En las tierras fértiles de Tlaxcala, donde el desarrollo rural debería ser sinónimo de equidad y progreso, una sombra de abuso y favoritismo empaña las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 01 en Huamantla.
Esta semana, los trabajadores de esta dependencia federal, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), han elevado su voz en protestas que revelan un patrón de acoso laboral y exceso de autoridad que no puede ignorarse.
Al centro de las acusaciones está Griselda Velasco Rodríguez, una figura que, según los manifestantes, ha convertido su posición en un feudo personal, amparada por la protección de superiores como Carlos Miramontes Pérez, subdelegado administrativo en la representación estatal de SADER 01.
El conflicto no es nuevo. Durante cuatro años, los empleados han soportado un ambiente tóxico marcado por gritos, malos tratos, aislamiento y cargas laborales excesivas que han llevado a algunos a renunciar por desesperación.
Apenas el pasado viernes 22 de agosto, y nuevamente el lunes 26, los trabajadores tomaron las calles frente a las oficinas del CADER en Huamantla, exhibiendo cartulinas con mensajes contundentes: “No más intimidaciones por parte del Lic. Carlos Miramontes”, “Hasta cuándo nos tratarán así” y demandas de justicia contra el acoso sistemático. La culminación fue el cierre simbólico de las instalaciones, un acto de desesperación que subraya la falta de respuesta de las autoridades superiores.
Velasco Rodríguez, una sindicalizada que cobra como titular –gracias, al parecer, a conexiones y no necesariamente a méritos–, ha sido señalada por utilizar su influencia para someter tanto a subordinados como a jefes.
Las denuncias incluyen despidos injustificados, exclusión deliberada y un abuso de poder que trasciende lo profesional, rozando lo personal. Es preocupante que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SADER (SNTSADER) parezca mirar hacia otro lado, respaldando implícitamente conductas que van en contra de los principios sindicales de solidaridad y defensa de los derechos laborales.
En un estado como Tlaxcala, donde el sector agropecuario es pilar económico –con más de 100 mil hectáreas cultivadas y una dependencia vital de programas federales como los del CADER–, estos escándalos no solo afectan a un puñado de empleados, sino que pulverizan la confianza en instituciones diseñadas para apoyar al campo.
Este caso ilustra un mal endémico en la burocracia mexicana: el favoritismo que premia lealtades personales por encima de la competencia y la ética. Miramontes Pérez, como subdelegado, tiene la responsabilidad de mediar y garantizar un ambiente laboral digno, no de perpetuar preferencias que rayan en lo cuestionable.
Los trabajadores exigen una mesa de diálogo, y con razón; pero ¿será suficiente un parche temporal para sanar heridas de años? Tlaxcala, con su historia de luchas campesinas y sindicales –recordemos las movilizaciones por tierras en los años 70–, merece más que promesas huecas.
Es hora de que la SADER investigue a fondo, que el sindicato actúe con firmeza y que se ponga fin a dinámicas donde el poder se ejerce con curvas o conexiones, en lugar de con integridad.
Si algo nos enseña esta protesta en Huamantla, es que el desarrollo rural no se logra con autoritarismo, sino con respeto. Ojalá que las autoridades escuchen antes de que el grito ahogado se convierta en un rugido incontrolable.
