Hace tiempo que México vive en el vértigo de la noticia. Unas duran horas, otras días, pero pocas logran cruzar la barrera de la semana. El affaire de Chihuahua, sin embargo, se niega a morir. No porque se discuta el hallazgo de un narcolaboratorio —eso no es el tema—, sino porque ha destapado una herida más honda: la legalidad de la participación de agentes extranjeros en suelo nacional. Y ahí, entre la soberbia oficial estatal, las maromas opositoras y las narrativas que se tuercen según la conveniencia, el debate se pudre antes de empezar.
Los extranjeros
¿Por qué la CIA y no la DEA? La pregunta no es ingenua. Mientras la DEA tiene un mandato antinarcóticos explícito, la Agencia Central de Inteligencia opera en la penumbra de lo no dicho. En México, su presencia no es nueva; quizá nunca se ha ido. Pero el punto no es si han estado o no, sino que ningún estado de la Republica tiene facultades para pactar con instituciones extranjeras. Eso, en un país con soberanía federalista, es más que un gesto: es un desafío al pacto republicano.
Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿realmente combaten el narcotráfico las agencias de Estados Unidos? Porque décadas de programas, recursos y “asesoría” no han logrado frenar a unos criminales que, presumimos, carecen de entrenamiento militar e inteligencia. Algo falla. O acaso la misión nunca fue terminar con el negocio, sino administrarlo. Y mientras tanto, ¿qué hacen por frenar el tráfico de armas hacia el sur? Esas armas que vuelven poderosas a las bandas que hoy dicen combatir. La hipocresía tiene patente de importación.
¿Ha traído estabilidad la CIA donde ha operado? La respuesta corta: no. La larga: miremos Centroamérica, Medio Oriente y tantos otros cementerios de injerencias “bienintencionadas”.
Los mexicanos
En casa, la oposición no se queda atrás. Su afán de golpeteo es tan predecible como torpe. Aprovechan hasta sus propios errores para tiznar al gobierno, pero sin dignidad ni memoria. El PAN, por ejemplo, hoy dice preocuparse por los desaparecidos… pero solo los de este sexenio. Los de Fox y Calderón no existen en su relato. Tampoco los de estados aún gobernados por ellos, donde la inseguridad campea. Eso no es defensa de derechos humanos; es narrativa barata con fines electorales.
Y luego está la maroma legal: el PAN y el PRI aseguran que la gobernadora María Eugenia Campos “hizo lo correcto”. ¿Lo correcto es lo legal? Porque si la ley se violó, no hay corrección que valga. Pero aquí nadie quiere hablar de fondo. La Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿puede hacer juicio político a un gobernador? La respuesta jurídica es ambigua; la política, aún más. Y mientras tanto, el Senado llama a una “reunión” a Maru Campos, pero ¿existen denuncias o investigaciones formales contra otros gobernadores? ¿O es justicia selectiva? Claro que la hay. Y eso también es impunidad.
Las maromas del poder
Porque no hay que engañarse: la impunidad no es exclusiva de ningún régimen. En la 4T también existe, y quizá es más dañina que la corrupción. Al menos la segunda se puede medir; la primera es un pacto tácito de no castigo. Y eso vacía al Estado de sentido.
Este gobierno, sin embargo, ha logrado algo que sus antecesores no: desmontar la narrativa del “narcogobierno”. Las expulsiones a EU y detenciones de líderes criminales de todas las bandas, así como el procesamiento de autoridades morenistas por vínculos con el narco demuestran que no hay complicidad estructural. Pero eso no basta si los espacios de impunidad siguen abiertos.
Y hablemos de la derecha: el conservadurismo mexicano ha sido históricamente pro intervencionista y apátrida. No solo dieron “manga ancha” a la DEA, sino que en el sexenio de Felipe Calderón introdujeron armas en la operación “Rápido y Furioso”. Armas que aún hoy matan mexicanos. Esas vidas que el PAN dice defender, pero que en los hechos nunca les importaron.
