Un nuevo caso de violencia, amenazas y acoso exhibe lo que ocurre dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el único órgano de justicia que no fue tocado por la Reforma Judicial.
Violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia son parte de la realidad que se ha instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el único reducto que quedó fuera de la Reforma Judicial al tratarse de un órgano de justicia que depende del Ejecutivo federal, el cual es controlado por magistrados ligados al calderonismo.
Una nueva denuncia que fue proporcionada a SinEmbargo da cuenta de cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, que encabeza Guillermo Valls Esponda, ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.
Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República (SAT) de Felipe Calderón Hinojosa y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Enrique Peña Nieto. Como él, hay otros magistrados que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones, y la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, propuesta por Calderón en 2012.
Se trata de una denuncia por violencia laboral que presentó el pasado 15 de junio la Secretaria de Acuerdos Karla Yolanda Cuevas Morales en la que exhibió a la Magistrada Yolanda García Medina, también ligada a Felipe Calderón, de haberla sometido a violencia laboral, amenazas y difamación que en un inicio se materializaron con el levantamiento de actas administrativas, pero que escalaron en la exigencia de que firmara un documento para que le fuera reducido su salario, aún cuando esto contraviene las propias reglas del Tribunal.
Yolanda García Medina es Magistrada de la Segunda Sala Regional en Baja California en donde conoció y estableció una amistad con la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien antes de integrar la Sala Superior del TFJA presidió esta Sala Regional.
La Magistrada Yolanda García Medina incluso exigió a la Secretaria de Acuerdos que presentara su renuncia voluntaria o de lo contrario sería acreedora a otra acta administrativa, como consta en uno de los audios de prueba que acompañan a la denuncia por violencia laboral al cual tuvo acceso este medio.
“Lo que yo quiero ahorita es que ya me presentes tu renuncia”, se escucha decir a la Magistrada Yolanda García Medina en esta grabación. Ante la petición, Karla Yolanda Cuevas Morales le pide que la despidan conforme a la Ley, ante lo cual la Magistrada la amenaza: “¿Te levanto un acta?”, para insistir después: “A mí me dieron la instrucción que te levantara un acta”.
Luego de meses de haber mantenido su denuncia a la Magistrada García Medina, esta semana le fue notificado a Karla Yolanda Cuevas Morales, verbalmente, su despido aún cuando subsiste su denuncia. El mismo día que le fue notificado el fin de su relación laboral, el Magistrado Guillermo Valls Esponda le envió un escrito a Karla Yolanda Cuevas Morales para pedirle pruebas de su denuncia, pruebas que constan en los recursos que presentó.
SinEmbargo dio a conocer esta semana otro testimonio sobre cómo dentro de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa los magistrados son señalados de amenazar e insultar a sus pares y empleados sin que haya repercusiones.
El caso del Magistrado Ricardo León Caraveo dio cuenta de cómo la Junta de Gobierno y Administración ignoró su queja por amenazas e insultos de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Ante su inconformidad, el Magistrado Guillermo Valls Esponda se limitó a decirle “Adáptate, el nuevo eres tú”.
En este nuevo caso, está documentado cómo uno de los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que preside Valls, el Magistrado Carlos Humberto Rosas se comunicó con la Secretaria de Acuerdos Karla Yolanda Cuevas Morales para obligarla a firmar un documento con el cual se le reduciría el salario, una práctica que está prevista en el protocolo de este Tribunal como violencia laboral.
“Me está pidiendo la Magistrada (Yolanda García Medina) que hable con usted, porque ella no puede con usted. Yo estoy hablando con usted, usted me dice que lo ve con la Magistrada, le estoy hablando yo porque me lo pidió la Magistrada. ¿Qué hacemos? ¿Va usted a firmar (la renivelación para que se le disminuya su salario) o mando al jurídico para qué procede?”, se escucha al Magistrado Carlos Humberto Rosas en una de las grabaciones presentadas como prueba.
El Magistrado Carlos Humberto Rosas Franco también es señalado en la denuncia que presentó el Magistrado Ricardo León Caraveo, en la cual pidió su recusación al igual que la de Guillermo Valls Esponda y Hortensia García Salgado al acusarlos de “tener interés personal en mi prejuicio, amistad con las personas que mencionaré e involucrados que afectan la imparcialidad en forma análoga y grave”.
En un acta circunstanciada de hechos, firmada el pasado 23 de junio, la maestra Karla Yolanda Cuevas Morales sostiene que la Magistrada Yolanda García Medina “abusando de su poder respaldada, apoyada y en contubernio con el Magistrado visitador Carlos Humberto Rosas Franco” ha tenido actitudes y conductas intimidatorias en su contra.
“Conjuntamente y por separado me han estado presionando para que presente mi renuncia ya que me negué a hacerlo el pasado 09 de junio de 2025, coaccionándome para ello sin importándoles mi estado de salud por ello considero que se actualizan los supuestos de violencia laboral que implica una transgresión a los derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, tales como el derecho a la integridad física y psicológica a la dignidad a la salud, al acceso a una vida libre de violencia, al derecho al trabajo digno, a un medio ambiente sano y de respeto, a condiciones justas de trabajo, a la igualdad ante la ley y a un nivel de vida adecuado, entre otros; dañando mi autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad e impidiendo mi desarrollo y atentando contra la igualdad”.
CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO
