El pasado jueves 14 de mayo por la tarde, un operativo de la Policía Municipal de Tetla de la Solidaridad, encabezada por el presidente municipal Giovani Montiel López, terminó en denuncias de detenciones violentas contra estudiantes del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED).
Según testimonios y de acuerdo con un video en poder de quien esto escribe, elementos policiales actuaron con fuerza desproporcionada contra menores de edad que salían del plantel, sin que mediara una conducta delictiva evidente. Los gritos de madres de familia y estudiantes evidenciaban que eran menores y nadie hizo caso
Los hechos ocurrieron fuera del plantel, aproximadamente 10 minutos después de la salida de clases, en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio. Justo en el momento en que el deporte marca un momento histórico en el medallero llega este contraste, cortesía del municipe que alberga esa unidad deportiva.
Los alumnos, al verse rodeados, se refugiaron en una tienda de la zona. De ahí, según las denuncias, fueron sacados por la fuerza pese a la presencia de padres de familia y otros estudiantes que aseguraron que solo platicaban. No se reportó hallazgo de drogas ni objetos ilícitos, pero los jóvenes fueron tratados como delincuentes peligrosos.
La versión oficial apunta a una llamada al 911, pero en Tetla circulan versiones de que se trata de una acción para intimidar a la comunidad estudiantil en medio de una disputa por el control de las instalaciones deportivas.
El BTED es un proyecto educativo nacional impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que combina bachillerato con formación deportiva y técnica. En Tlaxcala, fue traído con el apoyo del ex titular de Administración y Finanzas de la SEP, Oscar Flores Jiménez, y ha crecido hasta superar los 230 alumnos con tres generaciones egresadas.
Sus instalaciones operan precisamente en la Unidad Luis Donaldo Colosio, espacio que ha sido objeto de comodatos y reclamos de propiedad entre el municipio, el Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET) y el proyecto educativo.
El gobierno municipal de Tetla, a cargo de Giovani Montiel López —hijo del secretario particular de la gobernadora Lorena Cuéllar, Gelacio Montiel Fuentes—, sostiene que la unidad le pertenece y ha recibido un comodato reciente. Lo presume y pretende ejercer su “autoridad”
Incluso ha instalado oficinas administrativas y una presidencia auxiliar en el lugar. Sin embargo, el BTED cuenta con un comodato anterior y pese al trato inhumano de Montiel y su nulo apoyo, ha logrado adquirir equipo para mantener operativo el gimnasio, utilizándolo también para fisioterapia.
Lo preocupante es que estudiantes y directivos han denunciado públicamente intentos previos del municipio por disponer de espacios (como sucedió con un circo en el campo de béisbol o planes de comodato a particulares para un gimnasio privado).
No es la primera vez que se cuestiona el actuar de la Policía Municipal de Tetla. Vecinos y sectores educativos han reportado en otras ocasiones actitudes prepotentes.
Mientras el alcalde ha destacado públicamente capacitaciones a sus elementos, bonos y acciones de seguridad, el incidente del 14 de mayo plantea dudas sobre el uso de la fuerza contra menores en un contexto que parece más político que de orden público.
El BTED representa una apuesta por la formación integral de jóvenes tlaxcaltecas, con un proyecto que se estableció en pocas entidades del país: Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Campeche, Sonora.
Su presencia en Tetla no solo educa, sino que genera arraigo deportivo y oportunidades en un municipio donde el deporte ha sido bandera estatal. Convertir esta unidad en un espacio de disputa administrativa, con riesgos para los estudiantes, afecta directamente el proyecto y la percepción de autoridad.
Las autoridades municipales tienen el derecho y la obligación de mantener el orden y reclamar el uso adecuado de bienes públicos. Sin embargo, cuando las acciones recaen con brutalidad sobre menores que no representan una amenaza evidente, y ocurren en medio de un conflicto conocido por el control de instalaciones, surge la obligación de investigar con transparencia.
La presencia de testigos, la ausencia de hallazgos delictivos y el momento del operativo exigen respuestas claras. Es necesario que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y las instancias educativas intervengan para esclarecer los hechos, revisar los protocolos policiales y garantizar que la disputa por la Unidad Colosio no se resuelva a costa de la integridad de los estudiantes.
El deporte y la educación deben ser prioridad, no botín de poder local, sin importar que sea el hijo de un poderoso funcionario.