El caso Chihuahua: más que una gobernadora
La renuncia del fiscal de Chihuahua es una cortina de humo. No resuelve el caso, solo lo aplaza. Y mientras tanto, se culpa a un muerto (Román Oseguera Cervantes, exdirector de la AEI) a quien ellos mismos homenajearon y hoy colocan como un traidor a la patria. La salida era cantada y denunciada por actores como Javier Corral. Pero más grave aún: ¿quién tiene la facultad de relacionarse con la CIA en México? ¿Solo la Federación? ¿O un gobernador puede hacerlo por su cuenta, comprometiendo la seguridad nacional?
Tiene la oposición que regresar sus pasos en su critica a que la presidenta Sheinbaum no sabia de la operación en campo y armada de la CIA, cuando su gobernadora no sabia tampoco que su subordinado tenia presuntos acuerdos con esta agencia, y eso que la línea de mando es mas corta.
Y detrás de eso, las preguntas incómodas: ¿qué hay detrás de SEGURITECH y la Torre Centinela que construye en Chihuahua? ¿Qué agencias estadounidenses operarán desde ahí? ¿Impactará en la seguridad estatal? Porque donde hay obras, suele haber sobras. Y en un estado fronterizo, el desafío de Maru Campos a las instituciones federales no es un gesto menor: es un acto de soberbia que puede costar caro al país.
El descalabro de Omar García Harfuch
Y aquí llegamos al punto más delicado, el que nadie quiere nombrar pero que muchos perciben: el descalabro de Omar García Harfuch. No un descalabro menor, sino mayúsculo. Porque cuando llegó como secretario de Seguridad federal, Harfuch puso a la inteligencia como eje fundamental para avanzar en la pacificación del país. Lo dijo con énfasis, con pose de estadista, con la legitimidad que le daba haber sobrevivido a un atentado. Prometió inteligencia fina, contrainteligencia, coordinación real.
Pero el affaire de Chihuahua expone todo lo contrario: ¿dónde está la inteligencia federal para saber qué diablos hacen las corporaciones de seguridad en los estados? ¿Dónde la contrainteligencia para detectar si agentes extranjeros operan sin control? ¿O peor aún, si hay funcionarios locales o federales con ligas criminales que ponen en riesgo la seguridad nacional?
Porque no es posible que un secretario de Seguridad con perfil técnico, con presunta experiencia en inteligencia, se entere por las notas periodísticas de que la CIA anda participando en operativos en Chihuahua. O peor: que se entere y no pase nada. Eso no es inteligencia, eso es ingenuidad.
Harfuch prometió un cambio de paradigma. Pero si la inteligencia federal no alcanza ni para monitorear a sus propios pares estatales, entonces estamos ante otro fracaso anunciado. Y ojo: no se trata de un pecado exclusivo de este gobierno. La historia de la seguridad en México es la historia de la ausencia de inteligencia real. Pero lo imperdonable es prometerla, hacer bandera de ella, y luego quedarse callado mientras gobernadores pactan con agencias extranjeras a espaldas de la Federación.
¿Qué sigue? ¿Seguiremos tolerando que la seguridad nacional se decida en juntas secretas entre Washington y algunos gobernadores? ¿O Harfuch demostrará que su apuesta por la inteligencia no fue solo una pose de campaña? Por ahora, el silencio del secretario es un boquete más en el ya de por sí frágil andamiaje de la seguridad mexicana.
Final abierto
México no necesita más narrativas huecas ni soberbias institucionales. Necesita preguntas incómodas: ¿por qué la impunidad sigue siendo más grande que la corrupción? ¿Por qué la oposición usa a los desaparecidos como ariete político sin tener memoria? ¿Por qué la CIA opera en silencio mientras las armas fluyen hacia el sur? ¿Y por qué nuestro secretario de Seguridad, el de la inteligencia prometida, no ha dicho nada sobre esto?
Porque al final, en este país, la noticia dura una semana. El agravio, décadas. Y la inteligencia, cuando no se ejerce, se convierte en el más costoso de los lujos: el de la soberbia que cree que todo está bajo control hasta que la realidad nos explota en la cara.
Al cierre de esta columna se dio a conocer de la acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por delitos vinculados al narcotráfico y trafico de armas, el segundo delito obvio seria de norte a sur, ¿se tomaría también como traición a la patria? veremos de que está hecho su partido y el gobierno federal.
Posdata
Permítanme cerrar en lo sucesivo este espacio con la cita:
“A los políticos y criminales, devuélvanos el México que nos arrebataron” – Jesús Esquivel
