La insultante lista de los 40 privilegios que gozan ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hizo pública el senador Ricardo Monreal, exhibe como el máximo tribunal del país está controlado por intereses ajenos a la administración de la justicia y explica la resistencia a una reforma en la materia.
Entre sus privilegios disponen de 20 mil millones de pesos en fideicomisos, ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, reciben aguinaldos de 586 mil pesos, su prima vacacional alcanza los 95 mil pesos.
Eso no es todo, se les asigna un fondo de 723 mil pesos para comer en restaurantes, apoyo de 22 mil pesos para gasolina, pago de peajes ilimitados, camionetas de lujo que al final de su mandato se pueden quedar, seis teléfonos celulares, viáticos y trato especial en aeropuertos y para realizar trámites, ellos no saben lo que es hacer fila.
No conformes con estos exorbitantes gastos, los privilegios se extienden a familiares directos de los ministros, quienes con el único mérito casarse o ser hijos de un integrante de la SCJN gozan del dinero público sin pudor.
Estos excesos revelan como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en un grupo de poder que igual dispone del presupuesto, decide cuanto gastar en cada rubro y establece privilegios que ningún trabajador mexicano tiene.
La anulación de la primera parte del “Plan B” fue el detonante para conocer a detalle la opulencia a costas del erario público en el que viven las magistradas y magistrados.
Sin meterse a fondo al análisis de la reforma propuesta por AMLO, el máximo tribunal del país echo a bajo el “Plan B” porque “no se cumplió correctamente el proceso parlamentario” durante su aprobación, o eso es lo que afirman.
Con este argumento el pleno de la SCJN violenta la división de poderes, al señalar los errores del legislativo, obvio sin observar que la jornada legislativa transcurrió como ha sucedido en otras legislaturas.
Es cierto, que los senadores cometieron errores, entre ellos dejar pasar mucho tiempo sin analizar el tema y cuando quisieron sacar adelante el “Plan B” ya era tarde.
La votación la obtuvieron muy apretada, incluso echaron mano de senadores como el ex gobernador José Antonio Álvarez Lima, quien convaleciente se presentó en silla de ruedas a emitir su voto.
En contraste, hubo senadores que solo llegaron para tomarse la foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se necesitaba su voto no aparecieron en la sesión.
Pero nadie dice que el show que montó la oposición, previo a la aprobación de la iniciativa, incluyó una pijamada en la tribuna del Senado donde los líderes de la oposición alegremente bailaron, acamparon, se amarraron a la silla de la presidencia y se sacaron selfies.
Por eso fue que en una sede alterna se tuvo que votar y la oposición fue la que no llegó, estaban desvelados y cansados de su fiesta previa, al final no están acostumbrados al trabajo de ser oposición.
Como era de esperarse el PRI-PAN y sus aliados salieron a reprochar que no fueron tomados en cuenta y que la aprobación se dio vía “fast-track”, pero olvidan que ellos son expertos en torcer el proceso legislativo para defender sus intereses.
Al final la bancada de la “oposición” hizo lo que mejor sabe hacer, armó otro espectáculo y contrató a los ministros para fungir como actores principales. Así fue como lograron detener una propuesta que eliminaba privilegios a los integrantes del INE, aunque nunca se detuvieron a conocer a fondo dicha iniciativa. Su argumento fue la forma, jamás el fondo.
Ahora los ministros se dirán ofendidos al ser exhibidos, al igual que en su momento lo hicieron el otrora presidente del INE, Lorenzo Córdova y su amigo consejero Ciro Murayama.
Lo que es un hecho, es que los privilegios de las ministras y ministros de la SCJ han generado el repudio popular generalizado.
Se trata de un asunto totalmente inmoral ante la realidad que vive el país y millones de mexicanos.
Es evidente que van a pelear hasta con las uñas la defensa de estos privilegios, no están dispuestos a sacrificar la vida de lujos y excesos que llevan junto con sus familias por nada. Quizá por eso el plan B no prosperará, ¿quién les aseguraba que los siguientes no serían los propios miembros de la SCJN?
Pues bien, la respuesta de AMLO no se hizo esperar y ayer mismo anunció que en septiembre enviará al menos tres reformas constitucionales, entre ella la del Poder Judicial.
Sin embargo, insistió en que es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; se requiere en la elección de 2024, alcanzar los 334 legisladores para hacer los cambios constitucionales y con ello acabar con los excesos de esos grupos.
Esa es la apuesta del presidente, que todos los escándalos, los excesos y opulencia de los magistrados, la podredumbre que existe al interior del Poder Judicial se refleje en el voto masivo en las urnas a favor Morena.
El “Plan C” se reveló, primero obtener la mayoría y después ir por las reformas constitucionales.
Si los integrantes de la SCJN siguen empecinados en rechazar todas las propuestas de reforma que salen de Palacio Nacional, créame que la estrategia de AMLO puede funcionar a la perfección.
El repudio al poder faccioso en que se ha convertido el Poder Judicial crece y crecerá cada día más, el único “pero” es que en esta elección los Germán Martínez o las Lilly Téllez no vuelvan a infiltrarse, ellos son el enemigo principal.
Las tres de ley… 1- La crítica a los privilegios de la élite del Poder Judicial vino de todos sectores, la Vicepresidenta del Senado, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera se sumó al rechazo con un documento que replica la indignación que existe en todos el pueblo mexicano.
El texto destaca la urgencia de que la SCJN deje de ser una corte con tintes privados y privilegios desbordados.
2.- Urge desterrar este tipo de prácticas al interior de los Poderes del Estado, que no son más que privilegios disfrazados de prestaciones que se otorgan en total discreción y en detrimento del erario.
3.- La senadora tlaxcalteca establece que el cambio Profundo en el Poder Judicial reivindica el concepto de que las leyes deben estar orientadas al bien común y no al beneficio de unos cuantos.
Con su actuar las ministras y ministros se convierten, por méritos propios, en el blanco de las críticas de todos los tlaxcaltecas con voz en un cargo público.
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