquiahuatl Sánchez sostiene que en otras mesas de seguridad se ha reconocido el problema y se ha atacado. Personalmente recuerdo que Aarón Pérez Carro también hacía que la virgen le hablaba.
Contundente y significativa fue una de sus últimas declaraciones en el programa de ayer, justo cuando advirtió que, de llevarse a cabo el “Operativo Enjambre”, tal y como se hizo en Estado de México, nuestra entidad correría el riesgo de quedarse sin presientes municipales, sin cabildos y sin burócratas que han cedido su espacio en el cabildo a los miembros del crimen desORGANIZADO.
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