Para entender por qué existe tanto ruido en la prensa en torno a los libros de texto gratuitos, es importante precisar dos cosas.
Primero debemos entender que la “Asociación Nacional de Padres de Familia” no está integrada por padres sino por empresarios y segundo, esta campaña en contra de los libros de texto ha existido desde hace 63 años y no es exclusiva de esta administración, como muchos nos quieren hacer creer.
También valdría precisar que, así como ahora Andrés Manuel López Obrador es el enemigo público número 1, por presuntamente tener tendencia a “generar niños con mentalidad comunista”, hace 63 años Jaime Torres Bodet también fue acusado y señalado de cosas semejantes, solo por impulsar la creación de los libros de texto gratuitos.
El asunto es simple. Los empresarios que vendían los libros de texto -como ahora mismo lo siguen haciendo en escuelas particulares- vieron afectados sus negocios y eso les enfureció.
Por eso son los mismos empresarios los que están gastando millones de pesos para pagar prensa, exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y periodistas como Javier Alatorre que, en cadena nacional, acusó el peligroso virus comunista que viene impreso en los libros de texto. Una conspiración comunista, dijo.
Que en pleno 2023 estemos hablando de este tema suena ridículo, pero es cierto.
Los empresarios que nos vendieron a López Obrador como “un peligro para México”, los que dijeron que el dolar estaría a 30 pesos apenas se sentara en la silla presidencial, los que dijeron que México estaría en ruinas si llegaba la 4T, esos mismos han regresado para pedir que se acabe con la entrega de libros de texto gratuitos. Claro, quieren venderlos.
La lucha de los empresarios no es contra la corriente política o ideológica que los libros puedan contener, tampoco contra los errores ortográficos que, de existir, deben ser exhibidos. La postura de los empresarios es contra la educación pública, no le demos vueltas.
Por eso debemos condenar que los empresarios contraten a personajes como el exministro José Ramón Cosío. Él junto con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), creada en 1917, sostienen una estrategia conjunta ante el Poder Judicial para intentar eliminar la entrega gratuita de estos libros.
Si a eso le sumamos que una de las abogadas que promovió amparos de la UNPF, contra los libros de texto gratuitos, es Mariana Calderón Arámburu, integrante del Consejo de Litigio Estratégico que representa a la Senadora Xóchitl Gálvez en el amparo para ingresar a la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces todo toma sentido.
Al menos otros tres abogados, que también representan a la UNPF, tienen un historial como colaboradores cercanos de José Ramón Cosío cuando cobró como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ): Patricia Rojas Zamudio, Raúl Manuel Mejía Garza y Gabino González Santos.
La lucha no se centra en los contenidos, sino en la manera en la que se ve la educación, una que es individualista y privatizadora. La otra es la que promueve y defiende la educación pública.
Las tres de ley… 1- Tlaxcala no merece el nivel de funcionarios que tiene, tampoco la represión y mucho menos el trato que se le está dando a los manifestantes que se oponen al esquema privatizador que se impuso a los burócratas del Estado.
2- Coincido en la necesidad de buscar alternativas ante una problemática que se arrastró por 23 años.
Los abusos de una cuantas familias y algunos líderes obligaron a tomar una decisión como la anunciada el fin de semana. Tarde o temprano iba a suceder y, la buena o mala suerte, le tocó a Lorena Cuéllar Cisneros. Ni modo.
3- Pero hay formas y esas no se cuidaron. Si la secretaría de gobierno hiciera su trabajo este anuncio se hubiera dado, pero con información previa y no actuando con alevosía, como ha quedado claro que se actuó. Sensibilizar a los involucrados hubiera sido buena medida.
Quizá la molestia no solo sea por la forma en la que se hicieron las cosas, sino también por las dudas que quedan en el aire.
Si ya no había dinero, como han afirmado desde el gobierno, entonces de dónde saldrán los cien millones de pesos que la entidad pagará a la empresa… el esquema es para mejorar los servicios de salud o para pagar las facturas políticas con algún empresario… qué hubo como intercambio para que los sindicatos firmaran las minutas. Las dudas ahí están y cada vez son mayores.
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